Como en todas las revoluciones industriales anteriores, la industria 4.0 reabre viejos debates, debates clásicos en la economía y en la sociedad sobre la relación entre cambio tecnológico y empleo, e introduce otros nuevos de carácter ético. La Fundación Cotec ha llevado a cabo una macroencuesta demoscópica -a una muestra amplia y representativa de la población, con 2.400 entrevistas- para intentar pulsar las actitudes de la sociedad española ante el cambio tecnológico y el grado de preocupación que le generan fenómenos como la automatización, la robotización y la inteligencia artificial. Si hubiera que resumir la gran cantidad de resultados que aporta, podríamos decir que la población española considera que el cambio tecnológico tiene un efecto neto positivo sobre el empleo, pero negativo en términos de desigualdad.
Constatamos que algo más de la mitad de la población activa española -en concreto, el 52% del total- considera que el cambio tecnológico genera más empleos de los que destruye (frente al nada despreciable 43% que opina lo contrario). Aunque, al mismo tiempo, y en un porcentaje más contundente, el 57%, cree que el cambio tecnológico conduce a ampliar las brechas sociales existentes en la actualidad.
Los más jóvenes, los millenials, son los más conscientes de los efectos disruptivos que el cambio tecnológico que estamos viviendo tiene. Consideran que la automatización puede ir más allá de las tareas rutinarias, alcanzando algunas de carácter más creativo. Pero, igualmente, son los que se muestran más convencidos de sus propias capacidades para competir en el nuevo mercado de trabajo, conviviendo con la tecnología.
La digitalización representa, sin duda, un importante motor de crecimiento económico, pero para captar todo su potencial tendrá que ir acompañado de cambios en el modelo productivo y en el modelo de sociedad. Un informe de Cotec-McKinsey nos advierte que el 48% de las actividades desarrolladas en España son potencialmente automatizables con la tecnología actual. Lo que no significa la desaparición de la mitad de los trabajos, sino que parte de las tareas que en ellos se desarrollan, son automatizables. Esto supondrá cambios en la naturaleza del trabajo, en el que las actividades automatizables serán remplazadas por otras de mayor valor añadido.
Nuestro modelo de estructuras laborales presenta muchas disfunciones, y lo que es más importante, no se está adaptando a las innovaciones tecnológicas. Este modelo tiene su origen mucho antes de la crisis económica pero evidentemente la crisis lo ha rematado. Se está pensando en mejorar la regulación sobre unas bases que no van a ser adaptables al tsunami tecnológico que se nos viene encima. Al desempleo estructural al que venimos acostumbrados en España, habrá que sumarle en un breve plazo, el desempleo tecnológico (Keynes). Ello hará que cada vez tengamos una mayor polarización, con mayores avances de ocupaciones de alto valor cognitivo (y por tanto de salarios altos), con otro de fuerte retroceso en aquéllas actividades más rutinarias (y por tanto de bajos salarios y baja cualificación) de la que sólo se podrá salvar el empleo en cuidado de personas. Es un proceso inexorable que hay que tener muy en cuenta para futuras reformas.
Frente a ello caben tres posturas: la resignación (una especie de laissez faire, laissez passer); las reformas parciales con visión cortoplacista (una protección social reparadora); y finalmente, una transformación integral del modelo hacia uno decididamente innovador y de futuro. Dosis de las tres posiciones son necesarias, pero en pura lógica conviene apostar por la transformación.
El que la economía y el mercado se vayan autorregulando siempre es positivo y genera oportunidades. No hay más que ver los ejemplos de las plataformas colaborativas o gig economy que han surgido precisamente bajo esas premisas y que están creando empleo (de otra naturaleza, pero empleo masivo a la postre). La protección de personas expulsadas del mercado laboral o con recursos insuficientes también debe ser prioritaria en un estado del bienestar europeo en el que estamos enmarcados y con los efectos sufridos por una crisis económica devastadora. Pero es, en definitiva, una transformación de modelo basada en una protección social incentivadora del empleo (el mejor paracaídas social) el que puede hacer progresar a España, adoptar la nueva realidad tecnológica y conseguir que sigamos siendo un país a la cabeza en nuestro entorno europeo.
Para lograr esto último hay que ser conscientes que es una tarea de toda la sociedad, es un interés común, correspondiendo obligaciones y responsabilidades a los individuos, a los agentes sociales, a las empresas y al Gobierno. Concienciados todos, será el momento de hacer reformas referidas a políticas de empleo y regulación laboral. Pero más importante que todo ello un gran pacto de Estado que apueste, por orden de importancia, por: 1. La Educación y cualificación a todos los niveles con apuesta por las nuevas necesidades, que es lo básico y primordial para comenzar el camino; 2. El incremento del tamaño de la empresa española que supone siempre creación y mayor estabilidad en el empleo; 3. Apostar por una menor rotación laboral y por una mejor permanencia en el empleo, círculo virtuoso necesario en cualquier mercado de trabajo; 4. Una negociación colectiva innovadora adaptada a las nuevas necesidades del mercado y de los consumidores; y 5. Nuevas regulaciones laborales que recojan de forma ordenada y con seguridad jurídica las nuevas formas de trabajo que han surgido derivadas de las empresas gig.
Cada una de estas medidas requerirán un desarrollo profundo pero, en definitiva, conviene sentar las bases para un futuro que todos deseamos y nos merecemos, en una globalización económica y laboral tremendamente competitiva.
Iñigo Sagardoy de Simón es presidente de Sagardoy Abogados y Cristina Garmendia es exministra de Ciencia e Innovación y presidenta de Fundación COTEC.