Independentismo y financiación

Quienes escribimos este artículo estamos convencidos de que la España de las autonomías es un éxito, por mucho que se estén produciendo litigios entre el Gobierno central y diversas comunidades que acaban, con demasiada frecuencia, ante el Tribunal Constitucional. No creemos que la independencia reclamada por una parte de la ciudadanía de Cataluña derive solamente de la cuestión de la financiación autonómica pero sí afirmamos que hay que solucionar los temas de desencuentro, entre los cuales el de la financiación autonómica no es menor.

Es en este contexto que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP) han impulsado un ejercicio de reconciliación sobre la financiación autonómica entre las comunidades y el Estado central mediante seminarios, tratando de limar los puntos de desacuerdo y enfrentamiento detectados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reformar el actual modelo de financiación autonómica.

No somos rupturistas con la realidad constitucional española pero estamos entre los catalanes que querrían que la Administración del Estado tomara conciencia de que es preciso buscar soluciones para evitar que tantos ciudadanos se sientan incómodos en España tal como muestran los resultados electorales del 26-J.

El principal argumento de los independentistas ha sido que las regiones mediterráneas EURAM (Cataluña, Valencia y Baleares) sufren un “expolio fiscal” o, al menos, soportan una solidaridad excesiva respecto a otras regiones tanto si los cálculos se efectúan basándose en el método del flujo monetario como si se efectúan basándose en el método carga-beneficio.

Aceptamos el régimen especial que se aplica a Canarias, como región “Ultraperiférica” que debe ser objeto de una atención particular. Estamos preocupados, en cambio, por los beneficios que le reporta a Madrid la capitalidad del Estado y los regímenes especiales aplicados a Euskadi y a Navarra, principal distorsión del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. Sin discutir la legitimación constitucional de los regímenes forales hay que proceder a una reconsideración del montante del cupo vasco y de la aportación navarra, pues se produce una diferencia de recursos que algunos autores cifran en cantidades que oscilan entre el 30% y el 100% de los recursos a los que tienen acceso las comunidades de régimen general.

La otra crítica que plantean las comunidades EURAM, y que suscribimos, es la arbitrariedad que suponen las violaciones del principio de ordinalidad. Nadie discute que regiones relativamente ricas deban aportar a las regiones relativamente pobres para conseguir que los servicios básicos queden debidamente atendidos, pero el sistema actual resulta excesivamente complejo y se introducen cambios arbitrarios en la posición relativa de las comunidades en términos de recursos por habitante ajustado.

Podemos añadir, a esto, otras disfunciones importantes:

—Los retrasos en las entregas a cuenta por la previsión de ingresos futuros en concepto de IRPF,IVA e IEEE por parte del “Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales” y del “Fondo de Suficiencia Global” en el actual sistema de financiación de las comunidades de régimen común.

—La discutible distribución del déficit tolerado por Bruselas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

—La existencia del Fondo de Liquidez Autonómica, que financia con créditos gastos e inversiones que deberían ser cubiertos sin recurrir al endeudamiento.

Todo ello crea tensiones que en el caso de Cataluña dan lugar a una reivindicación política de alcanzar un “Estado propio integrado en la UE” que, aunque no se sabe muy bien qué costes y beneficios estáticos y dinámicos comportaría, ha generado una idealización de que “solos mejor que en España”.

Es necesario diseñar un sistema transparente en el que los ciudadanos de regiones “donantes” y “receptoras” se sientan cómodos y no puedan invocar agravios no explicables por razones objetivables. Es urgente que el nuevo Gobierno busque soluciones que no se basen en argumentos técnicos y que comprendan elementos políticos que consigan apaciguar las desavenencias que lo puramente técnico, siendo esencial, no puede solventar. Las reuniones impulsadas por Fedea y FIOP muestran que es posible lograr un acuerdo aceptable por todos, incluso por los catalanes.

Anna Balletbó es presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme y Francesc Granell es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona.

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