Inflación y convergencia en precios con la UE

Por José Antonio Martínez Serrano y Rafael Myro, catedráticos de Economía Aplicada de las Universidades de Valencia y Complutense de Madrid, respectivamente (EL PAÍS, 14/03/03):

Uno de los hechos más sobresalientes del ejercicio económico recién finalizado en España es el rebrote de las tensiones inflacionistas. No sólo es preocupante la aceleración de la tasa de inflación, sino que el diferencial con respecto a la Unión Monetaria, lejos de reducirse, se ha ampliado, con consecuencias potencialmente negativas sobre la competitividad de nuestros productos, al no existir ya la posibilidad de contrarrestar el efecto del mayor incremento de los precios españoles con una devaluación de la moneda.

Sin embargo, una mayor tasa de inflación no es un signo inequívoco de pérdida de competitividad, pues depende de cuáles sean sus causas últimas. Al iniciarse la andadura de la Unión Monetaria, muchos economistas apuntaron la posibilidad de que los países más pobres relativamente, como España, registrasen durante un periodo prolongado un diferencial de inflación positivo, sin que ello afectase a la competitividad de sus productos. La razón es que esperaban que la productividad del trabajo en los sectores más volcados al comercio exterior (sobre todo, mercancías) aumentaría más que en el resto de la zona euro. Ello conduciría también a mayores aumentos en los salarios, pero no sólo en los sectores mencionados, sino también en aquellos otros que no comercializan sus productos en el exterior (servicios que por su naturaleza apenas consiguen aumentar la productividad), quienes los trasladarían sobre sus precios, convirtiéndose así en los responsables últimos de la mayor inflación registrada en los países más atrasados. Hasta cierto punto, esto no sería sino el reflejo de la fortaleza de los sectores abiertos a la competencia exterior y de la transmisión de sus beneficios al resto de la economía.

Ésta ha sido siempre una expectativa muy común entre los economistas ante todo proceso de apertura al comercio exterior, a pesar de que con cierta frecuencia la realidad no la ha confirmado. Pero, en todo caso, nada semejante parece haber ocurrido en España desde la adopción del euro en 1999. En primer lugar, si vencemos la tentación de creer que nuestras estadísticas son peores que las de nuestros socios comunitarios, habremos de aceptar que la productividad de la economía española no ha crecido más que la de los países integrantes de la zona euro desde hace bastantes años. En segundo lugar, la mayor inflación española no se debe exclusiva ni principalmente al encarecimiento de aquellos servicios que no son susceptibles de comercialización entre no residentes, sino que está protagonizada por bienes y servicios dirigidos a residentes y no residentes: productos alimenticios, vestido y calzado, ocio y cultura, hoteles, cafés y restaurantes. Estos dos hechos conjuntamente -el escaso avance de la productividad y el incremento de precios de bienes y servicios importantes en nuestros intercambios exteriores- son los que hacen potencialmente dañina la mayor inflación española, aunque para pronunciarnos con rigor sobre su gravedad real debamos profundizar en sus causas.

Pues bien, a este respecto, la mayoría de nuestros economistas se adhiere a dos explicaciones convencionales, una desde la perspectiva de la demanda y otra desde la oferta, que en nuestra opinión no son las más relevantes, y que, por consiguiente, ofrecen una mala guía para las actuaciones de política económica.

El grupo que refrenda lo de “España va bien” mantiene que el diferencial de inflación refleja la mayor prosperidad de la nación frente a la vieja Europa achacosa. En términos más técnicos, esto significa que la demanda de bienes por parte de la población ha superado ampliamente la capacidad de respuesta de la oferta de las empresas (de la que forman parte las importaciones), impulsando los precios al alza. No creemos que pueda prestarse mucha atención a esta explicación en el contexto de debilidad de la actividad productiva característico de los dos últimos años. Como se puso de manifiesto al final del decenio de 1990, España es un país que aún tiene margen para crecer a un ritmo muy superior al actual sin generar tensiones inflacionistas, dada su abundancia de mano de obra y la relativa moderación mostrada por los sindicatos en la negociación salarial durante los últimos años.

