Injustos e incongruentes

La decisión del Gobierno de Cataluña de hacer un referéndum ilegal sobre la independencia se apoya, en parte, en el malestar de la población, que cree que sus problemas económicos están provocados por el exceso de transferencias fiscales a la Administración central, que gasta ese dinero en políticas que favorecen a Madrid o que son anticatalanas. Parece que el número de catalanes que estaría dispuesto a apoyar la independencia, por esa razón, ha subido desde el tradicional 25% a porcentajes mucho mayores. El Gobierno catalán tiene prisa por hacer el referéndum. Teme que si la prima de riesgo se reduce, mejora la financiación nacional y el prestigio de España se recupera, su proyecto será rechazado. En ese caso, tendrían que enfrentarse a la realidad de que su economía evoluciona peor que la del resto de España, por su asfixiante política fiscal, que les hace tributar el 56% por el IRPF frente al 51,9% en Madrid, y pagar Impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, mientras los residentes en Madrid están exentos.

El sistema de financiación de las autonomías se presta, por sus incongruencias, a su utilización por los secesionistas catalanes. Las autonomías se financian, en promedio, en un 90% con transferencias de impuestos estatales y el resto, apenas un 10%, con impuestos estatales cedidos, impuestos y tasas propios. En Madrid, la proporción de la recaudación propia sube hasta el 20%. En Cataluña apenas supera el 11%. Este sistema permite a las autonomías inhibirse de los esfuerzos nacionales para recaudar e incentiva la demagogia de los gobiernos autonómicos. Las quejas se suelen dirigir al reparto de los tributos entre la Administración central y las autonomías, y no al problema verdadero, el del reparto entre las Autonomías, que es no sólo incongruente sino injusto.

Sirva, como referencia, la comparación de los ingresos de que disponen las tres mayores autonomías, Andalucía, Madrid y Cataluña, de un peso económico parecido. El grueso de los ingresos que recibe cada autonomía se supone que es el resultado de transferir el 50% de la recaudación por IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales que se recaudan en cada autonomía. Según los presupuestos para 2013, la Junta de Andalucía dispondrá de casi 26.000 millones de euros (descontados los pasivos financieros), la Generalidad, de 24.000 millones —aunque todavía no se han aprobado los presupuestos—, y la Comunidad de Madrid, de 15.800 millones, en números redondos.

Sin embargo, el número de ocupados en Andalucía, en diciembre de 2012, era de 2.580.000, de los que 500.000 (en diciembre de 2011) eran empleados públicos. En Madrid, trabajaban 2.682.000, de los que 427.000 lo hacían en el sector público. En Cataluña, trabajaban 2.811.000, pero sólo 306.000 eran empleados públicos. Unas cifras que responden al hecho de que en Andalucía sólo trabajaban el 38% de los que estaban en edad para hacerlo, mientras en Cataluña lo hacían el 47% y en Madrid el 51%. Si este fuera el único criterio para repartir los tributos estatales entre las autonomías, Cataluña debería ingresar un 9% más que Andalucía, pero recibe un 8% menos y Madrid, que debería recibir un 4% más, tiene un 38% menos para gastar. En valores absolutos, si la referencia es Andalucía, Cataluña recibe 4.500 millones de euros menos y Madrid 8.200 millones menos de lo que les habría correspondido. Lo que sería lógico, pues casi todos los ingresos tributarios, excepto los impuestos sobre el ahorro, dependen del trabajo de los ocupados en el sector privado. Si, además, tenemos en cuenta que el 90% de los ingresos de Andalucía son transferencias de la Administración central frente al 88% de Cataluña y el 80% de Madrid, esa diferencia es, incluso, mayor. Lo que ocurre es que el sistema de financiación autonómica utiliza otros criterios para repartir los ingresos, como la dispersión de la población, los porcentajes de niños escolarizados y de mayores de 65 años en el conjunto de la población. Y, sobre todo, el de la solidaridad entre los españoles, que asegura las mismas prestaciones en educación, sanidad y servicios sociales.

Las consecuencias del principio de solidaridad son todavía mayores si tenemos en cuenta que los parados en Andalucía recibieron, aproximadamente, 9.000 millones de euros en 2012, mientras los de Cataluña llegaban a los 5.800 millones y los de Madrid se quedaban en 3.700 millones. Cantidades que hay que agregar al reparto de ingresos tributarios entre las autonomías al que se ha hecho referencia anteriormente. La suma de ambas «solidaridades» se traduce en que Andalucía podría recibir de la Administración central alrededor de 34.000 millones de euros en 2013 frente a 25.000 millones Cataluña y 18.000 millones Madrid. El volumen de empleo público en Andalucía agrava el desequilibrio a su favor, suaviza la situación de Madrid y empeora la de Cataluña. Los españoles apoyan la solidaridad, pero discrepan con la intermediación de los gobiernos autonómicos; y con razón, porque es muy diferente que la administración corresponda a un gobierno autonómico honrado y transparente a que el dinero se utilice para defraudar más de 1.000 millones en ERE, o a que, como hace el Gobierno catalán, se distribuya entre una interminable lista de fundaciones, consorcios, medios de comunicación afines, representaciones exteriores y empresas próximas.

Nuestro sistema de financiación autonómico no castiga el uso indebido de los fondos transferidos. No importa el gasto de 1.000 millones de euros en ERE fraudulentos. Tampoco importa que la administración de los fondos recibidos para educación se salde con un abandono escolar que se sitúa entre el 30% y el 35% de los que cursan la educación básica. Ese colectivo de personas sin formación explica, en gran parte, el nivel de paro y de poca ocupación en Andalucía.

Las balanzas fiscales autonómicas, según los criterios con que se elaboren, pueden reflejar que Cataluña recibe aportaciones netas del resto de España o que transfiere 4.000 más de lo que recauda a los presupuestos generales del Estado. En cualquier caso, convendría tener en cuenta, además de esos principios teóricos, y de retorcidos sistemas de compensación, las cifras, que ponen de manifiesto que ciertamente Madrid, pero también Cataluña, son más solidarias de lo que debieran con el resto de España, tanto para el interés de sus residentes como para los del conjunto de los españoles.

Alberto Recarte, economista.

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