Tema: La Unión Europea es el único gran espacio multinacional en el mundo desarrollado en el que la inmigración interna es libre, pero la crisis económica ha provocado un retroceso hacia el proteccionismo de los mercados laborales nacionales para defenderlos de la competencia de los trabajadores inmigrantes, un movimiento que puede afectar también a los procedentes de otros Estados de la UE.
Resumen: Progresivamente, la UE ha ido levantando restricciones de todo tipo que impiden el ejercicio efectivo del derecho al trabajo en otros estados miembros, una labor que se ha visto facilitada por la convergencia de los niveles de renta europeos en un proceso que estaba muy avanzado en 2004, cuando se incorporaron los países de Europa del Este con niveles salariales muy inferiores. En la actualidad, el 40% de la inmigración en la UE procede de otros estados miembros, básicamente de Europa del Este. Esta fuerte diferencia salarial y el temor al desempleo causado por la crisis económica se han convertido en poderosos incentivos al proteccionismo, convertido en demanda expresa en las huelgas en el sector energético británico contra la contratación de trabajadores extranjeros europeos. La promesa electoral del primer ministro, Gordon Brown, de crear empleo para los británicos, dio alas a la exigencia por parte de algunos sectores sociales de reducir la contratación de extranjeros, lo que amenaza la libre circulación de los trabajadores consagrada en las normas europeas.
Análisis: El Reino Unido ha sido durante décadas el más claro defensor en Europa de un modelo económico liberal con escasa intervención estatal, ya sea en el ámbito nacional o en el europeo. Su mercado de trabajo es el menos regulado de Europa occidental y su gobierno se ha opuesto sistemáticamente a los intentos de otros miembros de la Unión para avanzar hacia normas comunes que afectasen a los derechos de los trabajadores, aplicando con frecuencia el opting out. La inmigración, como elemento sustancial del mercado de trabajo, ha sido influida por esta misma tendencia desreguladora y durante varios años la emigración al Reino Unido se ha visto facilitada por la apertura de una gran cantidad de vías diferentes tanto para los inmigrantes cualificados como para los decualificados, a la vez que la debilidad de los controles internos hacía fácil la inmigración irregular. En la actualidad el Reino Unido es el país de la UE con mayor presencia de inmigrantes en las profesiones cualificadas (con la excepción de Luxemburgo), el único de los países grandes de la Unión que ha atraído una importante inmigración de extranjeros cualificados.
A finales de los años 80 el Reino Unido inició una nueva etapa de fuerte crecimiento económico, que duró hasta 2008, basado en sectores muy integrados en la economía mundial, con demanda de mano de obra muy cualificada y dirigida especialmente al sector financiero e industrial. Ese crecimiento económico alimentó el desarrollo de un sector de servicios también necesitado de mano de obra mientras que la fuerte desregulación del mercado de trabajo operada en la etapa de gobiernos conservadores –y mantenida por el laborismo– en un contexto de fuerte competencia internacional ha permitido a las empresas fórmulas de contratación muy flexibles. Todo ello coincidió con la finalización de las dictaduras comunistas en el Este de Europa y la liberación de mano de obra de esa zona dispuesta a abandonar sus países de origen y con la llegada de miles de refugiados y peticionarios de asilo procedentes de las guerras yugoslavas y de conflictos en otras zonas del mundo.
Este dinamismo económico se tradujo a principios del siglo XXI en una nueva política migratoria decidida a facilitar la llegada de inmigrantes tanto cualificados como descualificados, abriendo las puertas a la mayor oleada migratoria de la historia del Reino Unido. Según los datos más recientes, trabajan en el Reino Unido 1.505.000 inmigrantes, definidos como trabajadores nacidos en el extranjero (lo que excluye a las segundas generaciones descendientes de indios, paquistaníes, afrocaribeños, etc., nacidos ya en el Reino Unido). En total, la población residente en el país y nacida en el extranjero era a finales de 2006 de 5.200.00 personas, en los que están incluidos los inactivos, entre ellos varios cientos de miles de estudiantes extranjeros (309.000 en el año 2006, contando sólo a los extracomunitarios) (Sriskandarajah, 2007). Esto supone un porcentaje de población nacida en el extranjero sobre el total de un 10%. A éstos habría que añadir los inmigrantes ilegales, que las estimaciones sitúan entre 200.000 y 700.000 (IPPR 2009, Bastian Vollmer, 2008).
