Inmigración sin gobierno

Por Manuel Escudero, profesor de Macroeconomía y Análisis Político Internacional del Instituto de Empresa (EL PAIS, 09/09/04):

La opinión pública aún no está captando la dimensión exacta del gigantesco proceso de cambio social en el que España está inmersa. Me refiero a la inmigración.

El cambio verdadero comenzó en el año 2000, cuando los extranjeros empadronados en España aún no llegaban al millón. A 1 de enero de 2003, es decir, hace casi dos años, ya eran 2,6 millones. Al ritmo de los tres últimos años, una previsión conservadora me hace decir sin mucho margen para el error que, a fecha de hoy, ya habrán superado los cuatro millones. Y en estas estimaciones no cuenta el medio millón de sin papeles que no se atreven a empadronarse y utilizan entre veinte la tarjeta sanitaria de uno de ellos.

Este proceso tan rápido y masivo sólo es comparable a la rápida transformación de la España "desarrollista" de 1960-1970, cuando 10 millones de personas se trasladaron del campo a la ciudad. Sólo que el proceso de adaptación que reclama la inmigración del cuerpo social español es infinitamente más complejo y difícil que el que requirió aquel otro cambio, al fin y al cabo doméstico.

Le corresponde a un Gobierno apenas estrenado acusar recibo de este cambio, tan enorme como poco previsto por los gobiernos conservadores bajo los que comenzó. Se trata, además, de un Gobierno que, al menos en su discurso, ha abrazado el ideal de la libertad como no-dominación del neorrepublicanismo, convirtiéndolo en norte de su política. Tal compromiso redobla su responsabilidad ante el fenómeno.

Deberían saber los neorrepublicanos que, en la medida en que exista dominación, los dominados generan sus propios discursos y estrategias de supervivencia, y que éstos a menudo son muy perversos. Pues así también ocurre con la inmigración: en la medida en que nuestros representantes públicos no acierten con políticas de buen gobierno, sus errores u omisiones generarán en los ciudadanos la más temible de las reacciones: un discurso y una actitud crecientemente xenófoba y racista.

Y esto ya está ocurriendo. La falta de políticas adecuadas está causando el surgimiento de un discurso xenófobo entre aquellos españoles que se sienten perjudicados: la simiente de la xenofobia y del racismo está creciendo con mucha rapidez en nuestra sociedad. Así, el último informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia, relata para los meses enero-abril de este año al menos 41 hechos graves de xenofobia que terminaron con la muerte violenta de un inmigrante en nuestro país.

El Gobierno actual, pues, se encuentra ante la imperiosa obligación de hacer lo que los gobiernos conservadores no hicieron. No puede cambiar meros detalles, no puede retocar aquí y allá las políticas nefastas que hemos tenido hasta la fecha. Tiene que definir, en todos sus extremos, una nueva política integral y justa respecto a la inmigración.

Mucho me temo sin embargo que para definirla se necesita, previamente, responder a preguntas difíciles, iniciar y concluir con celeridad un debate que apenas se ha entreabierto en nuestro país. Con el ánimo de contribuir a ese debate esbozaré a continuación alguna de esas preguntas, al hilo de los ocho pilares que, según creo, debería tener una nueva política integral de inmigración en España.

El primer pilar de esa política debería consistir en un control eficaz de fronteras. Pero para que éste exista, deberemos responder ante todo a la pregunta de si queremos realmente controlar y de si podemos realizar ese control. Y, si, como debiera ocurrir, decidimos que sí queremos y podemos, entonces deberemos decidir qué volumen de inmigración interesa a España; o, si se quiere, qué volumen de inmigración se encuentra nuestra sociedad en condiciones de asimilar cada año y en el largo plazo. Se trata de preguntas sencillas, pero nadie las ha formulado y respondido. Sin un objetivo macro, explícito y democráticamente acordado respecto al volumen de inmigración que estamos dispuestos a asimilar, no existirá un norte claro para una política de control de fronteras, y ésta se desenvolverá, como ocurre en la actualidad, de un modo tan ineficaz como improvisado: sin dotaciones adecuadas en los puntos de entrada desde Europa y en los aeropuertos, sin lucha eficaz contra las mafias, sin coordinación eficaz a escala europea, sin acuerdos efectivos con los países de origen.

