Más de 1.300 agentes de nueve países europeos se han necesitado para desmantelar una de las mayores redes de traficantes de personas de Europa. Ha sido una operación compleja que ha logrado detener a 75 personas supuestamente implicadas en la extorsión de inmigrantes clandestinos que llegaban a pagar hasta 12.000 euros por entrar en la Unión Europea. Sólo gracias a la coordinación de Europol -la oficina de policía europea- y Eurojust -el servicio de cooperación judicial de la UE- se ha podido acabar con un negocio que se nutre de la desesperanza de tantas personas que sueñan con El Dorado europeo.
Ante el fenómeno de la inmigración irregular, los políticos tenemos dos opciones: mirar hacia otro lado y pretender que estos abusos no se producen, o buscar una solución. Durante años, el Gobierno del PP eligió mirar hacia otro lado y permitir que miles de inmigrantes se quedaran en nuestro país sin documentación y sin derechos, obligados a aceptar cualquier trabajo, a cualquier precio, para sobrevivir.
Desde que asumió el Gobierno el presidente Rodríguez Zapatero todos los socialistas españoles hemos trabajado por dar una solución al drama de la inmigración clandestina: potenciando la ayuda al desarrollo, firmando acuerdos de cooperación con los países de origen y de tránsito, y por supuesto convenciendo a nuestros socios europeos de la necesidad de actuar de forma coordinada, igual que ya hacemos en Europol y Eurojust. El señor Rajoy piensa que los socialistas no tenemos principios. Quizás debería preguntarse qué hizo él por los inmigrantes que ahora tanto le preocupan.
Nosotros hemos preferido afrontar el problema en vez de mirar hacia otro lado. Abandonarlos en un limbo jurídico y personal, dejados a su suerte sin medios para integrarse en nuestras sociedades después de haber atravesado el Estrecho engañados por las mafias, no encaja con nuestros principios.
Hemos peleado durante más de tres años para lograr una Directiva de Retorno europea que garantice el respeto a los derechos de los inmigrantes que deben regresar a sus países. Llegado el momento de la votación en el Parlamento Europeo había dos opciones: aceptar el acuerdo mínimo posible en un hemiciclo dominado por los conservadores, o volver al inicio de la discusión legislativa entre el Consejo y la Eurocámara, retrocediendo a 2005, cuando la Comisión presentó su propuesta. Cada uno de los eurodiputados socialistas españoles votó en conciencia, haciendo un ejercicio de responsabilidad. Sin ser el resultado que buscábamos, a la mayoría nos pareció urgente un marco común europeo, pues la Comisión estima que llegan entre 1,5 y 2 millones de inmigrantes a Europa cada año. Estas cifras no van a reducirse; muy al contrario, la inestabilidad global, la crisis alimentaria, el cambio climático y el imaginario de una Europa próspera empujarán a muchos más a venir, a menudo arriesgando sus vidas.
Hasta ahora, cada país europeo regulaba a su manera cómo se detenía, se retenía y se expulsaba a los inmigrantes irregulares. Y esto es a lo que la directiva ha puesto punto final, estableciendo un marco claro de garantías que todos los Estados deberán respetar. Con la aprobación de esta norma, el acervo comunitario ha incluido numerosas garantías de protección de derechos humanos para mejorar la situación en la que se encuentran los irregulares en muchos países europeos.
Creemos necesarias algunas aclaraciones a lo que se ha venido afirmando: la directiva garantiza en todos los casos la revisión judicial del procedimiento de expulsión y la comunicación por escrito de las decisiones de expulsión, en lengua comprensible y con indicación de las posibilidades de recurso judicial. Respecto a las condiciones del internamiento, garantiza el acceso de las ONGs. Además, los menores tienen garantizados en centros especiales de acogida sus derechos básicos (incluida la educación), y su repatriación sólo será posible, tras tomar en consideración el principio del interés superior del menor, a sus familiares, tutores o centros de acogida que cumplan los requisitos exigidos.
Numerosas instituciones internacionales (OCDE, Consejo de Europa y Comisión Europea) han elogiado el modelo español para gestionar la inmigración, que se basa en tres pilares: la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias, la apertura de cauces de migración legales y el apoyo a la integración en la sociedad de los inmigrantes que llegan, además de la cooperación con países terceros. En la Eurocámara hemos empezado a trabajar ya en la lucha contra las mafias a través de la Directiva sobre las sanciones a los empleadores de residentes ilegales y en la tramitación de un permiso único de residencia y trabajo, para que la inmigración sea una oportunidad tanto para los países receptores como de origen.
Europa seguirá siendo tierra de acogida y abanderada en la defensa de los derechos y libertades en el mundo. Europa no es una fortaleza, y muestra de ello es que en España hemos acogido en los últimos años un número de inmigrantes similar a la población de Irlanda, cuatro millones de personas. La inmigración que queremos es la de personas con derechos y obligaciones.
Javier Moreno, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Justicia y Libertades Civiles del Parlamento Europeo.