La cifra de inmigrantes legales supone el 5,4% de la población ocupada pero su concentración es muy alta geográfica y laboralmente. Dos terceras partes se concentra en el sureste de Inglaterra. Los inmigrantes se encuentran ocupacionalmente en los dos extremos de la pirámide: por una parte, entre los profesionales mejor pagados de la City (capital financiera) londinense, donde cerca de la cuarta parte de sus trabajadores proceden del extranjero, entre los doctores y enfermeras del sistema público y privado de salud (la mitad de los nuevos contratados en los últimos años eran extranjeros no-comunitarios) y entre los profesores universitarios (una cuarta parte de los profesores universitarios británicos son nacidos en el extranjero) y, por otra, entre los recolectores de temporada, los camareros, cocineros, baby-sitters, personal de limpieza y de las compañías de seguridad, cajeros y dependientes de comercio. El 42% de los inmigrantes son profesionales, empresarios o directivos empresariales. Como muestra la Tabla 1, buena parte de los inmigrantes reciben salarios por encima de la media de la población británica.
Estas cifras no coinciden exactamente con las que se refieren a los descendientes de los antiguos inmigrantes, ya nacidos en el Reino Unido, y a los que suele denominarse como pertenecientes a “minorías étnicas”, aunque en parte ambas clasificaciones se solapan (los nuevos inmigrantes también son clasificados estadísticamente como miembros de minorías étnicas). En conjunto, un 16% de la población pertenece a algún grupo diferente al de los “blancos británicos” y un 6% son “otros blancos” (irlandeses, australianos, estadounidenses, canadienses, otros europeos, etc.). En el 10% restante destacan los indios (1.168.000), paquistaníes (871.000) y caribeños negros (648.000), es decir, los originarios de las antiguas colonias que llegaron en los años 60, y sus descendientes. Entre ellos hay importantes diferencias según origen étnico en términos de éxito educativo, nivel de actividad e ingresos, con un grupo formado por los chinos e indios en una posición claramente ventajosa frente a las demás minorías e incluso frente a los blancos británicos y otros grupos en posiciones muy inferiores, bien por su bajo nivel de actividad (mujeres bangladeshíes y paquistaníes), por sus pobres resultados educativos o por ambas cosas. En cuanto a los resultados educativos, los chinos (198.000 personas) destacan muy claramente sobre cualquier otro grupo, seguidos por los indios.
Los inmigrantes más recientes son los llegados desde Europa del Este, especialmente desde su entrada en la UE, aunque buena parte de ellos se encontraba ya trabajando ilegalmente antes del 2004 en el Reino Unido, y en su caso es más frecuente la ocupación en trabajos rutinarios y poco cualificados en la agricultura, las industrias alimentarias, el comercio, la construcción o la hostelería. Entre 2004 y 2007 605.000 inmigrantes procedentes de Europa del Este llegaron de nuevas o regularizaron su situación anterior en el Reino Unido, la mayoría de ellos polacos. Buena parte de estos inmigrantes de Europa Oriental se encuentran en el país de forma temporal, con el objetivo a menudo de aprender inglés mientras trabajan para después volver a su país y obtener allí un trabajo cualificado.