El segundo pilar de una política integral de inmigración debería consistir en un procedimiento tan enérgico como humano de devolución y expulsión de los inmigrantes que no sean aceptados en España. Ni las condiciones de retención e internamiento de inmigrantes ilegales ni la atención legal que reciben en nuestro país son en muchas ocasiones humanas. Las decisiones de devolución se hacen a mata caballo, y a veces son tan arbitrarias que se saltan hasta las circunstancias de asilo político. Pero, además, dejar en libertad a los que deberían ser devueltos confiando en que abandonen por sí mismos el país, como se hace de modo habitual, es un procedimiento de opereta, auténtico coladero de inmigrantes sin papeles en España.

El tercer pilar de una política progresista de inmigración consiste en, como han dicho nuestros responsables públicos, regularizar la situación legal de aquellos inmigrantes que ya tienen trabajo. El principio de que quien trabaja debe de ser legalizado es un principio justo. Pero ese principio debería implicar la desaparición de las falsas ofertas de trabajo que a nada comprometen, y que todos hacemos de modo bienintencionado. Y, por supuesto, supone retirar la irreal oferta de contingentes que se realiza hasta el momento, ridícula en cuanto al volumen y tan lenta que ni siquiera se llega a cubrir.

Y aquí entramos en un tema medular de una política de inmigración justa: su cuarto pilar debería ser luchar contra el "dumping social" que, en punto al trabajo de inmigrantes, todos estamos tolerando. La avalancha de inmigración que soporta España se está traduciendo ya en la paulatina extensión de su trabajo desde el servicio doméstico, la agricultura o la construcción hacia los servicios de restauración y bares, así como al trabajo en el textil. Pero una política racional de inmigración no debería permitir el aumento espontáneo de los sectores que utilizan casi exclusivamente mano de obra inmigrante. Y una política progresista debería permitir mucho menos que esa ocupación se realice con un claro carácter de superexplotación, con sueldos mínimos y sin beneficios sociales, segregando de ese modo a los inmigrantes dentro del mercado de trabajo y, además, expulsando por tal medio a los trabajadores autóctonos.

El quinto pilar de la política de inmigración debería consistir en sistemas eficaces de integración social y cultural de los inmigrantes: ¿existen clases gratuitas de la lengua oficial en el municipio en el que se instalan?, ¿existen servicios sociales especializados para que aterricen culturalmente? Y más allá: ¿se ha decidido, otan siquiera se ha planteado la pregunta de si España opta en materia de alojamiento por una política de creación de guetos espontáneos, como en Francia, o por una política de dispersión territorial y asimilación como en Dinamarca? Y aún más allá: ¿estamos realmente por el respeto cultural, permitiremos el chádor en la escuela, o existirá en la televisión pública un oficio religioso islámico, como existe el católico?

El sexto pilar debe ser una política de seguridad adecuada: ¿se ha planteado con la seriedad que merece que la otra cara de la integración de la inmigración es la obediencia debida a nuestras normas de conducta y nuestras leyes, y que esto implica nuevas estrategias de seguridad no sólo frente al crimen organizado sino para la vida diaria en las grandes ciudades?

El séptimo pilar debería ser dar voz a los inmigrantes. Si la mayoría están superexplotados, si se sienten sombras en nuestro país, como ocurre en realidad, un Gobierno que quiera erradicar las dominaciones, debería ir pensando en darles voz...y darles voto (que es el modo mejor de darles voz). ¿Por qué dar voto en la elecciones municipales sólo a los inmigrantes cuyos países de origen también lo permitan a españoles? ¿Qué sentido tiene en el mundo de hoy esa cláusula de reciprocidad?

Y, por fin, el octavo pilar debería consistir en que todos estos aspectos, dentro de una nueva política de inmigración de carácter integral, estén conectados a su vez con el desarrollo de una nueva y ambiciosa cooperación internacional, de modo que nuestras prioridades de solidaridad internacional den preferencia al desarrollo de los países de origen de nuestros inmigrantes.

Baste este repaso para señalar que estamos en España ante la transformación social más importante de nuestros días. Y que esa transformación no está bien gobernada. Que en realidad no está gobernada en absoluto, sino que sigue un curso espontáneo, chapucero y, por ello, injusto. Que, antes que nada, hay preguntas difíciles de hacer y responder. Pero que no hacerlas tendrá dos consecuencias terribles: enormes injusticias para los que llegan, y agravio, rechazo y xenofobia desde los que les reciben.

Y una última cuestión: la lucha contra las dominaciones la debe organizar el Gobierno no en cuatrocientos frentes, sino en unos pocos, pero decisivos. La inmigración es sin lugar a dudas uno de ellos, si no el primero.