Los centros de internamiento para personas extranjeras (CIE) son una parte más del mecanismo cínico e indigno que caracteriza las políticas de extranjería de la Unión Europea y de sus estados miembros. Hasta hace poco, los CIE eran totalmente desconocidos para la mayoría de la ciudadanía. Desgraciadamente fue una muerte en el centro de Barcelona, la de Idrissa Diallo la noche de Reyes del 2012, el hecho que definitivamente puso la denuncia y movilizaciones contra los CIE en la agenda pública y mediática.
Además de potenciar el conocimiento por parte de la ciudadanía, la movilización social ha logrado que dos instituciones de gran peso en Catalunya, el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona, se hayan postulado por su cierre. Es cierto que ambas, a priori, parece que no tengan competencias. Pero desde la lucha contra los CIE siempre hemos reclamado que cada administración tiene herramientas a su alcance para actuar, y el ayuntamiento, con las últimas acciones, está demostrando que efectivamente existe un marco de actuación. Pero, antes de entrar a analizar la propuesta del consistorio, que está pidiendo el cierre del CIE por falta de licencia de actividad, se hace necesario hablar sobre qué son los CIE y qué suponen.
Los centros de internamiento son espacios creados con el fin de retener a las personas que están en situación administrativa irregular antes de ser expulsadas. Y existen en España desde la aprobación de la ley de extranjería, en 1985. Pero sobre este concepto básico cabe resaltar dos condiciones muchas veces invisibilizadas.
Por un lado, se trata de la única situación en que en España se priva de libertad a una persona por una falta administrativa, que sería comparable a una multa de tráfico o a tener el DNI caducado. Este es un hecho que tensiona lo que entendemos por Estado de derecho, ya que se aplica la privación de libertad por una cuestión que no es delictiva.
Por otra parte, el internamiento en un CIE no es obligado según la propia ley de extranjería. El marco normativo presenta el internamiento como una «medida cautelar y excepcional», aunque en la práctica, se ha convertido en el más común. La maquinaria de las expulsiones es muy compleja y existen vías más allá de la detención durante 60 días en un centro. También hay que valorar que los CIE no son efectivos en su razón de ser, ya que más de la mitad de las personas que han sido retenidas en los últimos años finalmente no han sido expulsadas. Entre otros motivos porque han podido demostrar arraigo o porque no hay convenio de retorno con el país de origen. Por lo tanto, el ingreso en el CIE, y la consecuente vulneración de derechos, era evitable.
Lamentablemente la falta de información, de voluntad política y también de profesionalidad ha normalizado la privación de libertad para las personas extranjeras por una falta administrativa. Esta institucionalización de la excepcionalidad parece algo inherente a la política de extranjería. Miles de personas en el Estado y también en toda Europa viven en un estado de excepción permanente, en el que se limita el reconocimiento de sus derechos.
Tras estas dos aclaraciones imprescindibles, volvemos a la actualidad que sitúa los CIE en el foco mediático, en esta ocasión acompañados de una batalla institucional. Por una parte, el ayuntamiento que, con la legitimidad de la mayoría de un pleno, da continuidad a una declaración institucional; y por otra, el Ministerio del Interior, con la falta de legitimidad de un Gobierno en funciones, que reabre el CIE de Barcelona obviando no solo el cese interpuesto por el ayuntamiento, sino también un rechazo claro de buena parte de la ciudadanía catalana (y del resto del Estado).
Con esta iniciativa, el ayuntamiento da cumplimiento a su compromiso de gobierno: ejerciendo su obligatoriedad de garantizar los derechos de las personas que viven en la ciudad; y desarrollando una declaración institucional del pasado noviembre en que dos tercios del pleno se comprometían a hacer lo que estuviera en sus manos para cerrar el CIE. No estamos acostumbrados a que las palabras no se las lleve el viento, ni a que las declaraciones que se firman y las promesas que se hacen se conviertan en hoja de ruta y marquen la obra de gobierno. Convirtiéndose en una herramienta más para transformar realidades. Y celebramos que así haya sido esta vez.
Esperamos, pues, que se mantenga esta tendencia, que el ayuntamiento siga el camino iniciado, pese a la resolución judicial, que se contagie a consistorios de otros municipios que tienen centros de internamiento. Porque las organizaciones antirracistas y de defensa de los derechos humanos tenemos claro nuestro rumbo y compromiso, y lo cumpliremos: cerraremos el CIE de Barcelona para cerrar todos.
Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya.