Injusticia y caos

Chihuahua, diciembre de 2010. Como en todas las capitales del país, en la plaza Hidalgo conviven el poder espiritual y terrenal: la catedral y el Palacio de Gobierno. Aunque no es extraño ver a grupos de manifestantes, hoy es una mujer solitaria quien permanece aquí desde hace días. Tiene 52 años y su rostro muestra los estragos de la fatiga: se llama Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol fue asesinada dos años antes en Ciudad Juárez, ese abismo donde se oculta el misterio del mundo, en palabras de Roberto Bolaño. Pese a las apabullantes pruebas en contra de Sergio Rafael Barraza, los jueces lo liberaron aduciendo un tecnicismo. Convertida en agente policiaco, la señora Escobedo dejó su vida atrás, persiguió al homicida, reunió nuevos indicios y logró que un tribunal al fin lo condenase. Para entonces, Barraza había huido. Desesperada, la señora Escobedo se planta ante la oficina del gobernador. De pronto, tres jóvenes se acercan a ella y la intimidan; uno extrae un arma y le dispara a quemarropa: la señora Escobedo cae muerta. Barraza, en cambio, continúa prófugo pese a que la Procuraduría General de la República (PGR, suerte de fiscalía) ha ofrecido por él una recompensa de cinco millones de pesos.

Tijuana, Baja California, junio de 2011. El operativo ha sido planeado milimétricamente: los miembros de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), con sus uniformes negros y sus rostros con pasamontañas, apenas se distinguen de los héroes de teleseries como SWAT o CSI. Ufanos, custodian rumbo a sus instalaciones ni más ni menos que a Carlos Hank Rohn, excéntrico empresario y político del PRI, célebre por su afición a las pieles o por su zoológico doméstico, quien acaba de ser detenido por acumular un arsenal de armas de fuego: un centenar de metralletas y rifles de asalto es exhibido ante las cámaras. En más de una ocasión, a Hank se le ha relacionado con el narcotráfico y otros crímenes, entre ellos el homicidio de una mujer en 2009. Días después, una juez ordena la liberación del antiguo alcalde de Tijuana por falta de pruebas.

Rancho Las Chinitas, diciembre de 2005. El reportero anuncia, en el noticiario matutino de mayor audiencia, que la AFI realizará la detención de un grupo de secuestradores y que, en cuanto terminen los deportes, el asalto será presentado casi en directo. En efecto, poco después es posible atestiguar cómo los guardianes del orden entran en el rancho, liberan a tres personas -entre ellas un menor- y detienen a los cabecillas de la Banda del Zodiaco: Israel Vallarta Cisneros, con muestras visibles de tortura, y su novia, una francesa de 26 años llamada Florence Cassez. Horas después, desde su celda, la joven logra comunicarse con otro programa de TV y revela que su detención fue un montaje llevado a cabo un día después de su captura en una carretera a 50 kilómetros de la ciudad de México. Genaro García Luna, director de la AFI -y hoy secretario (ministro) de Seguridad Pública-, confirma el engaño, pero se justifica aduciendo que fue hecho a petición expresa de los medios. La condena de Cassez a 60 años de cárcel se convierte en un ácido incidente diplomático entre Francia y México. Pero, como ha revelado Héctor de Mauleón en un artículo en la revista Nexos, tras revisar el expediente resulta imposible saber si Cassez es culpable o inocente debido al cúmulo de irregularidades en el proceso.

Michoacán, mayo de 2009. En un operativo sin precedentes, la AFI detiene a una treintena de funcionarios públicos, entre ellos 10 alcaldes de todos los partidos políticos, por sus vínculos con La Familia Michoacana, uno de los carteles del narcotráfico más peligrosos del país. Michoacán, la tierra natal del presidente, debe convertirse en ejemplo para el resto de la clase política, cuyos vínculos con el crimen organizado todos conocen. Tras un extenuante proceso, todos los imputados son exonerados por falta de pruebas. Mención aparte merece el diputado electo Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, el cual, pese a la acusación de vínculos con el narcotráfico -en esos días se difunde una conversación suya con La Tuta, líder de La Familia-, se atreve a jurar su cargo, aunque lo pierda a causa del escándalo. A la larga, Godoy Toscano evade la justicia y recibe un amparo (especie de habeas corpus) debido a las irregularidades en la orden de aprehensión librada en su contra.

Ciudad de México, diciembre de 2010. El sujeto baja la vista y, con voz entrecortada, confiesa: “Sí lo hice, señora”. En 2005, Jacobo Tagle Dovín y su cómplice César Freyre Morales secuestraron y asesinaron al joven empresario Hugo Wallace. Ante la ineficacia de la policía, la señora Isabel Miranda de Wallace decide dedicar toda su energía a localizar a los responsables de la muerte de su hijo. Con mejor suerte que Marisela Escobedo, tras ubicarlo consigue que la policía lo detenga y que un juez lo envíe a la cárcel. A continuación, la señora Miranda de Wallace crea la asociación Alto al Secuestro.

Todos estos casos -así como decenas que no salen a la luz pública- podrían componer un serial televisivo inverso a Ley y orden, centrado en mostrar cómo en México la mayor parte de los culpables no llega nunca a juicio, los que llegan son exonerados y, en cambio, una porción importante de las condenas recae sobre inocentes que no cuentan con recursos para defenderse, como demostró el documental Presunto culpable (Roberto Hernández y Geoffrey Smith, 2010). No se trata de una coincidencia: la acumulación de pifias, corrupción y falta de profesionalidad constituye la regla en el sistema de justicia mexicano.

Tan urgente como la reforma educativa, la renovación del sistema de justicia constituye el mayor reto que enfrenta México. Durante 70 años, el PRI modeló un país escindido en universos paralelos: en un plano ideal, un avanzado cuerpo de leyes; y en la práctica, un sistema donde el poder y el dinero determinaban el éxito en cualquier proceso. Aunque al PAN siempre lo distinguió su vena legalista, tampoco ha sido capaz de alterar esta inercia, en buena medida por la oposición del PRI. Ni siquiera frente a la “guerra contra el narco”, cuando más se necesita un aparato de justicia eficaz, se han logrado avances sustanciales en la materia fuera de una tímida reforma para impulsar los juicios orales. El resultado: un conflicto con cerca de 40.000 víctimas, pero donde los verdugos apenas pisan las cárceles.

En Colombia, que ha sido invocada mil veces como ejemplo en el combate a la violencia, los jueces enfrentaron a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y políticos -a veces con el costo de sus vidas- hasta tejer un sistema judicial verdaderamente autónomo y eficaz.

No solo para hacer frente a los carteles, sino para dotar de la mínima seguridad jurídica a su población, México está obligado a seguir la misma ruta. Se impone una reforma radical que elimine la burocracia, las duplicidades de funciones y las instituciones anacrónicas, que permita la creación de juzgados de instrucción con la capacidad investigadora -ahora monopolio del ejecutivo-, que permita la profesionalización y armonización de los cuerpos de seguridad federales y locales, que establezca la presunción de inocencia y la reparación del daño, que garantice el carácter público e inmediato de los procesos, que impida que las confesiones se lleven a cabo sin la presencia de una autoridad judicial y, en fin, que considere el derecho a la justicia como un derecho humano, como ha señalado Emilio Álvarez Icaza, antiguo ombudsman de la capital.

Si las distintas fuerzas políticas no toman esta reforma como prioridad, independientemente de quien resulte ganador en las elecciones de 2012, México continuará condenado a la injusticia y al caos.

Jorge Volpi, escritor mexicano.

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