En conjunto, el fuerte crecimiento económico experimentado por el Reino Unido en los últimos años se ha nutrido en gran parte de inmigrantes: el 52% de los 2,1 millones de nuevos puestos de trabajo creados entre los años 1997 y 2007 –toda ella etapa de gobierno laborista– fueron ocupados por inmigrantes.[1]
El idioma es, sin duda, la principal baza británica para la atracción de inmigrantes. Esto se aplica tanto a los inmigrantes cualificados, para los que el Reino Unido forma parte del conjunto del mundo anglosajón al que podrían emigrar (Canadá, EEUU y Australia), como a los descualificados a los que, en buena parte, se pagan salarios bajos porque la principal motivación de muchos de ellos es aprender inglés mientras se pagan su manutención trabajando. Buena parte de los inmigrantes en el sector de los servicios con contacto con el público (bares, restaurantes, hoteles y comercios) son jóvenes que han viajado al Reino Unido para aprender inglés.
Por su parte, la emigración de los británicos hacia América, Australia y otros países de Europa en busca de mejores oportunidades laborales, precios más baratos y/o mayor calidad de vida ha sido notable siempre y se ha intensificado en los últimos años, con cifras anuales en torno a las 200.000 personas, lo que implica que se está operando una cierta sustitución de la población local por la inmigrada. La población británica que vive en el extranjero es de 5.500.000 personas, casi un 10% de la población total,[2] una cifra similar a la de residentes en el país nacidos en el extranjero (Gráfico 1).
La inmigración recibida durante los años 90 y hasta el año 2007 encontró un fácil acomodo en el mercado de trabajo, en continua demanda de nuevos aportes, con una tasa de paro del 5,4% en 2007, lo que equivale al pleno empleo,[3] y con una población activa muy numerosa, del 79%. Sin embargo, tanto la opinión pública como la perspectiva de parte de la prensa (los “tabloides” sensacionalistas) se han tornado crecientemente negativa a lo largo de la década. En la imagen negativa de los inmigrantes (en la que se mezclan de forma confusa los asilados y refugiados) éstos representan una amenaza para la identidad nacional, para el mantenimiento de los servicios públicos y las ayudas sociales, para el mercado de la vivienda (el Reino Unido sufre un continuo déficit de vivienda) y para la seguridad. En octubre de 2007 el 68% de los británicos consideraba que el número de inmigrantes en el país era excesivo, el porcentaje más alto desde que esta pregunta se realiza. Un 64% apostaba por leyes de inmigración más restrictivas, un 52% consideraba que el efecto de la inmigración en el país era negativo y un 80% suponía que los servicios públicos no serían capaces de absorber adecuadamente el aumento de la población causado por la inmigración.[4]
Los sindicatos, sin embargo, mantenían una posición muy favorable a la inmigración. Enfrentándose a lo que consideran prejuicios injustificados ampliamente extendidos por los periódicos sensacionalistas, los sindicatos afirman en su respuesta a la Comisión parlamentaria sobre el impacto de la inmigración (2007) que la llegada masiva de los inmigrantes desde principios de los años 90 ha tenido un efecto económico y fiscal positivo sin consecuencias negativas sobre los niveles salariales ni de empleo de los nativos, aunque admiten que en ciertos sectores reducidos en los que se emplea mano de obra descualificada la oferta de trabajadores inmigrantes puede estar disminuyendo las oportunidades de empleo de los nativos. Como ejemplo citan la construcción, aunque a su vez afirman que no existe suficiente evidencia de ese eventual impacto negativo. Con esta evaluación positiva del impacto de la inmigración sobre los niveles salariales y de empleo, el Trades Union Congress (TUC) se encuentra en contradicción con lo afirmado por varios analistas. Por ejemplo, el economista David Blanchflower asegura que las subidas salariales se han frenado en el Reino Unido desde la llegada masiva de inmigrantes de Europa Oriental y lo relaciona con el temor al desempleo causado por esa misma llegada.[5] Otro investigador –William Brown– indica que sólo la existencia del salario mínimo, establecido por primera vez en el país por el gobierno laborista de Tony Blair en 1998, ha evitado que la llegada de la inmigración haya provocado una caída de sueldos importante y afirma que ésta ha profundizado la desigualdad salarial.[6] Otras fuentes señalan que la llegada de trabajadores inmigrantes ha permitido mantener salarios muy bajos en algunos sectores descualificados, desincentivando así la búsqueda de un empleo entre autóctonos que subsisten gracias a las ayudas sociales.
