Independencia y finanzas

Durante el debate previo a la votación en Escocia sobre si su futuro debe ser el de un Estado independiente o continuar dentro de Reino Unido, el mundo financiero ha tenido un papel principal. No es de extrañar en la tierra de Adam Smith, de las primeras cajas de ahorros, del primer órgano profesional de auditores y de los antecesores de los fondos de pensiones, entre otros. Un país con gran tradición en seguros e inversión colectiva, donde llegó a haber cinco Bolsas de valores, y del que se dijo que tenía “un papel relevante entre las naciones del mundo por ser el país donde los bancos han disfrutado de mayor libertad”, bancos que, en algunos casos, se remontan a finales del XVII y principios del XVIII.

Junto a la atribución de los ingresos por el petróleo del mar del Norte y la viabilidad del sistema de pensiones, ha habido dos aspectos que han monopolizado el debate financiero: por un lado, la radical discrepancia sobre si Escocia podría o no seguir utilizando la libra esterlina (con los defensores del no negando cualquier posible uso compartido de la moneda, y con los partidarios del sí dándolo por hecho); por otro, más recientemente, la advertencia de importantes entidades financieras con sede en Escocia de que su sede fiscal se trasladaría a Inglaterra.

El papel de las finanzas en la independencia escocesa viene de lejos: de hecho, el acta de unión de los Parlamentos escocés e inglés en 1707, que disolvió el Parlamento escocés dentro del de Westminster, obtuvo el voto favorable de los parlamentarios escoceses en buena medida gracias a que incluía un rescate financiero por parte de Londres a los inversores de la Compañía de Escocia. A finales del siglo XVII, el Parlamento escocés había aprobado crear una compañía para promover el comercio internacional de Escocia dentro de una estrategia general preexistente de inmigración-colonización y apertura de centros comerciales en el exterior. El principal proyecto de la nueva compañía fue establecer una colonia en el istmo de Panamá, la colonia del Darién, con el propósito de favorecer el comercio entre Europa y Asia oriental. Los fondos para financiar esta colosal aventura procedieron de todas las capas de la sociedad escocesa con ahorros: nobles, comerciantes, artesanos, abogados… Tras dos expediciones derrotadas por indígenas y españoles, en 1700, el proyecto del Darién fracasó. Se estima que alrededor de un 25% del dinero en circulación en Escocia se invirtió en financiar este proyecto fallido. El problema añadido de varios años de malas cosechas arruinó a terratenientes y comerciantes, dejando al país casi en la bancarrota y sufriendo una importante mortandad por hambruna en varias regiones.

La promesa de una compensación por parte de la corona a los accionistas de la compañía favoreció un cambio de fuerzas en el Parlamento de Edimburgo (con anterioridad, ferozmente opuesto a la unión con Inglaterra), y la aprobación del acta de Unión en 1707. Ello a pesar de que los escoceses culpaban al boicoteo inglés del desastre del Darién, pues, por ejemplo, Londres prohibió enviar suministros desde sus colonias de Norteamérica al Darién, y se mantuvo neutral entre Escocia y España en la lucha que tuvo lugar en el istmo panameño. Sin embargo, la compensación que pagó Londres a Escocia (a cambio de la asunción por ésta de la deuda inglesa) se dedicó en primer término a pagar a funcionarios escoceses a los que su Administración no podía pagar, y sólo años más tarde pudieron los inversores de la Compañía de Escocia recuperar parte de lo perdido.

Trescientos años más tarde, las finanzas vuelven a estar presentes en el debate de la independencia escocesa. Ha sido un tema recurrente de la campaña elucubrar sobre si Escocia podría o no usar la libra (ante lo que el Gobierno de Whitehall ha mostrado una tajante negativa). Sin embargo, es un hecho cierto que numerosos países utilizan como moneda una que no controlan: sirvan de ejemplo los países latinoamericanos dolarizados. No es, por tanto, especialmente problemático el que se pueda o no usar la libra. La verdadera cuestión es si es económicamente razonable para un Estado pequeño, como sería Escocia, depender de una moneda que no controla, especialmente si la evolución de ésta está condicionada, casi en exclusiva, a las necesidades de la hipertrofiada industria financiera londinense. El desastre que han experimentado los países periféricos del euro ha demostrado que las uniones monetarias necesitan, para poder absorber los denominados impactos asimétricos (circunstancias críticas que afectan solamente a unas regiones del área monetaria), libre movilidad de factores productivos y un presupuesto común relevante, además de un mercado interior potente y unas reglas fiscales compartidas).

Si Escocia se independiza, parece razonable pensar que Inglaterra no levantará restricciones a la libre movilidad de personas entre el norte y el sur del río Tweed; ni que haya limitaciones a la movilidad de bienes, servicios o capital. Sin embargo, lo que resulta del todo improbable es que Inglaterra pueda apoyar presupuestariamente a una Escocia independiente si ésta tuviera una crisis específica. Usar la libra esterlina sin compartir un importante presupuesto con Inglaterra que permita suavizar las crisis futuras, sería un riesgo muy relevante para una Escocia autónoma, como ha sido para Grecia, Irlanda, Portugal, España… usar el euro con unos limitadísimos presupuestos comunitarios.

El otro aspecto puesto de manifiesto abruptamente en la última semana previa a la votación, ha sido la amenaza de la aseguradora Standard Life y de los bancos Royal Bank of Scotland y TSB (ambos controlados por el Gobierno británico tras la nacionalización en 2008 y 2009 de los dos principales bancos escoceses) de transferir su sede a Inglaterra en caso de victoria independentista. Es interesante resaltar que el impacto fiscal directo de esta medida sería limitado, dado que estas entidades pagan impuestos de sociedades en cada nación en función del negocio realizado en la misma. Sin embargo, si se reubicaran sus servicios centrales (lo que, en principio, la dirección de estas entidades ha descartado), el impacto en Escocia sí sería muy relevante. No solamente por la pérdida directa de miles de puestos de trabajo en Edimburgo y Glasgow en este sector que representa un 8% del PIB escocés, sino porque alrededor de un 11% adicional del PIB depende de forma importante del sector financiero, reconocido por el Gobierno escocés como un sector tractor de la economía y potenciado en consecuencia. Además, actualmente el sector de servicios financieros es exportador neto, tanto al resto de Reino Unido como al resto del mundo, siendo una fuente de divisas para el país. El desarrollo socioeconómico escocés tiene aquí, por tanto, otro riesgo importante a corto plazo: decisiones unilaterales de Inglaterra podrían afectar de forma relevante a este sector.

En pocos días conoceremos el resultado de la votación tras un debate en Escocia y el resto de Reino Unido que ha sido muy interesante en el ámbito académico y político, con sólidos documentos de impacto económico elaborados tanto por partidarios como por opositores a la separación. Sin embargo, el debate sobre el papel de las finanzas ha llegado hasta nosotros de forma parcial y sin considerar algunas de sus potentes implicaciones en la viabilidad económica o no de una Escocia independiente.

Mikel Larreina es profesor de Finanzas de Deusto Business School y fue profesor visitante en la Universidad de St. Andrews (Escocia) en 2008.

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