Inmigración, ciudadanía y conflictos

Si analizamos la gestión de política de inmigración de los últimos años y los debates sobre este fenómeno, veremos que casi siempre se basaban en dos premisas falsas: que la inmigración había tocado techo y que, en el futuro, vendrían en menor cuantía y solo aquellos que tuvieran papeles. Se decía que habíamos tocado techo cuando era un 6% de la población, se repetía cuando era un 10%, y se dijo lo mismo al llegar al 14%. Además, la gestión del flujo de entrada no se basaba en la contratación en origen, sino en que llegaran como irregulares y luego, por arraigo o por regularización extraordinaria, darles papeles. No se planificaba el caudal, sino que el flujo se regulaba según el boca a oreja y la demanda laboral. Solo con el ministro Caldera funcionó a un ritmo suficiente la contratación en origen. Ningún grupo político se atrevía a reconocer que la caída de la natalidad, el crecimiento económico y la negativa de parte de la población a acceder a ciertas ocupaciones propiciaría esta llegada masiva.

Así, ni se hizo el debate sobre qué tipo de inmigración contratábamos en origen ni, como sí hicieron en otras partes de Europa, si elegíamos que las comunidades se instalaran en sus propios barrios o si se realizaba una política de acogida planificada que distribuyera la inmigración. Construir barrios gueto habría sido un error. Pero fue un error no planificar su llegada, con lo que, bien los cascos antiguos de poblaciones con sus edificios sin rehabilitar –como es el caso de Vic–, bien barrios de las periferias de las grandes ciudades –como ha ocurrido en Salt– los acogían. En ambos casos los inmigrantes se convirtieron en mayoritarios, haciendo que la población autóctona se sintiera no solo forastera en su casa, sino también desasistida en los servicios públicos, dado que las administraciones respondían deficientemente a las nuevas necesidades. La inmigración, que fue la solución del problema demográfico, no es un problema en sí mismo, pero haberla gestionado mal ha dado problemas que solo se pueden resolver uno a uno.
El prototipo del vecino que se siente tentado por los cantos de sirena que lanza la xenófoba Plataforma per Catalunya es aquel que compró hace años un piso y, con la llegada súbita de gran cantidad de inmigrantes al barrio, ve cómo, además de las dificultades de convivencia a causa de los hábitos de algunos inmigrantes, su casa se devalúa y vale un tercio menos. La ley de barrios del Parlament de Catalunya ha esponjado y dignificado algunos de estos barrios, pero la mayoría sigue esperando.

Una de las quejas principales de los vecinos de esos barrios de mayor índice de inmigración es la inseguridad y la impunidad de quienes cometen reiteradamente hurtos y pequeños delitos. En el 2003 se introdujo un reforma en el Código Penal y en la ley de extranjería que establecía la expulsión casi automática de aquellos extranjeros a quienes se impusiera una condena de hasta seis años o, incluso, pese a no ser juzgados, cometieran un delito con penas previstas de hasta seis años. Las reformas fueron muy criticadas, pues concedían impunidad a los delincuentes, que sabían que, cuando la policía los detuviera, serían enviados a casa sin condena alguna. Afortunadamente, el Tribunal Supremo anuló dicha expulsión automática. Ese mismo año se introdujo otra reforma más lógica que, por desidia de las administraciones, no se ha aplicado. Es la consideración de delito de quien cometa cuatro veces la misma falta, lo que permitiría acabar con la impunidad en robos o hurtos. En manos de los responsable de Justicia, no de Interior, está la solución.

Otros conflictos de convivencia deben resolverse con la mediación municipal y la aplicación de las ordenanzas, y sancionando a quien las infrinja. De nada servirían los contratos de integración que proponen CiU y el PP, dado que no se trata de que firmen un documento, sino que, día a día, cumplan las leyes. Son de difícil solución a corto plazo los problemas de convivencia con los gitanos de Rumanía. Jurídicamente, son ciudadanos comunitarios, pero dicho colectivo se resiste a abandonar su percepción de la vida nómada.
Hay otro instrumento importante que parece olvidado en este debate relativo a la integración de los inmigrantes, dado que uno solo se integra donde se siente partícipe. Es el relativo al derecho al voto en las elecciones municipales: los ciudadanos rumanos, al ser comunitarios, no solo podrán votar, sino también estar en las listas. La mayoría de latinoamericanos, por los acuerdos de reciprocidad, podrán votar, pero no concurrir como candidatos. Los de los países del Este no comunitarios, los africanos y los asiáticos, ni votar ni ser votados.

Ello generará una desigualdad de trato que no ayudará a crear cohesión social que solo se resolverá reformando la exigencia de reciprocidad que impone la Constitución. Por último, es importante no criminalizar a los inmigrantes sin papeles, dado que si hay tantos es porque España eligió la llegada irregular como principal mecanismo del flujo migratorio.

Xavier Rius, periodista y autor de Libro de la inmigración en España.