Inmigración: ni problema ni política

Por Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (EL PAÍS, 07/09/06):

Más de 15.000 inmigrantes han volado de Canarias a la península en lo que va de año. El 80% de los trasladados a la España continental han sido acogidos por ONG. Estos dos datos por sí solos, nos indican que no parece existir una política pública concreta que trate de responder a la significativa y constante llegada de inmigrantes. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la “vía canaria” no es ni la única ni tan sólo la más importante. Toda política pública parte de un supuesto. Existe un problema de carácter colectivo, cuya posible solución o mejora no parece que pueda venir de la normal interacción entre personas y entidades sociales, sino que requiere de una intervención expresa de los poderes públicos. Las decisiones que desde los poderes públicos se tomen con relación a esa situación, deberán partir de una cierta definición de cuál es el problema que se debe afrontar, y qué medios son los más adecuados para tratar de mitigar, mejorar o, en algunos casos, resolver la cuestión que ha originado la intervención pública. Podríamos decir que toda política pública es una hipótesis causal: establece un problema, determina quiénes son los causantes del mismo, y busca modificar las conductas o situaciones que aparentemente lo generan. Evidentemente, no todos los actores o intereses que están implicados en la situación tienen por qué compartir ni esa definición del problema, ni las soluciones que se instrumenten, pero habitualmente la política pública parte del grado de legitimación suficiente para que permita su posterior puesta en práctica.

Podemos discutir si la inmigración en su actual estado de desarrollo, es o no un problema para el país. Pero, lo que sí constatamos es que las encuestas nos dicen que el tema va ocupando el primer lugar en lo que llamaríamos la agenda de problemas públicos. Pero, en cambio, resulta difícil encontrar una definición del problema suficientemente compartida, y, como decíamos, tampoco resulta fácil caracterizar una política pública al respecto. Lo que sabemos es que los poderes públicos en las distintas esferas de Gobierno despliegan medios, articulan esfuerzos, pero nada de ello se asemeja a lo que llamaríamos una política pública, con su “hipótesis causal” y una lógica de intervención más o menos racional. Llegan miles de inmigrantes, muchos de ellos sin papeles y por vías irregulares. Vienen de países con los cuales no tenemos establecidos canales de repatriación, ni tampoco protocolos de actuación más o menos fiables. A pesar de que hayamos “conseguido” retornar más de 50.000 inmigrantes en lo que va de año (datos aportados por el ministro Rubalcaba), no parece que eso disuada a los que cada día piensan cómo lograr llegar al país. Tampoco parece que la reciente amenaza de la vicepresidenta del Gobierno de que cualquiera que entre ilegalmente acabara saliendo del país sea ni creíble ni operacionalizable. Cuando llegan sin papeles, les atendemos, y los situamos en centros de acogida. Cuando estos centros se llenan, lo más habitual es conducirlos a algún otro lugar, dejarlos en libertad, confiando en organizaciones no gubernamentales (en el 80% de los casos) para que realicen el tránsito entre la ilegalidad de su llegada y la ilegalidad de su permanencia. No los podemos expulsar, no les podemos dar papeles. Son no personas.

Lo más grave de todo ello es que tampoco es este un déficit exclusivamente español. Ocurre, con los matices que se quiera, en toda la Unión Europea. No hay país que disponga de una política pública que pueda calificarse como tal. No hay “hipótesis causal” alguna que no sea la de blindar los accesos. Más allá de parapetarse no se sabe qué hacer. Se busca tiempo. Se confía en que “algo” o “alguien” logre cambiar las cosas. Y mientras, aumenta la distancia entre la libre circulación de bienes, productos, ideas e informaciones y las crecientes restricciones en la libre circulación de personas. Sabemos que necesitamos esas personas. Sabemos que sin ellas las cosas nos irían peor. También sospechamos que si no introdujéramos restricciones en el acceso, podríamos vernos desbordados. Sabemos que la solución es global, pero los problemas son día a día más y más locales.

No tenemos una definición clara del problema, no tenemos política pública definida, pero lo que sí que cada vez está más claro son los ganadores y perdedores en esa no política. Los ganadores son los que se lucran precisamente por esa falta de política, aprovechándose de las ansias de mejorar de los que tratan de alcanzar la meca europea. Los ganadores son los que aprovechan ese “ejército de reserva” constante y permanente, para reducir salarios, erosionar condiciones de seguridad, acumular personas en infraviviendas. Los ganadores son los que suman desmesurados beneficios por esa irregularidad convertida en normalidad. Los perdedores son los inmigrantes, quienes sufren penalidades sin cuento para acariciar sus ilusiones. Los perdedores son aquellos que deben convivir con el hacinamiento y la miseria de los recién llegados. Los perdedores son aquellos que eran beneficiarios de ayudas públicas por su situación de penuria, y que ahora se ven desplazados al penúltimo lugar por recién llegados aún más necesitados que ellos.

Toda política pública implica también una cierta voluntad de redistribuir costes y beneficios. Tratando de remediar o modificar la situación de partida para que el equilibrio resultante sea socialmente más tolerable. Nada de eso ocurre aquí. No podemos calificar de política de inmigración la regularización periódica. No podemos calificar de política de inmigración el convertir el Mediterráneo o el entorno de Canarias en una muralla. No podemos calificar de política de inmigración la subvención bajo mano a las ONG para que se ocupen de un problema con el que no sabemos cómo lidiar. No podemos decir que tenemos una política de inmigración, cuando cada comunidad autónoma, cada Ayuntamiento hace lo que puede y como puede, sin tener ni las competencias ni los recursos necesarios para hacerlo. El Gobierno español no puede ir a Europa a pedir ayuda para bloquear las Canarias o el Estrecho. Debe ir a Europa para reclamar una política conjunta, una “hipótesis causal”. Europa ha de decidir cuáles son los problemas (libre circulación de personas; codesarrollo) y cómo afrontarlos-regularlos (estableciendo procesos de acceso y regularización; planes de desarrollo compartidos). Lo demás es hacerse ilusiones de que el tiempo todo lo cura.