Informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones

El Comité de expertos sobre el factor sostenibilidad del sistema de pensiones ha finalizado sus trabajos con un Informe final al que he dado mi voto favorable con un voto particular sobre su fecha de aplicación.

La orientación de mi voto se apoya en varias causas. La primera es la defensa de un sistema público de pensiones de reparto, es decir, con fuerte solidaridad entre generaciones. Pero esta declaración no sería motivo suficiente si considerara que el sistema no fuera capaz de proporcionar pensiones que permitan a la población española mantener un bienestar cercano al que disfrutaban cuando está trabajando.

El Informe advierte de forma clara de los retos a los que se debe dar respuesta. La mayor esperanza de vida implica más años de percepción de la pensión. En la actualidad la vida media a partir de los 65 años es de 20 años y parece que en futuro aumentará. Por otra parte, un sistema de reparto significa eso, repartir una parte de la renta creada por quienes trabajan en un determinado momento a la población que ha finalizado su vida laboral activa. Se trata de una transferencia de renta entre generaciones. Mayor crecimiento económico implica más recursos pero una senda de inferior aumento de la renta limita las posibilidades y, también debe ser tenida en cuenta.

Los sistemas de pensiones de reparto pueden incurrir en déficits presupuestarios circunstanciales, pero éstos no pueden ser eternos porque llega un momento en el que no se dispone de recursos para hacer frente a las obligaciones. Por tanto, buscar su equilibrio presupuestario a largo plazo es un objetivo de toda la sociedad, tal y como recogió desde su inicio el Pacto de Toledo. Un sistema de pensiones debe ser viable hoy, pero también en el futuro porque quienes se jubilen en cualquier momento del tiempo deben tener la seguridad de contar con los ingresos precisos para cobrar su pensión.

El sistema de pensiones español se enfrenta a un reto excepcional en su historia, pagar las pensiones a la generación baby boom, es decir, asumir de forma progresiva el pago de un 70% más de pensiones en 2046 (pasar de 9 a 15 millones). Un gran reto que debe ser asumido como una obligación de la sociedad porque estas personas trabajan muy duro ahora para asumir las actuales obligaciones del sistema de pensiones.

Con los ingresos actuales (alrededor del 10,2% del PIB), se producirá un deterioro de la relación en pensión media y salario medio o, lo que es lo mismo, la pensión puede crecer en términos reales pero se alejará del objetivo de mantener un bienestar cercano al que tenía cuando el trabajador estaba en activo (primer párrafo de la p.21 del Informe).

El Informe recoge y advierte de todos estos riesgos, también del último, el más desconocido para la opinión pública pero también el más complicado. Ante estas circunstancias, el Informe enumera las posibles salidas. Asumir la pérdida en la calidad de vida o buscar otras soluciones. La más evidente aumentar los ingresos del sistema público de pensiones (no solo con cuotas sociales sino también con impuestos) para hacer frente a esa circunstancia hasta alcanzar niveles similares a la media de la Zona Euro. Aunque no lo concrete en números, significa pasar del 10,25% del PIB actual en España al 13,5% del PIB. (2010) que ya gasta de media en la Zona Euro porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom.

Elegir una u otra opción es competencia de los poderes públicos contando con la ayuda del Pacto de Toledo. Mi opción individual no ofrece ningún género de dudas: buscar esos ingresos adicionales para no dejar en la estacada a esa generación. Pero no puedo imponer mi opinión a todo el mundo, aunque si se lee atentamente el segundo párrafo de la p.6 del Informe se encuentra una referencia importante en el mismo sentido. Mi trabajo en el Comité llega hasta obtener una redacción en el Informe que deje la puerta abierta a esa posibilidad de la acción de la política. Entre otras cuestiones porque con el Informe en la mano, quien elija deteriorar la relación pensión media y salario medio tendrá que explicar porque no quiere mantener un nivel de gasto como el de la media de los países de la Zona Euro y, para ello buscar los ingresos adicionales necesarios. No me parece una cuestión menor incluir de manera nítida este importante problema y su posible solución.