En este ambiente, el recién estrenado primer ministro, Gordon Brown, en su discurso ante la conferencia anual del Partido Laborista de septiembre del 2007 prometió “crear trabajos británicos para los trabajadores británicos”, convirtiendo este British jobs for British workers en un eslogan que repitió en varias ocasiones, para escándalo de muchos, tanto en la derecha como en la izquierda, que vieron en esto un guiño electoral a los trabajadores que forman la base del British National Party (BNP), el principal partido xenófobo. Varios dirigentes laboristas explicaron que el único objetivo del primer ministro era desarrollar programas de formación para que muchos británicos inactivos, con escasa preparación profesional, pudieran incorporarse a un empleo cualificado, pero el eco de la promesa, en su literalidad, se ha vuelto contra el gobierno laborista.
El caso Total y el mercado único de trabajadores
El 28 de enero de 2009, trabajadores de Lindsey, la tercera mayor refinería de petróleo del Reino Unido, en el este de Inglaterra, dirigida por la petrolera francesa Total, se lanzaron a la calle para protestar por la contratación de trabajadores italianos y portugueses por la contratista italiana IREM para realizar diferentes tareas. La protesta, espontánea al principio y canalizada luego por los sindicatos del sector, se extendió en pocos días a varios miles de trabajadores del sector energético en todo el país, incluyendo dos plantas nucleares, varias centrales eléctricas, plantas químicas y estaciones eléctricas, clamando contra la práctica habitual en el sector de contratar empresas extranjeras que aportan su propia mano de obra. En las negociaciones, los sindicatos argumentaron que las empresas importaban trabajadores (generalmente de Europa del Este o del Sur) para poder pagarles salarios inferiores a los de los británicos, mientras que éstas afirmaban que no encontraban trabajadores locales con el nivel de cualificación requerido. La frase British jobs for British workers fue utilizada de continuo durante el conflicto como arma arrojadiza contra el gobierno. Éste se mantuvo firme pese a la amenaza de una paralización del suministro energético, recalcando el derecho de los europeos comunitarios a trabajar en cualquier país de la UE. La calificación de la huelga como xenófoba, presentada entre otras por el propio gobierno, era contestada desde los sindicatos y la izquierda laborista con el argumento de que estaban defendiendo a los trabajadores extranjeros de la explotación de sus empresarios. Los propios trabajadores añadían que estaban defendiéndose de la discriminación en su contra por parte de las empresas en suelo británico. Finalmente, la empresa contratista, la italiana IREM, llegó a un acuerdo con los sindicatos que reservaba a trabajadores locales algo más de la mitad de la plantilla para sus actividades en la refinería.
El conflicto de Lindsey recuerda otros episodios de décadas anteriores, desde huelgas para impedir la contratación de trabajadores inmigrantes en el sector del transporte o en los barcos en 1950, hasta acuerdos entre sindicalistas y empresarios en la crisis de los años 70 para que el criterio “último dentro, primero fuera” no fuera de aplicación si los trabajadores autóctonos tenían que ser despedidos antes que los inmigrantes. De la misma forma, los informes sobre racismo en el trabajo de los años 50 y 60 muestran que, en ocasiones, los sindicatos sectoriales pactaron salarios menores para las ocupaciones en las que no quedaban trabajadores autóctonos.
La interpretación extendida de las protestas de Lindsey como resultado de la crisis económica y el aumento del paro necesita alguna matización a la luz de la bajísima cifra de desempleo: a pesar de la crisis, sólo un 6,3% de la población activa británica se encontraba en paro a finales del 2008, un punto porcentual por encima de la tasa de paro de un año antes. Incluso aunque el desempleo fuera más alto en las cercanías de la refinería Lindsey, esto no explicaría la rápida extensión de las protestas a todo el país, incluyendo Escocia y Gales. Más bien parece que las huelgas son la expresión de un malestar que ya existía y que se manifiesta cuando las perspectivas económicas son malas, lo que empuja a todos a asegurar su posición. De hecho, el principal sindicato del sector energético, UNITE, anunció que el fin del conflicto en Lindsey no implicaba el fin de las movilizaciones para impedir la práctica general de contratación de trabajadores extranjeros.
