A pesar de lo que se dice, en España no existe un problema de ingobernabilidad. Lo que tenemos es un problema de élites políticas que actúan más en función de intereses personales que de los del país en su conjunto. No se trata de que estemos ante una división radical e insuperable, sino que las direcciones de los partidos con representación en el Parlamento, del que ha de salir investido un presidente de Gobierno, son incapaces de alcanzar acuerdos para que lo haya.
Pero las posibilidades que se ofrecen son muchas. Jugando solamente con los cuatro partidos más representados, y excluyendo a priori las que resultan imposibles por la autoadscripción de los partidos: puede gobernar el PP con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de otros actores; el PP con la abstención de Ciudadanos y PSOE; el PP y el PSOE; el PSOE con la abstención del resto de partidos; el PSOE con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos; Unidos Podemos con el apoyo del PSOE y la abstención de Ciudadanos, y aún podríamos encontrar más combinaciones. La primera de las opciones se ha mostrado inviable, pero no es cierto que la única alternativa sean unas terceras elecciones.
El electorado de este país se ha expresado como se ha expresado en dos elecciones consecutivas; y, como no podía ser de otro modo en una democracia ya consolidada como la nuestra, lo ha hecho de modo plural, aunque en ambas consultas en el campo conservador la minoría mayoritaria fue el PP y dentro de las izquierdas una mayoría se inclinó por el PSOE. Esto reduce nuestro abanico de posibilidades de formar Gobierno prácticamente a las diferentes fórmulas que encabecen el PP o el PSOE. Pero las articulaciones que deberían conducir a alguno de esos Gobiernos las tienen que realizar las élites políticas representadas en el Parlamento, y ahí residen tristemente los problemas principales: una cultura política que no valora el pacto, y los intereses personales de los actuales dirigentes de seguir al frente de sus respectivas organizaciones.
El caso es que los Gobiernos se han de formar para dar respuestas a los problemas de los ciudadanos. Y no hay que ser un experto del CIS para señalar los principales: en las series de datos de este organismo vemos que, pertinazmente, desde hace casi diez años, la población española piensa que son el paro (76,4% de respuestas en el barómetro de junio) y la corrupción y el fraude (44,9%. Estos deberían ser los grandes objetivos del futuro Gobierno de España. ¿Están en igual capacidad de abordarlo el PP y el PSOE? Creo que la respuesta respecto al primer problema puede ser debatible, pero en la segunda cuestión es difícil pensar que un Gobierno encabezado por Mariano Rajoy pueda dar pasos significativos, y las pruebas son muchas: no se trata de hechos coyunturales, como su apoyo a Luis Bárcenas antes de que fuera procesado, sino de una actitud de sistemático amparo a la corrupción, del que no son más que botón de muestra Rita Barberá o el reciente enredo corregido a última hora con el exministro José Manuel Soria.
La responsabilidad de los partidos que han mostrado su rechazo rotundo a esta lacra es entonces grande. ¿Por qué no son capaces de articular el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos un acuerdo de gobierno en torno a la regeneración política —y moral— de la Administración y la vida pública? Esa es la demanda ciudadana y desde luego pocos electores entenderán que vuelvan a dejar pasar la oportunidad. No se trata de intentar un Gobierno de coalición, como hicieron PSOE y Ciudadanos tras las elecciones de diciembre, porque con los mismos socios o con otros sigue siendo inviable. Pedro Sánchez parece que está dispuesto a explorar otra vía que algunos juzgan imposible, pero que Antonio Costa ha seguido con éxito en nuestro país vecino: intentar cerrar acuerdos por separado con cada una de las otras dos fuerzas sobre puntos muy concretos y determinados que sean compatibles con su programa, y garantizar así su investidura para poder abordar las soluciones que demanda la ciudadanía. Y Albert Rivera y Pablo Iglesias deberían de ser responsables con sus votantes y generosos a la hora de renunciar a un protagonismo gubernamental, a la vez que favorecer la gobernabilidad.
No es la hora de repartirse cargos, sino la de regenerar una arena política que, de llegar a unas terceras elecciones, puede asomarse a abismos insospechados.
Heriberto Cairo es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.