"Dadnos a nosotros, vuestros niños, un buen presente. Nosotros, por nuestra parte, os daremos un buen futuro", proclamó un aplaudido Toukir Ahmed, nacido en Bangladés, de 16 años de edad, ante los emocionados representantes de todas las naciones. Era mayo de 2002 y se celebraba en Nueva York una sesión especial a favor de la infancia en la sede de la ONU. Hoy, catorce años más tarde, la emoción y los aplausos han desaparecido y hasta las ilusiones se han agotado: la única certeza que tenemos los humanos es la propia certeza de la incertidumbre.
Vivimos una nueva época que nos demanda con urgencia una revolución ética y un cambio de valores donde las personas tendrían que recuperar el centro del universo, la ciudadanía el protagonismo perdido y los dirigentes —y no otro es su destino ni debería ser su afán— recobrar el poder transformador de la política y la obligada y necesaria función social que corresponde a empresas e instituciones. Esa catarsis/prodigio es el principio de cualquier progreso económico y del desarrollo social, y la razón última para que los seres humanos sigamos avanzando hasta alcanzar la utopía, esa esperanza consecutivamente aplazada de la que habla Caballero Bonald.
Mientras, inexplicablemente, la desigualdad y la pobreza siguen teniendo rostro infantil en todo el mundo. También en España, donde 2,3 millones de niños y niñas viven a nuestro lado en riesgo de pobreza, un 29,6% del total, considerando que el umbral de pobreza 2015 en un hogar de dos adultos y dos niños era de 16.822 euros anuales de ingresos. Nuestro gasto en protección social de familia e infancia solo representa el 1,3 de nuestro PIB, un punto por debajo de la media europea, y el gasto por habitante en protección social, también de familia e infancia, es de 258 euros, la mitad de lo que invierte la media de la Union Europea; el Reino Unido nos triplica e Irlanda, por ejemplo, gasta anualmente 1.128 euros por habitante.
Como consecuencia de la crisis, pero no solo por ella, la brecha entre pobres y ricos se ha convertido en sima, y la desigualdad, aunque parezca increíble, se ha cebado especialmente con los niños y se ha instalado de forma natural entre nosotros. Parece como si los adultos nos conformáramos con este escenario y, haciendo dejación de nuestra propia dignidad, hubiéramos decidido convivir con esa lacra ante la inactividad de los políticos, que saben que los niños no votan, pero han olvidado que la desigualdad es el talón de Aquiles de la economía moderna y aún de la propia sociedad; y que, en palabras del Nobel Angus Deaton, puede corromper la democracia.
Desatendemos la educación, el más poderoso instrumento de transformación social: el que hace posible que los vicios individuales se transformen en bienes colectivos, la debilidad en fuerza, el propósito en acción y las palabras en hechos y no en retórica. Y a pesar de que la educación es uno de los derechos que más y mejor pueden romper el círculo de la pobreza, de la desigualdad y la exclusión social, nuestras tasas de fracaso escolar siguen siendo un escándalo e incrementan la inequidad de un sistema educativo en el que se multiplica por cuatro el riesgo de pobreza para los niños cuyos padres solo han finalizado la enseñanza secundaria.
En el periodo 2009-2014, el gasto anual de las Administraciones públicas en educación no universitaria —preescolar, primaria y secundaria (datos de IGAE 2016)— ha caído en más 5.000 millones de euros. Las Administraciones han gastado casi 2.700 millones menos cada año en protección social de familias e infancia.
En tiempo electoral hay que seguir reclamando a los políticos y a nuestros futuros representantes, como hacen UNICEF y muchas organizaciones que velan por la infancia, un pacto de Estado que blinde los derechos de los niños (de los que el Estado es garante) mas allá de vaivenes electorales. Un pacto que nos acerque definitivamente a Europa y refuerce socialmente el papel que los menores deben jugar en el inmediato futuro. Un pacto como proyecto y responsabilidad común; un pacto que nos legitime como personas y como sociedad y garantice la igualdad de oportunidades, basado en el diálogo sincero; que incluya objetivos, indicadores, controles y dotación presupuestaria, transparente y abierto a la participación de niños y niñas que, a la postre, serán sus protagonistas. Algunos países, los que más se desarrollan y progresan, nuestros referentes, decidieron invertir en infancia y en educación para crear riqueza; en España —mire usted por donde— estamos esperando a ser ricos para hacerlo.
Juan José Almagro es vicepresidente del Comité Español de UNICEF.