Unos 10 días después del acuerdo que puso fin a las protestas, la empresa de mediación industrial ACAS, a la que el gobierno había encargado una investigación sobre el conflicto, presentó su informe en el que afirmaba que las normas europeas se habían cumplido y que la empresa había garantizado a los trabajadores italianos y portugueses en la refinería las mismas condiciones salariales y laborales que a los británicos (pero no presentaba evidencia de que se fueran a cumplir). Por otra parte, el informe mostraba que existían conflictos entre las normas europeas (la Directiva sobre los Trabajadores Desplazados, de 1996) y las internas, especialmente el respeto a los acuerdos de negociación colectiva.
Conviene recordar que el Reino Unido se opuso en su momento a la aprobación de la Directiva sobre Trabajadores Desplazados –en su tradicional negativa a codificar los derechos de los trabajadores– y que, al contrario, ha apoyado la Directiva de Servicios, contradictoria con la primera. La norma de 1996 establece que los trabajadores desplazados (los que una empresa de un Estado miembro traslada provisionalmente para trabajar en otro Estado de la UE) deben disfrutar al menos de los salarios mínimos que establecen las normas del país de acogida. Pero la confusa redacción de la Directiva ha permitido dejar a la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia si los convenios colectivos deben ser o no obligatoriamente aplicados a los trabajadores desplazados. Al menos una de las sentencias negaba esa obligación. Por otra parte, la demanda de los sindicatos de que la Directiva y sus normas de desarrollo nacionales no puedan ser utilizadas para que las empresas eviten la contratación de los trabajadores locales, choca de frente con el principio de la libre circulación de trabajadores en el interior de la UE y supone una demanda de medidas proteccionistas ajena al espíritu de la construcción europea.
Igualmente proteccionista ha sido la decisión del Parlamento europeo de rechazar los aspectos de la Directiva de Servicios, ésta sí apoyada por el Reino Unido, que permitían a las empresas del sector servicios pagar a sus trabajadores desplazados de acuerdo con las condiciones salariales del país de origen. Su aprobación habría permitido que empresas de países con menores niveles salariales, sobre todo del Este o del Sur de la UE, obtuvieran contratos en los países más ricos, trasladando allí a sus trabajadores y pagándoles sueldos similares a los que cobran en Rumanía, Polonia, Lituania, Grecia o Portugal, por poner algunos ejemplos. Dado que el sector de los servicios supone dos terceras partes de la actividad económica europea, a la larga la Directiva habría forzado un descenso de los salarios en los países más ricos para competir con una mano de obra más barata y habría implicado una igualación por debajo de los niveles salariales europeos. La Directiva de Servicios presentada en el 2004 por la Comisión, y conocida como “Directiva Bolkestein” por el comisario que la propuso, fue impulsada por el Reino Unido, los Países Bajos, España y los países del Este, y su apuesta por el principio de prevalencia de las condiciones del “país de origen” provocó fuertes críticas y fue una de las causas del “no” francés en el referéndum de la Constitución europea. Tras dos años de discusión, finalmente en 2006 los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo que excluía ese principio. La Directiva aprobada remueve muchos de los obstáculos que ahora impiden la libre circulación de trabajadores, profesionales y empresas dentro de la UE, simplificando a la vez los trámites necesarios para establecerse en otro país como profesional independiente, empresario o trabajador. Sin embargo, como ocurrió con la Directiva de Trabajadores Desplazados, de 1996, su formulación final es tan ambigua y tantas las reservas a favor de los Estados miembros, que serán los tribunales de justicia y las normas de desarrollo nacionales los que muestren su alcance real.