En cambio, el grupo de economistas para los que “España es estructuralmente diferente”, un país aún por modernizar, considera que la mayor inflación española es la consecuencia de estructuras productivas ancladas en el pasado, que limitan la competencia efectiva entre las empresas. De una parte, este grupo parece olvidar que una menor competencia en los mercados lleva a mayores precios pero no necesariamente a una mayor tasa de aumento de ellos. De otra parte, si bien es evidente que entre las economías de la zona euro hay muchas diferencias estructurales y de organización de la economía, no parece que entre ellas sobresalga precisamente el grado de competencia que impera en los mercados, y menos aún en aquéllos que aparecen como responsables del diferencial de inflación. ¿Se atreverá alguien a afirmar que en los mercados de vestido y calzado españoles el grado de competencia es sustancialmente menor que en los países de la zona euro? Pues estos productos han contribuido decisivamente a la aceleración del diferencial de inflación durante el último año. ¿Existirá menos competencia en el sector de alimentación en España, en el que actúan las mismas grandes cadenas de distribución que en otros países? ¿No hay suficiente competencia en el mercado hotelero? ¿Hay tal vez escasez de bares y restaurantes para asegurar una competencia efectiva?

La limitada capacidad explicativa de las hipótesis avanzadas nos conduce directamente a buscar la causa de la mayor inflación española en la instauración del euro. No nos referimos, desde luego, al efecto de un redondeo al alza al expresar los precios en la nueva moneda; una práctica cuya trascendencia no será fácil conocer con precisión, pero que difícilmente bastará para explicar el diferencial de inflación. Nos referimos al impacto sobre los precios derivado de la mayor integración y transparencia del mercado europeo que ha tenido lugar como consecuencia de la adopción de la moneda única. Es decir, el euro ha favorecido la consolidación del mercado único europeo, y con ella, la convergencia entre los niveles de precios de los países implicados. Un mercado único ha de llevar antes o después a un precio único para cada producto, o si se quiere, a precios muy cercanos entre los países, sobre todo para aquellos bienes que no se diferencian en calidades ni en las condiciones de demanda (en los que carecen de sentido las estrategias de discriminación de precios).

Los estudios disponibles muestran que, como consecuencia de la creación del mercado único, ya se produjo una notable convergencia en precios durante el decenio de 1990, y es seguro que la introducción del euro ha tendido a acentuarla, al hacer más evidente la existencia de diferencias en el valor de una mercancía en diferentes áreas geográficas de un mismo mercado.

Es coherente con esta hipótesis el hecho de que se hayan encarecido relativamente más aquellos bienes o servicios en los que este país era especialmente barato, como muchos alimentos, bebidas, vestidos o calzados, mientras que se han abaratado otros especialmente caros, como las telecomunicaciones. Precisamente, este hecho permite comprender por qué el diferencial de inflación se ha mantenido en el tiempo y fundamenta la expectativa de que sólo lentamente irá reduciéndose, conforme el margen para la homologación de precios se vaya estrechando. ¿Hay otro modo de lograr un mercado único? Se trata de un proceso bastante natural y previsible cuando una economía avanza en su apertura e integración en un mercado más amplio, y es precisamente lo que nos enseña la teoría económica de la ventaja comparativa y corroboran los estudios empíricos disponibles.

Así pues, con bastante probabilidad, en el futuro inmediato, los precios españoles tenderán a converger con los europeos, en general más altos, lo que implicará el sostenimiento de un diferencial positivo de inflación durante algún tiempo, probablemente no muy largo, que no tiene por qué afectar de forma negativa a la competitividad de nuestros productos. Naturalmente, esto no significa que el Gobierno deba relajar su vigilancia sobre precios y salarios, pues ha de evitar que se generen expectativas de mayor inflación que acaben mermando nuestra capacidad de crecimiento. Pero tampoco debe adoptar medidas antiinflacionistas que tengan este mismo efecto contractivo, por basarse en un diagnóstico erróneo de las causas de la inflación, como por ejemplo una reducción de la demanda de bienes y servicios públicos, objetivo que siempre tienta al gobierno en su afán de compaginar la disminución de impuestos con un déficit público nulo.

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