Yo no soy contrario a los indultos. Tampoco a las amnistías. Es más, soy un firme defensor de su existencia y de su uso. Son innumerables los casos en que estos instrumentos jurídicos, de innegable carácter político, han sido decisivos para alcanzar la superación de numerosos problemas. Vaya pues por delante mi decidida defensa de su necesidad y vigencia en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro sistema político.
Dicho esto, a nadie se le ocurriría pensar que se puede conceder un indulto o una amnistía –instrumento este que ofrece muchas más complejidades que el indulto y sobre las que no me extenderé aquí, salvo decir que no cabe en nuestra actual Constitución–, sin que se den unas circunstancias concretas. Unos requisitos mínimos. Unas y otros, vienen establecidos en la Constitución, en la propia Ley de Indultos y el Código Penal. Pero más allá de eso, sigue siendo innegable que es el Gobierno de la Nación quien tiene, y debe tener siempre, una vez cumplidos esos requisitos materiales, la última palabra en la concesión de la medida de gracia. Es, finalmente también, un instrumento político y será, por tanto, el Gobierno quien deba dar cuenta de la decisión y asumir las consecuencias. Al fin y al cabo, eso es el liderazgo. En este caso, de una Nación.
A estas alturas, creo haber dejado claro mi parecer en relación con las medidas de gracia en sus términos generales. Queda, por tanto, aclarar lo que respecta a los casos concretos que se proponen en esta ocasión. Vayamos con ello.
En primer lugar, es obligado señalar que los delitos cometidos no se encuentran excluidos del derecho de gracia, por lo que nada obsta su concesión en este punto. El segundo asunto, siguiendo el orden de la propia ley, sería el alcance de la medida. En este caso, solo puede ser parcial según establece el artículo 11 de la ley, habida cuenta del demoledor informe del tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que no encuentra la más mínima razón para otorgar la medida diciendo que «…INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto –total o parcial– a los condenados en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre…». Es importante remarcar en este punto que todas las resoluciones dictadas por el Tribunal sentenciador han sido avaladas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han descartado, ambos, la vulneración de los derechos fundamentales de los condenados en ningún momento del proceso.
Con todo esto en la mano, solo cabe concluir que tan legal es conceder el indulto parcial, como no hacerlo, y que corresponde tan solo al Gobierno tomar la decisión y asumir las consecuencias. Yo defiendo este derecho. Y también el mío a criticar que se haga y explicar por qué.
Difícilmente se podría oponer alguien al indulto si de él dependiese que España alcanzase el paraíso y, como parte indisoluble de ella, Cataluña también. Sería como negarse a que alguien nos tocara con una varita mágica para alcanzar la solución a un gran problema. ¿Pero hay alguien con dos dedos de frente que se pueda creer que tal cosa es posible?
Ningún sueño es ilegítimo en política, pero los sueños no se pueden imponer en democracia. Los sueños son para compartirlos. Hace más de 40 años, un grupo de españoles soñó que era posible vivir en democracia. Soñó también que era posible la reconciliación entre quienes se habían odiado hasta matarse. Y empezaron a trabajar para hacer posible que su sueño fuera compartido por todos los españoles; no solo en los fines, que ya lo eran, sino también en el camino concreto que debíamos seguir para alcanzarlos. Contrariamente a lo que algunos nos cuentan hoy, aquel no fue un camino de rosas, pero a su través se alcanzaron, plena y pacíficamente, los fines que nos marcamos. España pasó, en dos años y medio, de ser una dictadura a una de las democracias más avanzadas del mundo, sin conculcar jamás una sola de las leyes de la dictadura. Curioso es que hoy, ya en plena democracia –compartida y votada su Constitución por todos–, algunos nos digan que tenemos que conculcar esa Constitución para alcanzar un sueño que no compartimos. Claro que es legítimo soñar con una Cataluña independiente, pero no lo es violar la ley para conseguir ese objetivo. Y eso es, exactamente, lo que han hecho todos y cada uno –el derecho penal obliga a individualizar– de los condenados por sedición y malversación de fondos públicos a los que se pretende indultar.
Uno de los pilares de todo aquel proceso que nos llevó a disfrutar de la democracia, la paz y la prosperidad compartida que disfrutamos hoy en España –y que, curiosamente, todos y cada uno de los condenados y sus seguidores se afanan en descalificar– fue una amnistía largamente pedida por la izquierda de este país para eliminar «uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de la izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional (que) es, en unos el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron; en otros el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades», según señalaba el Partido Comunista de España en su manifiesto por la reconciliación nacional de 1956. Aquella ley no exigió arrepentimiento a nadie, pero sí exigía, en términos de futuro, el compromiso con los principios y valores democráticos que íbamos a terminar de establecer de común acuerdo. Es importante recordar que, si bien ya habíamos elegido unas Cortes democráticas que estaban redactando una Constitución, todavía no éramos la democracia plena que sí somos hoy. Solo los terroristas, cuyos delitos estaban también incluidos en la amnistía, incumplieron ese pacto de generosidad. Por eso, entre la democracia y el terror totalitario que pretendió liquidarla no hay reconciliación ni síntesis posible.
Por todo lo expuesto, no pido yo el arrepentimiento sacramental –si me permiten la expresión– respecto de los delitos cometidos, pero sí un compromiso rotundo y personal con el cumplimiento escrupuloso de la ley, en el futuro, a todos y cada uno de los que pudieran beneficiarse del indulto. Contrariamente a esto, insisto, todos y cada uno de los condenados por delinquir se empecinan en repetir, en diferentes formas y con fruición digna de mejor causa, que «lo volverían a hacer». Para ellos, se ha convertido en una suerte de eslogan publicitario. Por eso, un enfoque limpio sobre este secesionismo antidemocrático debe movernos a restaurar y defender la plena vigencia de la Constitución en Cataluña y a rechazar que, en su inaplicación selectiva, pueda encontrarse virtud política alguna vinculada a la prudencia, a la moderación o a la concordia. Lo que me lleva, ineludiblemente, a rechazar la concesión de un indulto a quien no se compromete, personal e indubitadamente, a cumplir con la ley que nos hemos dado todos, con independencia de la legitimidad y el respeto que me merezcan sus íntimas convicciones. Que me lo merecen.
Defender toda la Constitución, en todas partes y para todos, incluida la posibilidad de su reforma a través de los procedimientos acordados, es defender la más justa, la más extensa, la más fecunda y la más vigente expresión de prudencia, moderación, respeto y diálogo entre españoles. Ni la Constitución ni las leyes son obstáculo alguno para la convivencia; muy al contrario, ellas hacen posible la convivencia, la participación política libre de todos, el más extenso y profundo pluralismo y la posibilidad real de acceso al poder político sin más restricción que el respeto a los procedimientos y a las instituciones. La respuesta a cualquier pretensión de alterar ilegítimamente la voluntad de todos, deber ser la defensa firme de la voluntad de todos expresada en la Constitución.
Adolfo Suárez Illana es abogado, hijo del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, diputado por Madrid del Partido Popular y secretario cuarto del Congreso de los Diputados.