Infelices coincidencias de lenguaje

Por Carlos Martínez Gorriarán, profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco (ABC, 24/06/03).

Madrid crece la brecha entre los dos grandes partidos españoles, el proyecto nacionalista de secesión avanza discretamente en el País Vasco. La «insumisión» de Atutxa al Tribunal Supremo es otro paso, más radical, en la dirección elegida por el PNV tras el rapto y asesinato de Miguel Angel Blanco. El nacionalismo gobernante sospechó entonces que ETA podía arrastrarle en su inevitable caída y, muy en su línea, decidió impedir una caída incondicional. Mientras los partidos democráticos prometían a la ciudadanía hacer todo lo legalmente posible para destruir a ETA, el nacionalismo optaba por el cese paulatino de la «lucha armada» mediante un proceso dialogado, permitiendo a los terroristas reciclar las formas sin renunciar a sus fines, uniéndose a la consecución de alguna forma de soberanía parecida a la independencia. Y en eso nos han metido.

Volvamos al verano de 1997. Mientras Ardanza hacía promesas tan solemnes como falsas de no negociar jamás con los verdugos, PNV, EA y ETA se reunían para estudiar un posible programa común. La nueva estrategia requería la radicalización del PNV y el cese de la «lucha armada» (parcial, pues una total tranquilidad menoscabaría la credibilidad terrorista). El pacto se justificaría como una heroica oferta de paz a cambio de, por ejemplo, la aceptación por el Estado del derecho de autodeterminación. Y así vino la tregua terrorista, que sembró mucha confusión y sirvió para reorganizar ETA. Y también para otra cosa: justificar la radicalización del PNV como un efecto de la intransigencia española, particularmente del PP. Hoy en día, el PNV (como EA e IU) sólo es un partido aparentemente democrático. Porque es evidente que un partido que planifica la desobediencia parlamentaria de una orden judicial buscando el enfrentamiento institucional, que intenta deslegitimar el sistema constitucional tachándolo de «neofranquismo» -como han dicho dirigentes nacionalistas y el inevitable Madrazo-, no tiene mucho que ver con un partido democrático.

El pacto con ETA fue suscrito en medio de un gobierno de coalición PNV-PSE. Los socialistas más lúcidos e íntegros, como Nicolás Redondo, Rosa Díez o el asesinado Fernando Buesa, llegaron a la obvia conclusión de que el supuesto efecto moderador que el pacto ejercería entre los nacionalistas era una completa falacia. Lo evidente era que el PNV estaba decidido a excluir y marginar a los mismos que perseguía ETA. Nicolás Redondo adoptó la teoría, compartida por Jaime Mayor Oreja, de que una agresión tan excepcional requería una respuesta excepcional y compartida de los excluidos: el constitucionalismo.

Recordemos también que la victoria por la mínima de la coalición PNV-EA, y la simétrica y mínima derrota de PP y PSE el 13 de mayo de 2001 fue recibida con inmenso alivio por los estrategas favorables a reeditar un acuerdo PSOE-CIU-PNV que llevara otro inquilino socialista a La Moncloa. Si miramos fuera del País Vasco, pero dentro del mismo campo de maniobras, repararemos en que numerosos socialistas y tertulianos suyos han calificado los bochornosos conflictos internos de la FSM como un «intento de golpe de estado» teledirigido desde el PP. Idéntica acusación a la hecha desde el PNV por Iñigo Urkullu, que el sábado calificaba las medidas judiciales como «un golpe de estado judicial y político contra el Parlamento y las instituciones vascas» -golpe teledirigido, cómo no, por el gobierno del PP. La extraña confluencia es todavía más elocuente si recordamos que algunos de los más indignados intérpretes del desvarío socialista han calificado la defección de los diputados Tamayo y Sáez como un ataque a la democracia más grave que los peores atentados terroristas. Lo mismo que dicen los jerifaltes de PNV, EA e IU de la sentencia del Supremo origen del conflicto actual.

¿Qué significan estas infelices coincidencias de lenguaje? Ante todo, que existe una corriente que considera mucho más importante ocupar La Moncloa que derrotar a ETA y devolver la libertad a la ciudadanía vasca, y que esa corriente es instrumentalmente coincidente con la estrategia del PNV. Contra la intransigencia del PP, culpable del deterioro de la situación vasca, se ofrecería un acuerdo histórico con el nacionalismo, que a cambio de soberanía ofrecería la retirada de ETA del escenario. En términos políticos, se trata de aceptar como cosa natural la convergencia de los intereses del nacionalismo vasco con los de cierto socialismo. Lo sucedido en algunas localidades navarras -Lizarbe nunca ha escondido su deseo de aliarse con el nacionalismo en contra de UPN- ofrece una pequeña muestra de esta colaboración «natural».

Ciertamente, el soberanismo tiene el inconveniente de que su puesta en práctica conduce a un choque frontal con el Estado. Y a un choque de verdad, no a los amagos usuales hasta ahora. Y el nacionalismo vasco arriesga todo en un choque semejante. Por ejemplo, puede ser acusado penalmente de colaborar con los herederos de Batasuna, incluida en las listas internacionales de grupos terroristas. Sin embargo, los nacionalistas también piensan que la obtención de la soberanía es cosa de ahora o nunca. Ahora que ETA todavía amenaza, pero mata poco; ahora que Batasuna está condenada, pero todavía se revuelve; ahora que pueden sumar votos radicales sin perder todavía los pragmáticos. El choque es inevitable, y de lo que se trata es de aminorar riesgos eligiendo el mejor terreno de confrontación. Y ese es el papel de la insumisión judicial de Atutxa: medir la posibilidad y costes de una ruptura con el Estado avanzando a la vez en ella.

La apertura de un procedimiento penal contra Atutxa y la Mesa del Parlamento vasco puede servir de pretexto para el adelanto electoral que necesita el Plan Ibarretxe. En otoño, el nacionalismo se presentará como pacífica víctima de la agresiva intransigencia española. Desafiará al Estado a suspender la autonomía, y buscará apoyos entre quienes opinan que el PP es una fuerza neofranquista que juega a dar golpes de Estado diarios. Y la comunidad nacionalista, como ya ha pedido Madrazo con encomiable espíritu de iniciativa, se movilizará para defender la impunidad de sus líderes visionarios y exigir la consecución de más soberanía, esto es, de la ruptura con España. La secesión ya está en marcha.