Conclusión: La UE se constituye en el único gran espacio multinacional en el mundo en el que la inmigración interna es libre. Es más, no sólo los ciudadanos tienen derecho a trasladarse a vivir a cualquier otro Estado miembro, sino que las instituciones centrales se proponen fomentar ese movimiento interno por razones económicas, como aumentar la competitividad y fomentar la innovación o disminuir el paro, y políticas, con el objetivo de crear una identidad común europea. Progresivamente, la UE ha ido levantando restricciones de todo tipo que impiden el ejercicio efectivo de este derecho, y su labor se ha visto facilitada por el proceso de convergencia de los niveles de renta europeos, un proceso que estaba muy avanzado en 2004.
Sin embargo, la inmigración en el interior de la UE ha sido un fenómeno marginal hasta la crisis de los Estados comunistas en 1989 y la posterior apertura de la UE hacia Europa del Este. Las grandes oleadas migratorias internas se habían producido anteriormente, en los años 60, desde el sur hacia el centro y norte cuando los países del sur (con la excepción de Italia) todavía no pertenecían a la Unión. Desde 1989 el movimiento interno ha crecido de forma continua: el 40% de la inmigración producida en el año 2006 dentro de la UE correspondía a nacionales de otros Estados miembros, en su mayoría del Este europeo.
Precisamente ese aumento de la inmigración procedente de países con rentas per cápita muy inferiores a las de la UE-15 ha convertido el principio de la libertad de movimiento de los trabajadores en una amenaza para el mantenimiento de los niveles salariales en los Estados más ricos; y, en condiciones de crisis económica y deterioro de las perspectivas, en una amenaza para el empleo mismo. Esto es lo que expresa la protesta de los trabajadores británicos en demanda de medidas proteccionistas de su mercado de trabajo nacional, una protesta que se ha encontrado sin el apoyo de su gobierno laborista, que ha demostrado su independencia ante los sindicatos y su fidelidad a los principios liberales que han constituido el eje de su política económica desde 1997.
Carmen González Enríquez, investigadora principal y directora del Programa de Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano.
Referencias bibliográficas
IPPR (2007), “Britain’s Immigrants: An Economic Profile”.
IPPR (2009), “Irregular Migration in the UK. An Update”.
Penninx, Rinus, y Judith Roosblad (eds.) (2000), Trade Unions, Inmigration,and Inmigrants in Europe,1960-1993, Berghahn Books, Nueva York.
Ruhs, Martin (2006), “Greasing the Wheels of the Flexible Labour Market: East European Labour Immigration in the UK”, http://www.compas.ox.ac.uk/publications/working-papers/.
Spencer, Sarah (2007), “Immigration”, en Anthony Seldon (ed.), Blair’s Britain 1997-2007, Cambridge University Press, pp. 341-360.
Sriskandarajah, Dhananjayan (2007), “Why Limiting Immigration is Bad for Britain”, Financial Times, 1/XI/2007.
Taylor, Robert (2007), “New Labour, New Capitalism”, en Anthony Seldon (ed.), Blair’s Britain 1997-2007, Cambridge University Press, pp. 214-240.
Varios autores (2003), "Intra-EU Migration. A socio-demographic overview".
Vollmer, Bastian (2008), “Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Country Report – United Kingdom”, http://clandestino.eliamep.gr/clandestino-country-reports/.
Winder, Robert (2004), Bloody Foreigners. The Story of Immigration to Britain, Abacus.
Notas:
[1] http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7069779.stm.
[2] BBC, http://news.bbc.co.uk/1/shared/spl/hi/in_depth/brits_abroad/html/default.stm.
[3] Se considera paro friccional al que se produce en condiciones de pleno empleo por el tiempo que tardan los empleados en cambiar de un puesto de trabajo a otro. Este paro se estima entre el 3,5% y el 5,5%.
[4] www.ipsos.es.
[5] www.parliament.uk/documents/upload/EA218%20Blanchflower.doc.
[6] www.parliament.uk/documents/upload/EA184%20William%20Brown.doc.