El futuro de España será multirracial, multicultural y multiétnico, o no será. Necesitamos de los inmigrantes tanto o más que ellos de nosotros. Reforcemos la seguridad para detectar a los extranjeros delincuentes (que no son necesariamente inmigrantes), pero no nos opongamos a la llegada de quienes no buscan sino un futuro mejor. En España llevamos más de 40 años con niveles de fecundidad muy bajos. En la actualidad, tan sólo nacen un poco más de la mitad de los niños que necesitaríamos, simplemente, para conseguir el reemplazo generacional (que la generación de los hijos sustituya a la de los padres). Entre otras razones, los españoles no quieren tener más hijos porque el desafortunado intervencionismo estatal ha diseñado un lamentable Estado de Bienestar que castiga económicamente a quienes los tienen y premia a quienes no los tienen. Mi pronóstico es que los niveles de fecundidad no se incrementarán en absoluto en el futuro.
Si fuéramos un país herméticamente cerrado a los flujos migratorios, necesitaríamos que nacieran al menos 260.000 niños más cada año sólo para conseguir que la población total de España no descendiera. Si hemos evitado que la población total no se haya reducido considerablemente en las últimas décadas ha sido gracias a los importantes saldos migratorios positivos que hemos tenido.
Quienes miran con recelo la llegada de inmigrantes suelen argumentar: «Inmigración sí, pero ordenada, legal y segura». Para ordenar los flujos migratorios, lo primero que tenemos que hacer es responder a la siguiente pregunta: ¿cuántos inmigrantes necesita España? En el período 2010-2022, nuestro país ha tenido un saldo migratorio positivo anual de 84.000 personas. Es decir, precisaríamos un saldo migratorio tres veces mayor al de la última década simplemente para conseguir el objetivo de no perder población. Por lo tanto, deberíamos estar muy preocupados no por la cantidad de inmigrantes que llegan, sino por los exiguos saldos migratorios.
La segunda pregunta que deberíamos responder es: ¿cuántos inmigrantes llegan a España de manera legal? Si a los extranjeros que han venido con un visado de residencia y trabajo les sumamos quienes han conseguido el estatuto de refugiados o se les ha concedido un permiso por protección especial o razones humanitarias, en el período 2010-2022 apenas sumaron 42.000 personas cada año de promedio. Es decir, si no queremos ver reducir nuestra población y pretendemos que todos los inmigrantes sean legales, necesitaríamos multiplicar por 6 ó 7 la concesión anual de permisos de trabajo y residencia. Por tanto, habría que responsabilizar del elevado número de inmigrantes ilegales en nuestro país a las trabas burocráticas y a las ineficiencias gubernamentales que imposibilitan que la población extranjera que tanto necesitamos pueda venir ordenada y legalmente.
España tiene una necesidad estructural de gente joven. Los inmigrantes vienen por su propio interés, pero nuestro país también los necesita. A pesar de que, sin los maquillajes estadísticos del Gobierno, en España hay casi cuatro millones de parados, nuestro mercado de trabajo demanda una gran cantidad de mano de obra. Si no fuera por los inmigrantes, que suelen ocupar los trabajos que los españoles no quieren hacer, nuestras tasas de desempleo serían, sin duda, más elevadas a la vez que cientos de miles de trabajos se quedarían sin cubrir o desaparecerían.
Que España duplique de largo las tasas de paro de la OCDE se debe a la rigidez de su mercado laboral, la hiperregulación y las elevadas cargas fiscales que soportan las empresas. Al aceptar los empleos menos atractivos, los inmigrantes no sólo suavizan los efectos perversos de la falta de libertad económica de nuestro país (España se sitúa muy por debajo de los países occidentales en el ranking de libertad económica), sino que, gracias al consumo que hacen, estimulan la creación de otros puestos de trabajo que son ocupados por nativos. Para progresar necesitamos menos intervencionismo estatal y más protagonismo de los ciudadanos, incluido el de los extranjeros.
La principal amenaza a la integridad territorial de España proviene de Marruecos (Ceuta, Melilla, Canarias). Si se cumplen las previsiones de la División de Población de Naciones Unidas, para 2038 los tamaños de la población en edad de trabajar de España y Marruecos se equipararán. En la segunda mitad de este siglo XXI, se estima que Marruecos tendrá una fuerza laboral superior a la de España de más de cinco millones de trabajadores. Sin la llegada de una cantidad ingente de inmigrantes que incremente nuestra fuerza laboral, España no tendrá el músculo suficiente para afrontar los desafíos relativos a su defensa territorial.
Quienes se escandalizan del alto coste que supone para las arcas públicas atender a los menores no acompañados (menas) hacen un análisis desafortunadamente cortoplacista. Nadie se indigna porque se dediquen recursos para atender las necesidades de los niños que han nacido en nuestro país. Sabemos que las partidas destinadas a su educación y salud son inversiones que nos reportarán beneficios en unos lustros. Irritarse hoy por los millones de euros que nos cuesta atender las necesidades básicas de los menas es ignorar que ese dinero es inversión en los españoles del futuro. Nos interesa que sean ciudadanos bien educados y que disfruten de buena salud porque, de esa manera, se integrarán mejor y serán mucho más productivos, beneficiando al conjunto de la sociedad. Los menas de hoy son los mecánicos, electricistas, cocineros, policías, militares, ingenieros, médicos... del mañana; también los Nico Williams y Lamine Yamal que harán que España vuelva a ganar una Eurocopa o un Mundial de fútbol.
Ser solidarios con los inmigrantes que llegan a España no sólo nos dignifica como personas y como sociedad, sino que reporta pingües beneficios. Los inmigrantes son más jóvenes y tienen más hijos que los españoles (rejuvenecen nuestra envejecida estructura demográfica) y, además, hacen los trabajos que no queremos hacer los españoles.
El economista de la Escuela Austriaca Jesús Huerta de Soto dice que «la sociedad más justa será aquella que de manera más enérgica promueva la creatividad empresarial de todos los seres humanos que la compongan». El recurso más importante que tiene España son sus ciudadanos libres e iguales. No debemos desaprovechar la capacidad creativa innata de ninguno de ellos, tampoco la de los inmigrantes.
Quienes, haciendo un uso muy poco riguroso de los datos, pretenden establecer una relación entre delincuencia e inmigración ilegal deberían responder a las siguientes preguntas: si la llegada de inmigración ilegal incrementa la tasa de delincuencia en nuestro país, ¿cómo es posible que la tasa de condenados (estandarizada por la edad) de los ciudadanos residentes en España con nacionalidad de algún país asiático (muchos de ellos inmigrantes ilegales) sea más baja que la de los de nacionalidad española? ¿Y cómo es posible que la tasa de condenados (también estandarizada por la edad) de los ciudadanos residentes en España pertenecientes a países del resto de la UE (todos ellos inmigrantes legales) sea casi el doble de la de los españoles?
Si queremos que España progrese socioeconómicamente, además de impulsar un sistema capitalista (protección de la propiedad privada, libre ejercicio de la empresarialidad, baja presión fiscal, restricción estricta del intervencionismo estatal, flexibilidad laboral, seguridad jurídica, etc.), hemos de fomentar el crecimiento demográfico (sólo una población grande y en crecimiento se puede permitir sufragar los altos costes de nuestros sistemas de defensa nacional y de infraestructuras) y la apertura a los flujos migratorios. El neomaltusianismo, el decrecentismo y los obstáculos a la inmigración que algunos propugnan desembocan irremediablemente en un retroceso socioeconómico.
Jesús Javier Sánchez Barricarte es catedrático de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid.