¿Indignados o privilegiados?

¡Esos sí que son indignados!, exclamó un vecino de barra de bar, contemplando las imágenes de la batalla campal en Atenas. Comparados con ellos, en efecto, nuestros acampados en Sol y otras plazas parecían hippies, okupas o cualquier otra variedad de las muchas tribus urbanas, con sus barbas, perros, flores y guitarras. Pero en el fondo son los mismos, les mueve el mismo ánimo, pasión, objetivo: el de un Estado perfecto, en paz y armonía, donde haya sólo derechos, no deberes. La vieja utopía de la izquierda. La única diferencia es que, en Grecia, la utopía ha llegado a un estado terminal, mientras aquí sólo pierde gas. Pero ya verán cuando alcance los niveles griegos y los hippies tiren de máscara antigás y de cóctel molotov. En el Parque de la Ciudadela tuvimos una muestra. No me atreví, sin embargo, a decírselo a mi vecino de barra, por conocer la inutilidad de intentar convencer a un español de lo equivocado que está.

Voy a hacerlo ahora, en términos generales, uniéndome a los muchos analistas del 15-M y discrepando de la mayoría, que se despachan con frases como «hay que escucharles», «reflejan el hecho incontrovertible de la insatisfacción popular», «significan un caldo de cultivo que los políticos harían bien en tener en cuenta», con alguno rizando el rizo: «Son una performance ciudadana», como si se tratase de un espectáculo gratuito.

Cuando en realidad se trata de:

—Un movimiento ni siquiera original. Estamos ante una copia de las manifestaciones ocurridas en calles y plazas de las ciudades árabes —¡tiene gracia a dónde hemos ido a buscar modelo!— convocadas a través de las redes informáticas.

—Inspirado por un nonagenario que empezó pidiendo a los jóvenes que se «indignaran», para pedirles luego que se «comprometieran», no fueran a sobrepasarse.

—Desplazado, ya que tales movilizaciones tienen sentido en regímenes totalitarios, no en democracias donde existen vías para exponer la voluntad popular. A no ser que el verdadero objetivo sea deslegitimar la democracia, que es como empiezan todos los totalitarismos. Y aunque la democracia española tiene muchas cosas que corregir, la forma de corregirlas no es ponerse por montera las normas, sino con más democracia. ¿Qué significa eso? Pues que todos estamos obligados a cumplir las leyes, incluidas las más humildes. Y si las leyes no sirven, se cambian por los canales establecidos. Pero mientras no se cambien, hay que respetarlas. En resumen: nadie puede arrogarse qué norma hay que cumplir y cuál no, ni sacarse de la manga otra democracia —«real», «popular», «orgánica»—, al haber sólo una: la de cada ciudadano un voto, sin que ninguno valga más que el de los demás. Siendo de particular peligrosidad que sean los gobernantes quienes toleren esas infracciones de la legalidad. Significa que esa democracia está enferma.

—El catálogo de protestas de esos indignados incluye las medidas más diversas, aunque con un denominador común: la denuncia de abusos en nuestro sistema —corrupción, listas electorales cerradas, privilegios de la clase política—, pero no del sistema en sí, es decir, del llamado «Estado del bienestar», que más bien debería llamarse «Estado de beneficencia», pues se resume en el axioma «el Estado tiene la obligación de cuidarnos de la cuna a la sepultura». Es más, la principal denuncia va dirigida a las medidas, que según el movimiento 15-M buscan el desmantelamiento de tal Estado. Con lo que llegamos al quid del asunto. ¿Contra qué se indignan los indignados? Contra lo que consideran la privación de unos derechos adquiridos. Si recordamos la afilada definición de Ortega de las revoluciones —«van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos»—, nos damos cuenta de que el movimiento 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario. Esos jóvenes y mayores no buscan un nuevo estatuto social, un nuevo reparto de la riqueza nacional y del esfuerzo colectivo. Buscan conservar el statu quo anterior, como la aristocracia intentaba mantener en el siglo XVIII sus privilegios frente a la burguesía emergente y la burguesía intentó en el XIX mantener los suyos frente a la clase trabajadora. Ahora, son los trabajadores de los países desarrollados con empleo fijo y derechos sociales garantizados, convertidos en clase media, los que intentan conservar esos privilegios frente al nuevo lumpen proletariat: los parados de su país y los millones de trabajadores de los países en desarrollo, dispuestos a cobrar una fracción de su salario. Sin pararse a preguntar, primero, si han contribuido suficientemente a los beneficios sociales que reciben; y segundo, si en el mundo globalizado en que vivimos tales beneficios son compatibles con la viabilidad de sus empresas.

En los países con sindicatos responsables y opinión pública informada, se han venido haciendo los ajustes necesarios para adaptarse a la nueva situación desde que empezó la crisis. Mientras, en los países donde la responsabilidad escasea y la información no existe esas medidas han ido retrasándose, hasta que la situación económica se ha hecho insostenible. Esos griegos que protestan ante su Parlamento deberían haber protestado por las pensiones de los muertos que seguían cobrándose, por los impuestos que no se pagaban, por los fondos europeos desviados y por las falsas cuentas de sus gobiernos. Pero prefirieron callar, como se prefirió callar en España sobre las falsas jubilaciones, los favores a los amigos, los proyectos faraónicos y otras sinvergonzonerías que se cometieron y siguen cometiéndose a cuenta del «Estado social del bienestar», que por el camino que vamos no va a ser del bienestar, ni social ni siquiera Estado, pues no puede sacarse de él más de lo que se ha contribuido. Claro que, con ministras que dicen «el dinero del Estado no es de nadie», ¿qué tiene de extraño que la gente vea en él una especie de tío inmensamente rico, al que puede estafarse sin rubor? Cuando en realidad se está robando al resto de la ciudadanía. Resulta revelador que en las democracias desarrolladas no existe el «dinero del Estado». Existe el «dinero del contribuyente», es decir, de todos. De todos los que han contribuido, claro, pues el dinero no cuelga de los árboles, ni siquiera en los «paraísos del proletariado». Visiten alguno y lo comprobarán.

Por último, y como corolario de lo dicho, se habrán fijado en que pese a la amplia y rotunda indignación de los indignados el Gobierno apenas aparece en su lista de malditos. Lo que es cuanto menos extraño. ¿Acaso Zapatero y sus distintos gabinetes no tienen nada que ver con la situación en que nos encontramos? Por lo que leemos en las indignadas denuncias, poco o nada. Todos los ataques se dirigen a los políticos en general, a los mercados, a los especuladores, a los bancos, a las fuerzas ocultas que mueven el mundo. Y algo de culpa, digo yo, corresponderá a quienes durante siete años han llevado los asuntos del país, más cuando también han sido los que han hecho los mayores recortes sociales de la democracia. Pero, repito, los indignados no se indignan contra ellos, lo que hace su indignación muy selectiva, muy sorprendente, muy sospechosa. Por lo menos tan sospechosa como su condición de revolucionarios. Pues resulta que el mérito, el esfuerzo, la innovación, la preparación, la eficacia, la excelencia, motores del desarrollo en el mundo actual, no figuran en su lista de reclamaciones. Y es que el mejor disfraz de un reaccionario es el de progresista. Se lleva mucho en España.

José María Carrascal, periodista.

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