Informar, opinar, declarar…

Felipe González es ex presidente del Gobierno español (EL PAIS, 08/05/04).

Después de los terribles sucesos del 11 de marzo y de las elecciones del día 14 se ha producido una enorme confusión en el debate político y mediático. No es nuevo, pero en circunstancias tan graves es mucho más significativo que no podamos, no queramos o no sepamos diferenciar las informaciones de las opiniones y, en última instancia, ambas de las declaraciones.

Cuando decimos que una opinión es falsa o verdadera, solemos cometer el error de confundir lo que corresponde a la opinión con lo que se debe atribuir a la información. En principio, las opiniones no son verdaderas o falsas, sino meros puntos de vista que se expresan con libertad en relación con los acontecimientos o al margen de los mismos. Naturalmente, una opinión que se fundamente en una información que no se corresponda con la verdad de los hechos que le sirven de base puede considerarse distorsionada e inducir a confusión a quienes la reciben.

Es perfectamente posible opinar sobre la estrategia que llevó a la guerra de Irak, desde puntos de vista radicalmente diferentes, sin que podamos calificar estas opiniones de verdaderas o falsas. Incluso si podemos afirmar que la información sobre armas de destrucción masiva en Irak era falsa.

Sin embargo, la información sobre hechos concretos sí puede ser calificada de verdadera o falsa. Por ejemplo, la información sobre la autoría material de un atentado terrorista, con las evidencias en la mano, puede considerarse verdadera o falsa.

La opinión es libre, estemos o no de acuerdo con el opinante. La información es verdadera o falsa, sin más. Las hipótesis sobre hechos acaecidos, que penden de una condición suspensiva, sometida a la verificación, o no, de esos hechos, se transforman en información verdadera o falsa según el curso posterior de los acontecimientos constatados. Este carácter suspensivo debería condicionar la información y la opinión que se emite para que no resulte distorsionada y distorsionante para el que la recibe.

También es frecuente confundir la opinión con la declaración. Los responsables políticos somos especialistas en cometer este error. Opinar no compromete con una acción concreta respecto de los hechos en los que se basa. Declarar, sin embargo, comporta un compromiso de acción, con trascendencia para los demás.

En los debates políticos en televisión, ¡qué tiempos aquellos!, lo normal es que el contraste entre los antagonistas se resuelva a los puntos en términos boxísticos. Sólo se produce algo parecido al KO -triunfo claro de uno de los contendientes- cuando se es capaz de llevar al interlocutor a negar la evidencia. Esto, que parece casi imposible, es más frecuente de lo que se imagina, por la natural tendencia a negar al contrario cualquier ventaja, aunque tenga razón. Se pierde todo cuando se discute lo indiscutible, y lo indiscutible se refiere siempre a hechos constatables.

En nuestra condición de seres humanos, tendemos a no ver -aceptar- aquellos acontecimientos que creemos que nos van a perjudicar, por evidentes que sean en su manifestación.

En el ejercicio de interpretación más favorable de lo acaecido al Gobierno como consecuencia de los atentados del 11-M, sólo cabe la interpretación última: negarse a ver lo que los hechos iban mostrando a las pocas horas del terrible suceso. Sin embargo, la perversión de la actitud consistió en acusar a los que estaban informando verazmente -primero sobre indicios razonables y después sobre datos constatados que ampliaban la evidencia- de manipular o engañar.

Naturalmente, visto lo acaecido, se puede interpretar de manera menos favorable la actitud de los responsables del Gobierno, si la negativa a aceptar los indicios, y después las evidencias que se acumulaban, tenía un propósito político, al tiempo que se atribuía esta intención, reitero, a los que cuestionaban la posición oficial.

Mantener abiertas líneas de investigación diferentes ante cualquier delito forma parte del trabajo policial en general, aunque la acción preferente se dirija hacia aquella línea sobre la que se van acumulando indicios que se transforman en evidencias. Esto ya ocurría a las 24 horas de los atentados, como máximo, y así lo expresé, con toda prudencia, en el programa La ventana, de la SER, el propio viernes día 12.

Por eso cabe mentir sobre los hechos, o no decir toda la verdad a la hora de informar, manteniendo las opiniones de las que se parte. Imaginemos que ese punto de partida -de buena fe-, teniendo en cuenta los antecedentes, lleva a afirmar que los atentados han sido obra de ETA. Incluso se puede llegar a descalificar, en los primeros momentos, a quien diga lo contrario, como ocurrió en la primera comparecencia del ministro del Interior tras los atentados. Era, sin duda, arriesgado, pero todos, o casi todos, creímos la información del ministro y la autoría de ETA, que -conviene no olvidar- era tan capaz de hacer una barbaridad semejante como los que la hicieron.

Pero unas horas después empezaron a aparecer indicios que encaminaban la investigación en la dirección que se demostró que era la correcta, en tanto que el Gobierno mantenía la opinión de que era ETA, y que la investigación principal iba en esa dirección, sin descartar otras posibles autorías. Entretanto, insistía, contra toda lógica, contra todo sentido común, que los que estaban informando sobre la verdadera autoría eran unos irresponsables y estaban manipulando a la opinión con aviesas intenciones.

Y este despropósito contra los demás se ha mantenido y se mantiene incluso después de las detenciones de autores y cómplices, cuando se habla en torno a la verdad y la mentira sobre el 11-M. Como al compás de una mala orquesta, responsables políticos, tertulianos y escribidores de corte han desinformado y manipulado en la misma dirección falsa respecto de los hechos, mientras no cesan de alimentar la caldera de la descalificación de los que informaban en la dirección correcta. Y perdura la actitud, ahora para descalificar el comportamiento de los ciudadanos el día 14 de marzo, manteniendo la confusión sobre los acontecimientos de esos trágicos días.

Por muchas vueltas que le doy, tengo dificultad para comprender un comportamiento semejante que, desde el punto de vista político y mediático, se situó en el territorio de una grave irresponsabilidad, respecto de nuestra ciudadanía y respecto de la comunidad internacional. Parecía -es una opinión- que se había tomado la decisión de que los ciudadanos creyeran que era ETA…, al menos hasta el lunes día 15 de marzo. Si esto se hubiera producido y el resultado electoral hubiera sido diferente -cosa que no creo-, sería inimaginable el escenario político en el que nos habríamos situado.

Entre los ciudadanos, cuyo comportamiento frente a los atentados fue ejemplar en todos los sentidos, esta actitud produjo el efecto de un hundimiento estrepitoso de la confianza en el Gobierno. En estos casos, lo que más necesitan los representados es confiar en los representantes que están al timón. Por eso, la creciente percepción de que se estaba faltando a la verdad precipitó el malestar.

Algunos hablan del efecto acumulativo en las prácticas conocidas de negar los hechos, opinando contra la percepción general de los mismos, como había ocurrido con el Prestige, la huelga general, la guerra de Irak y un largo etcétera, y es posible que tengan razón, por lo que argumentaba al principio de esta reflexión.

Si fuera así, se convertiría, o se debería convertir, en un aviso general para navegantes en este mar interior especial del que formamos parte políticos, informadores, opinantes y declarantes, porque al final siempre nos encontraremos con la opinión pública, ejerciendo de ciudadanía, para colocar a cada cual en su sitio.