La publicación de los stress test hechos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a 90+1 entidades financieras (una alemana se retiró en el último momento para no aparecer en la lista de suspensos) no ayuda a calmar las agitadas aguas financieras europeas y, además, muestra unos prejuicios contra nuestro país que en nada nos favorecen.
España es con diferencia el país que más entidades ha sometido a este ejercicio de simulación frente a posibles entornos adversos, ni más ni menos que el 95% del sistema mientras que la mayoría de países se ha conformado con poco más del 50%. Aun así la aceleración de los planes de recapitalización que supuso el real decreto 2/2011 de 28 de febrero garantizaba que quienes tenían problemas iban a ser apoyados. El Banco de España logró que las ayudas comprometidas, desembolsadas o no, computasen como capital. De ahí las declaraciones de la ministra en abril anunciando el aprobado general.
Pero lo mismo que los malos profesores, la EBA «necesitaba» suspensos para ser creíble, especialmente tras el fiasco de la quiebra de la banca irlandesa pocos meses después de haber aprobado el examen anterior. Y parte de esos suspensos tenían que provenir de un país tan «sospechoso» como España. Dado que los stress test son un ejercicio de simulación, se torturaron los datos hasta tener un número mínimo de suspensos. El resultado no es justo y, además, no está cumpliendo con el objetivo de calmar a los mercados, pues, entre otras cosas, lo que ahora importa es la evolución de la deuda soberana, algo por lo que se pasa de puntillas en los stress test.
Para España, la principal aberración consiste en no considerar como capital las provisiones genéricas, instrumento anticíclico introducido por el Banco de España para forzar a reservar fondos en tiempos de bonanza. Se trata de dinero retenido que no se puede gastar, es decir, técnicamente son reservas obligatorias, o sea, capital. Tanto es así que los fundamentos de estas provisiones se han incluido en la nueva regulación internacional de capital -Basilea III- más rigurosa que la actual. El argumento de la EBA para excluirlas es que solo se aplica en España… ¿Y? Nuestras entidades tienen más mecanismos para resistir la adversidad, ergo, se merecen mejor nota. Quien no haya usado las genéricas hasta la fecha será porque tiene buena calidad crediticia o ha sido capaz de generar resultados suficientes para absorber su deterioro. Es decir, es solvente y tiene más posibilidades de seguir siéndolo. Pues estas entidades, claramente más sólidas, no siempre quedan por delante de las que han tenido que recurrir a la ayuda pública que, además, es en formato préstamo (FROB I) y técnicamente es dudoso si deberían computar como capital.
Pero hay más contradicciones, tales como que las emisiones de bonos necesariamente convertibles en acciones entran al mismo nivel que las ayudas. A priori parece que quien encuentra capital en el mercado es más solvente que quien tiene que recurrir a la ayuda pública. Y en la parte técnica tampoco es coherente aplicar ratios de morosidad media cuando el perfil de cada entidad es diferente y archiconocido por el supervisor (y por la EBA). Pero sobre todo es ilógico que se pase de puntillas por el gran riesgo sistémico actual, la deuda soberana, probablemente porque sonrojaría mucho más a franceses y alemanes que a españoles. Si hay default de bonos griegos veremos cómo bancos (extranjeros) que han aprobado con nota deberán ser rescatados de manera explícita o implícita. De hecho, si el escenario de PIB o caída de valor de la vivienda para España parecen exagerados, los escenarios de stress de deuda ya han quedado superados. Por ejemplo, contemplan un diferencial del bono griego de 386 puntos, y ahora está por encima de 1.500.
El número de suspensos de entidades españolas es lo de menos, pues, si hubiesen computado, como debían, las provisiones genéricas todas hubiesen aprobado porque para algo se ha forzado la recapitalización de 12 de ellas. Lo que preocupa hasta convertirse en molestia es que entre nuestras cajas y bancos hay entidades que se merecen un sobresaliente y la imagen general es más bien de mero aprobado. Y lo que convierte la preocupación en indignación es que se dan más argumentos a los analistas superficiales, que los hay, para cargar injustamente las tintas contra España y sus entidades. Estas ligerezas cuestan dinero, mucho, a ahorradores de a pie que invierten en acciones o en fondos de inversión y planes de pensiones y no harán ningún bien al coste de la financiación pública que marca las pautas del resto de financiaciones. Simplemente dan carnaza a unos pocos especuladores para que con sus posiciones cortas, sus derivados y CDS (seguros) ganen muchísimo dinero a costa de los demás.
Esta broma ha llegado, además, en temporada de presentación de resultados y con dos entidades en la recta final de su colocación en bolsa. No es justo que se malbarate de esta manera el trabajo de tantas personas y menos por una institución que aspiraba a ser una referencia… Hasta las agencias de rating lo hacen mejor, que ya es decir.
José Antonio Bueno, socio de Europraxis.