Indiferencia cómplice tras el terror

«Depreciar a las víctimas sería sobre todo olvidar, disculpar o disponerse a aceptar en cierto grado la causa política a la que fueron sacrificados. Pues hay una suerte de legitimación a posteriori de los crímenes de ETA. Si ahora se otorgara por fin algún fundamento a la reivindicación nacionalista sobre Navarra, esta meta política injustificable habría adquirido por ello la apariencia de justificada. Y se estaría declarando que los caídos en el camino han sido un coste necesario para alcanzarla». Las palabras de Aurelio Arteta en 2007 en su artículo O Navarra, o nada tienen plena vigencia. Los recientes acontecimientos en la Comunidad Foral y el País Vasco confirman, en efecto, el desprecio a las víctimas al aceptarse en cierto grado la causa política nacionalista a la que fueron sacrificados. Por ello, conviene recordar de nuevo a Arteta ante la indignación que suscita la formación de un Gobierno socialista en Navarra gracias a Bildu, descrito por el Tribunal Supremo como «testaferro de ETA», o los continuos homenajes a terroristas. El catedrático navarro analizaba en Mal consentido (Alianza) «la complicidad del espectador indiferente», aquél que muestra indignación al tiempo que evita la acción. Muchos son los «espectadores indiferentes» que se conforman con el cese de los asesinatos mientras contribuyen a su legitimación implícita y explícita. Lo revela la impunidad política y en ocasiones judicial con la que se ha indultado al terrorismo nacionalista.

La indignación brota por espasmos y desaparece mientras se toleran sus causas y se elude la rendición de cuentas de los responsables de que el terrorismo siga obteniendo réditos políticos. Los constantes homenajes a terroristas lo confirman. El delegado del Gobierno en el País Vasco, el socialista Jesús Loza, se niega a cumplir la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, cuyo artículo 61, apartado 4, exige: «Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes». La ley impone a «las Administraciones Públicas» la obligación de prohibir «menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas». Añade: «Asimismo, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas». Por tanto, sólo se requiere voluntad política para hacer cumplir una ley inequívoca al exigir la prohibición de homenajes que ahora el Gobierno denuncia ante la Fiscalía tras tolerarlos.

Con esa misma indiferencia cómplice se acepta la normalización de un partido que, pese a su legalidad, constituye una anomalía democrática. No sólo fue legalizado en 2011 a instancias del Gobierno socialista sin cumplir los criterios fijados por la Ley de Partidos. Lo han demostrado magistrados que discreparon de esa instrumentalización política y académicos como Fernández Casadevante (¿Son válidos todos los proyectos en democracia?, Tirant Lo Blanch). Además, Bildu incurre en las conductas que en 2012 el Tribunal Constitucional estableció pueden conducir a la ilegalización de una formación política. Entre ellas: expresiones que equiparen el terrorismo con la coacción legítima que un Estado de derecho se reserva; actuaciones que cuestionen el deber de la policía de perseguir a los responsables del terrorismo; los comunicados ambiguos sobre la base de una equidistancia entre el Estado y el terror; colocar en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas del terrorismo y el eventual efecto aflictivo asociado al cumplimiento de la pena impuesta precisamente por la responsabilidad en que incurrieron quienes, recurriendo o justificando el terror, con su comportamiento causaron graves daños no solo a las víctimas sino a la esencia misma de una sociedad democrática; el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran, así como la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares. La entrevista a Otegi en TVE es otra muestra más.

Asistimos a una impúdica negación de la realidad con técnicas como las que Stanley Cohen (States of Denial) observó en otros contextos de violencia para minimizar el verdadero alcance del sufrimiento y de las violaciones de los Derechos Humanos. La primera de ellas, la negación literal, niega los hechos. La segunda, la interpretativa, niega el verdadero significado de esos hechos. La tercera, la implicativa, niega las responsabilidades e implicaciones políticas y sociales del terrorismo. La combinación de todas ellas permite la rehabilitación de un partido que no condena el terrorismo de ETA, incumpliendo los requisitos de la Ley de Partidos. Sin embargo, se niega la realidad y sus consecuencias, como hacía al ser entrevistado por EL MUNDO en 2017 el intelectual Daniel Innerarity, candidato de Geroa Bai, partido nacionalista con el que los socialistas gobernarán Navarra. Al preguntarle el periodista «por qué los herederos políticos de ETA aún no han condenado el terrorismo», respondía: «En el plano político, Bildu y todo lo que representa hace ya tiempo que reconoció, por tacticismo o por convicción, que la violencia fue un error». Es falso que Bildu haya condenado o realizado tal reconocimiento sobre una violencia que, al contrario, todavía reivindica como útil. Los testaferros de ETA consideran el terrorismo como «un fructífero ciclo de lucha», reivindicando «lo que fuimos y lo que somos, lo que hicimos y hacemos». Como proclamaba otro líder de la izquierda abertzale, ésta se siente «orgullosa» de «un pasado» del que «no va a abjurar». Lo demuestra en cada homenaje celebrado con la complicidad de autoridades que hipócritamente los repudian, como acaban de hacer el delegado del Gobierno y el lehendakari.

Mediante esas negaciones literales, interpretativas e implicativas se exime a los representantes políticos de ETA de la necesaria rendición de cuentas propia de una democracia. Hoy utilizan para sus fines las instituciones públicas pese a rechazar, con todo lo que implica, un mínimo democrático como la condena del terrorismo que laminó el pluralismo político. Como destacó Orwell (Notes on Nationalism), «los nacionalistas tienen una notable capacidad para ni siquiera escuchar las atrocidades que comete su bando», y para «negar hechos conocidos» que se convierten en «inadmisibles». Hoy no son sólo los nacionalistas en Navarra los que niegan las implicaciones de las atrocidades cometidas por el terrorismo etarra. El socialismo que también fue su víctima es cómplice de la rehabilitación de los criminales. Por ello una víctima como José Mari Múgica abandonó el PSOE.

Una democracia que deseara honrar realmente a sus víctimas defendería su significado político. Impediría que el proyecto político nacionalista de ETA fuera rentabilizado por un partido que justifica cientos de asesinatos. Una de esas víctimas, Salvador Ulayar, hijo de Jesús, asesinado en 1979 en la localidad navarra de Etxarri-Aranatz, sufría en 2017 otra humillación: el ayuntamiento gobernado por Bildu programaba en sus fiestas el denominado tiro al fatxa. Años antes el brazo político de ETA declaró a los asesinos hijos predilectos del pueblo. Escribía en su autobiografía Mikel Azurmendi, tras arrepentirse de militar en ETA en sus inicios: «Cuanto más lo medito, yo sí doblaría la rodilla ante aquel a quien yo hubiese hecho mal. Bajar la cerviz, doblar la rodilla, pedir perdón. Cierta humillación como contraprestación de haber humillado a otro». Con indiferencia cómplice se exime a los asesinos de una humillación imprescindible tras décadas de terror nacionalista, humillándose así a sus víctimas.

Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, autor de La derrota del vencedor. La política antiterrorista del final de ETA (Alianza).

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