La aplicación de las dos fórmulas incorporadas como factor de sostenibilidad no condiciona el resultado de la pensión. La que contempla la evolución de la esperanza de vida es un parámetro más añadido a los actuales (número de años para calcular el porcentaje de la base reguladora, periodo utilizado para el cálculo de la base reguladora y edad de acceso a la jubilación) que poco a poco se está incorporando en los países de la Zona Euro. A legislación constante, el aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión inicial porque el pensionista la cobrará durante más tiempo (un concepto similar a la actual jubilación anticipada), pero es preciso recordar que el resultado final también es modulable, en caso de que los poderes públicos quieran modificarlo.

La fórmula de actualización anual de la pensión implica un cambio respecto al uso del IPC para mantener el poder adquisitivo de la cuantía inicial (aunque ahora no siempre se cumpla), pero en sí misma no determina ningún resultado, porque está influida por el número de pensiones a pagar, el nivel de gasto total del sistema y … los ingresos. Esta es una diferencia fundamental respecto a otras fórmulas utilizadas en países europeos, por ejemplo Alemania. Nuevamente, aparecen los ingresos del sistema y ¿quién decide sobre ellos al igual que del resto de los parámetros utilizados para determinar la pensión? los órganos y canales de decisión democrática, quienes son los únicos responsables del diseño y gestión del sistema de pensiones. Ningún gobierno se puede apoyar en esta fórmula para justificar un menor crecimiento de las pensiones.

La fórmula es simétrica en solicitar esfuerzos y permitir el acceso a ventajas a los pensionistas. Si cualquier formación política procura los ingresos suficientes para alcanzar progresivamente el 14% del PIB de gasto (el previsto por la Unión Europea para España en 2050), la fórmula de actualización anual puede generar crecimientos anuales de la pensión superiores al IPC. Afirmar que la fórmula condena a los pensionistas a congelaciones o disminuciones de su prestación, es simplemente faltar a la verdad.

Las dos fórmulas recomendadas que forman el factor de sostenibilidad son un instrumento que mantiene el sistema de pensiones sobre los carriles que ha definido la política, el lugar donde reside la soberanía popular. Un principio de jerarquía básico que el Informe deja claro desde el principio (cuarto párrafo p.2). Eso sí, alertan sobre problemas que pudieron no ser tomados en cuenta de manera suficiente por los diseñadores de la política.

Mi diferencia con el Informe se sitúa en el momento de aplicación. He elegido 2019 porque es el momento en el que se agotaría el Fondo de Reserva de no normalizarse en un tiempo razonable la situación económica de España y porque, en mi opinión, un cambio como éste requiere del tiempo necesario para que la población lo conozca en profundidad y, así evitar incertidumbres innecesarias en un tiempo ya demasiado difícil.

Una cuestión muy importante, los retos y riesgos del sistema de pensiones español están ahí y aunque no se aplique ningún factor de sostenibilidad, si no se dota el sistema de más ingresos, se producirá en el futuro no muy lejano una reducción significativa de la relación entre pensión y salario que, además, al no contar con mecanismos de alerta pueden derivar en repentinos e intensos recortes de la pensión cuando se considere insostenible el déficit. Entonces, la distribución de los esfuerzos por cohortes y generaciones será muy desequilibrada.

La valoración del Informe es personal pero sería conveniente que antes de alcanzarla y airearla por ahí, se procediera a una lectura detallada de su contenido.

Una última cosa, todo mi trabajo desde que colaboré a redactar el Pacto de Toledo en 1993 ha sido y sigue siendo, conseguir un sistema público de pensiones con prestaciones suficientes que se puedan pagar ahora y en el futuro, es decir, que permita a todos los trabajadores españoles vivir dignamente con la pensión que le facilita el sistema público. Nunca me han interesado ni me han seducido las maniobras tácticas de ningún partido político para llegar al gobierno.

Miguel Ángel García Díaz, responsable del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras y Profesor colaborador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

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