Indignación de un economista

En estos días son muchos los españoles que se sienten indignados por lo que ocurre en Cataluña y reconozco que escribo estas líneas desde ese mismo sentimiento. Gestado desde tiempo atrás, se ha situado en primer plano con la lectura del Informe sobre Estabilidad Financiera publicado el pasado día 2 por el Banco de España que, en su primer recuadro, describe quizá con excesiva mesura lo que hoy puede pronosticarse respecto a los efectos que sobre nuestra producción y empleo tendría la crisis política de Cataluña.

Se fundamenta mi indignación en recuerdos de tiempos lejanos a los que se añaden realidades cercanas. Esos recuerdos infantiles y de adolescencia de finales de los años 40 y de los 50, los algo más maduros de mi época de estudiante de economía y los posteriores como economista profesional se centran en los enormes esfuerzos que hemos realizado todos los españoles, catalanes incluidos, para que España pasase desde las hambrunas devastadoras del final de la Guerra Civil a una destacada posición en el concierto europeo, al tiempo que sustituíamos pacíficamente un régimen autoritario por una democracia plena. A esos viejos recuerdos se añaden los esfuerzos actuales para superar la última crisis y sus graves consecuencias.

La alta valoración de todos esos recuerdos por los economistas españoles de mi generación no es desde luego casual. Se debe a que hemos vivido unos hechos que pocos de nuestros colegas de otros países, ni tampoco los más jóvenes de los españoles, han experimentado. Los de mi generación hemos vivido los esfuerzos para pasar como país desde los últimos puestos del escalafón europeo del bienestar hasta posiciones de cabeza en esa relación. Por eso tenemos clara conciencia de lo que ha supuesto esa larga trayectoria junto a los sacrificios para superar el grave tropezón que ha significado la crisis iniciada a mitad de la primera década de este siglo.

Esa crisis ha sido la compleja resultante de tres crisis parciales, coincidentes en el tiempo y retroalimentadas a través del amplio conjunto de interdependencias propias de toda economía desarrollada: una crisis del sistema de producción, una crisis del sistema financiero y una crisis del sector público. Luchar contra tan polifacético fenómeno ha tenido también otro alto coste que todavía no hemos terminado de pagar y cuyo saldo pendiente merece conocerse.

La crisis del sistema productivo se llevó por delante en pocos meses no sólo al sector de la construcción que, de representar casi un 12% del PIB al coste los factores en 2006, pasó a un 5,6% en 2016, sino también a buena parte de nuestra industria, que desde el 18,6% del PIB en 2006 pasó al 16,6% en 2009. Todos esos cambios implicaron, a su vez, un fuerte aumento del desempleo, que se situó por encima de los 5,3 millones de parados; un fuerte descenso del PIB real por habitante -mayor del 10% entre 2006 y 2013, cuando su trayectoria en las últimas décadas había sido la de un crecimiento casi continuo- y una elevada necesidad de financiación exterior, que alcanzaría nada menos que el 9,2% del PIB en 2007.

Superar parcialmente todos estos desastres ha supuesto sacrificios que no debemos poner en riesgo. Y nos queda todavía por aumentar nuestro PIB lo suficiente como para dar empleo a los más de 3,7 millones de trabajadores que se encuentran hoy en paro lo que, incluso descontado el paro puramente friccional, no ocurrirá hasta los próximos 20 años en el mejor de los casos.

La crisis del sistema financiero ha sido también espectacular, pues por poco no se lleva por delante a toda la economía española y al propio sistema de moneda única europea. En ella han estado implicadas cajas de ahorros, cajas rurales y algún que otro banco importante. Superarla ha costado por ahora casi 50.000 millones de euros, un saldo que no podremos recuperar totalmente.

La catástrofe de esta crisis no puede medirse sólo por ese saldo sino además por el coste que representan los miles de empleados bancarios que han perdido sus puestos de trabajo, las muchas entidades que han desaparecido, los no pocos pueblos que se han visto desatendidos en sus servicios financieros por el cierre de oficinas bancarias y los numerosos ciudadanos que han perdido sus ahorros debido a colocaciones desafortunadas o fraudulentas difícilmente reparables. Y todavía queda por finalizar la concentración de entidades, terminar la limpieza de algunos balances y absorber los activos tóxicos aparcados en la Sareb.

La crisis del sector público no ha sido menos espectacular. Desde un superávit de más de 22.000 millones de euros en 2006 (+2,2% del PIB) a un déficit superior a los 118.000 millones en 2009 (-11,1% del PIB). Todo un salto en el vacío de más de 140.000 millones de euros en solo tres años y una cuantía relativa sobre el PIB como nunca se había visto en nuestra historia, al menos desde que disponemos de liquidaciones presupuestarias (1850) y quizá con la sola excepción de los tres años que duró la Guerra Civil. Ese enorme agujero de déficit se originó por un aumento de los gastos en más de 107.000 millones de euros y por un descenso de los ingresos de algo más de 33.000 millones, aunque si atendemos solo a los impuestos su caída fue de unos 47.000 millones, compensada parcialmente con un aumento de las cotizaciones a la Seguridad social de 12.600 millones que, sin duda, agravaron aún más las ya altas cifras del desempleo.

Superar esa situación tan negativa ha llevado también a sacrificios de todos los españoles en cuanto a gastos públicos de bienestar más reducidos y a mayores impuestos satisfechos. Hay que advertir que todavía nos queda mucho por hacer porque a finales de 2016 nuestro déficit público aún suponía un 4,5% del PIB, es decir, más de 50.000 millones de euros.

Ahora, con tan importantes tareas aún pendientes, el Banco de España nos dice que, además, la crisis política en Cataluña puede costarnos desde tres décimas en el crecimiento del PIB -unos 3.400 millones- si se arreglase totalmente con las elecciones de finales de este año o 2,5 puntos porcentuales de PIB -unos 30.000 millones- si se prolongase hasta el año 2019. Esa pérdida, estimada muy benévolamente en mi opinión, se concentraría especialmente en Cataluña, pero también afectaría intensamente al resto de España. Mejor no evaluar una secesión completa de Cataluña, porque creo firmemente que nunca se producirá y porque de lo que no cabe duda es de que resultaría económicamente terrorífica.

¿Comprenden ahora la indignación de este economista ante la locura del separatismo? Nos queda todavía un duro camino por recorrer para resolver la última crisis, aunque nos estemos moviendo en la dirección adecuada. Y ahora, ya casi a la vista de su final, algunos iluminados pretenden echarnos otra pesada carga encima, con desprecio completo a la voluntad mayoritaria de la Nación, a sus reglas constitucionales y a los extraordinarios esfuerzos que hemos hecho a lo largo de casi 80 años de duros sacrificios para lograr, finalmente, un país plenamente democrático, moderno, en paz y a la cabeza de Europa.

Quizá la indignación sea un sentimiento demasiado suave para describir lo que la mayoría de los españoles, incluidos catalanes, sentimos ante tamaño desatino.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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