La inmigración se ha convertido en Europa en «la gran cuestión». Por razones humanitarias sobretodo, pero también económicas y geopolíticas. Como hace unos días comentaba H. Tertsch en estas páginas, «la crisis que ha estallado este verano en Europa, si se mantiene fuera de control, como es el caso ahora mismo, amenaza creíblemente con hacer colapsar los instrumentos de cooperación, los mecanismos de seguridad y hasta el orden público en Europa».
La historia de la Humanidad es la historia de las migraciones. Los griegos, los fenicios, los vikingos, los romanos, estuvieron en continuo movimiento transfronterizo en busca de poder, clima, dinero, seguridad y a veces solo pan. En definitiva, la supervivencia razonable. Como bien dice Seydman, «los que claman ante nuestras puertas es porque tienen hambre». Por ir a datos cercanos, se calcula que entre 1800 y 1940 cruzaron «el Charco» 55 millones de europeos.
El derecho a emigrar, en cuanto que se relaciona con el trabajo como medio de vida, está directamente vinculado con la dignidad humana, y así lo reconocen las grandes Declaraciones internacionales. Pero es importante señalar que el derecho a salir de tu país no se corresponde con un derecho a entrar en otro. El art. 13.2. de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre lo dice con total claridad, vulnera la dignidad humana prohibir la salida de tu país, pero no la negativa de otro a recibirte. De ahí la legitimidad de las políticas nacionales de control de los inmigrantes, sin que las medidas, generalmente restrictivas, que se tomen supongan un atentado a la dignidad humana.
El fenómeno de la inmigración va tomando una importancia muy preocupante, no sólo por las motivaciones a las que luego me referiré, (guerras y catástrofes), sino por el número de afectados. Hasta el punto de hablarse de una «Sociedad Global de Inmigrantes». Según la OCDE, en 2013 existían en los países de la misma 115 millones de inmigrantes, lo que supone casi el 10% de la población autóctona de los mismos. La crisis afectó duramente a los extranjeros pero, a pesar de ello, siguen teniendo trabajo, sobre todo si son personas con pocos estudios, que tienen ocupación en un 54,1% frente al 52,6% de sus homólogos nacidos en el país. En cambio, si tienen estudios universitarios la situación es la contraria; el 84% de los autóctonos, frente a un 77% de los inmigrantes (datos de la OCDE). Y es que en Europa los nacionales «desprecian» los trabajos de poca calidad y los ocupan los foráneos. En un reciente viaje a Escocia me decía el gerente de un hotel que si no fuera por los extranjeros, la industria puntera del país se iría al garete. Es algo que también hemos de tener presente en el balance de la inmigración.
Pero no todos los inmigrantes son de la misma tipología. El tradicional es de los inmigrantes sin recursos que buscan empleo. Son las «migraciones de la pobreza»; son, como dice Mercader, los que tienen una falta de satisfacción con su vida presente (elemento de expulsión) y un vago presentimiento de una mejor vida en otra parte (elemento de atracción). Esta inmigración es la tradicional y la que puede tratarse con mayor racionalidad, pues si otros buscan empleo, antes estarán los nacionales que no lo tienen. Todo el mundo lo entiende. A veces sólo el «desprecio» a ciertos trabajos, como antes he dicho, deja hueco al extranjero. Para este tipo de inmigración, vamos a decir tradicional, el mejor sistema de admisión es el que practican países de gran tradición inmigratoria, como Canadá, Nueva Zelanda o Australia. Es el sistema de «puntos». Por formación, cultura, lengua, oficio, etc. Dicho en corto, entran los que sean necesarios. Impera el pragmatismo. Por el contrario, en los países europeos entran lo que desean entrar y consiguen un contrato de trabajo en cualquier sector. No se valora lo que pueda aportar ni su posibilidades de integración, sino su «derecho» a una vida con empleo. «Papeles para todos». Impera el pietismo. Están luego los «cualificados» y los «pudientes». Categorías ambas que no plantean problemas. Están asimismo los buscadores de mayor bienestar social que el de su país, aunque éste sea de la Unión Europea. Es un fenómeno reciente y que preocupa hondamente a varios países europeos, especialmente al Reino Unido, que buscan formas de limitar la libre circulación de personas en el seno de la UE, tocando con ello la fibra más sensible de la misma. La razón está en el enorme coste que supone la asistencia social y la sanitaria para los ciudadanos del país receptor.
Y finalmente los peticionarios de asilo por razones de mera supervivencia, por causa de la guerra o persecuciones ideológicas, confesionales, etc. Son los «inmigrantes vulnerables», en su condición sociopolítica. Es lo que ahora está golpeando duramente nuestras conciencias y nuestras fronteras. Estos inmigrantes han sido objeto siempre de una preocupación internacional plasmada en Tratados y Convenciones, como la de Ginebra, que consagra en su art. 33 el derecho del asilado-refugiado a no ser devueltos a su país. De ahí el interés de que «no entren». Las guerras o ambientes bélicos en Siria, Irak, Afganistán y distintas regiones del mundo han eclosionado con gran virulencia dando lugar a situaciones de gran tensión humanitaria. Europa está con un enorme problema y pocas soluciones. Y entre tanto existe una conmoción en nuestras conciencias al ver a esos cientos de miles de refugiados que no tienen hogar porque el que tenían ya no pueden tenerlo sin peligro de sus vidas.
Como sigue diciendo Tertsch, «hace falta una respuesta urgente, global, común y eficaz. Sin ello, Europa podría tambalearse y ver cómo se desmoronan sus principales conquistas, basadas en la paz, la seguridad y la ley». Es el momento en que la Unión Europea debe funcionar como tal, con políticas consensuadas con todos sus países integrantes y evitando «egoísmos nacionales». Y al ser un tema puntual, aunque de largo alcance, quizá sea el momento de poner en marcha, por el conjunto de la Unión Europea, por un Acuerdo global firme y coherente, un renovado «Plan Marshall» que haga frente al ingente coste económico y humano de recibir a todos esos inmigrantes que piden asilo. No cabe ninguna duda de que en un plano más duradero y eficaz, la solución hay que buscarla en que los países de salida tengan una mejora de su situación que no impulse a sus ciudadanos a emigrar. Es evidente. Y una vez recibido en el país de acogida, la solución pasa por una real integración en el mismo, con su idioma, su cultura y sus principios constitucionales. ¡La integración es clave! Por poner un ejemplo, Alemania (la más generosa) ha dotado 10.000 millones de euros para hacer frente a la manutención, vivienda, ayudas monetarias, electricidad, enseñanza del alemán y formación profesional, de los 800.000 inmigrantes (fundamentalmente sirios) que esperan en este año 2015.
Y ahí es donde todos los europeos, con descarnada claridad, tenemos que plantearnos si, lo que el corazón nos pide, estamos dispuestos a pagarlo con nuestros impuestos (que es lo que dicta la cabeza). El pietismo y la racionalidad económica deben ir unidos, puesto que lo primero sólo es clara demagogia. Comprensible y respetable, pero demagogia al fin y al cabo.
Algo parecido ocurre con la asistencia sanitaria. Existe ahora el debate de la derogación del R.D. Ley 16/2012 que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes «ilegales». La salud está íntimamente ligada a la persona humana y es muy impopular oponerse a restricciones de la asistencia sanitaria. Pero si la decisión es que todo el que pise España tiene derecho a la asistencia sanitaria (que es lo que nos pide el corazón) tenemos que estar dispuestos a pagarlo de nuestros bolsillos. No nos hagamos trampas en el solitario. Por ello la combinación de lo social-humano y lo económico es la clave del éxito.
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea es numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.