Innovando en ejecución penal

La historia del pensamiento nos muestra que este ha avanzado gracias a personas que han sido capaces de ver más allá de su época, de cuestionar no solo el statu quo establecido sino también el supuesto conocimiento que lo sustentaba. Galileo Galilei, como otros, encarna este tipo de pensador que, inconformista, no cejó en su empeño para demostrar que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol.

Sus investigaciones, sus trabajos y sus observaciones le servían para fundamentar su teoría. Pronto sus ganas de saber y su nueva mirada sobre el mundo recibieron la censura de algunos de sus coetáneos. ‘Eppur si muove’ (Y sin embargo se mueve) ha pasado a la historia como la frase que pronunció cuando fue obligado a renunciar a sus teorías por el Tribunal de la Inquisición. Más allá de la veracidad de los hechos (resulta improbable que la pronunciara frente a los inquisidores), la sentencia nos permite presentar, de manera romántica, una actitud que es valiosa para introducir cambios del orden que sea. Galileo nos enseñó cuán importante es la determinación y el convencimiento en una idea, por incómoda que esta en ocasiones resulte.

La historia de la acción social es también la historia de este compromiso, alentado en gran medida por la confianza en una sociedad mejor, más inclusiva, con mayores espacios para el desarrollo de la ciudadanía, con más y mejores posibilidades para la participación y la promoción social. No obstante, en esta amalgama de voluntades diversas y marcos conceptuales para la reflexión algunos temas han resultado siempre de más difícil abordaje que otros, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, el ámbito de la ejecución penal.

Se trata pues, digámoslo ya, de un artículo incómodo, un artículo que intentará ubicar una primera verdad en su núcleo: la nuestra es una sociedad que no garantiza las segundas oportunidades. La nuestra es hoy una sociedad cada vez más desigual, en ocasiones incluso polarizada. A esta realidad constatada desde diversos informes debemos sumar el discurso del éxito que apunta a las características individuales como predictor y que halla su reverso ‘sancionando’ a aquel que fracasa. En este contexto, reivindicar los derechos de aquellas personas que, de una u otra manera, han vulnerado el pacto social deviene una tarea titánica. O una quimera. O ambas cosas a la vez.

Así, a pesar del esfuerzo realizado desde distintas instancias no hemos conseguido que la idea de inserción sea compartida y aceptada por la comunidad en su totalidad. La responsabilidad de los procesos de cambio sigue ubicándose en las instituciones destinadas a tal fin, sea en régimen cerrado o en medio abierto, sin que el discurso haya podido introducir más que mínimos cambios en ese proceder.

Sabemos que este no es un tema fácil, porque confluyen en él cuestiones sensibles y también complejas. El ámbito de la ejecución penal es todavía más el ámbito del castigo que el de la inserción; es todavía más la mirada retributiva que la de la reparación, son los deberes y no los derechos. Y esto es así porque la transgresión, el delito, pone en cuestión el marco de convivencia y nos radicaliza en nuestra identidad.

Protegernos del otro, encerrarle, en ocasiones sin un debate riguroso y sereno. Y, ciertamente, si bien hay delitos que resultan especialmente dolorosos para la comunidad y nos puede resultar difícil abrir ese espacio, no hemos sabido aún graduar la mirada y la respuesta.

Pero ahora no podemos ya rehuir ese debate. Porque la Tierra gira alrededor del Sol y la calidad democrática de nuestra sociedad, su capacidad de generar capital social, se mide en nuestra manera de relacionarnos también con aquellos que han cometido un delito.

De nada sirve ya empecinarnos en ubicar la responsabilidad estrictamente en el individuo, cuando sabemos que su identidad se ha configurado en el marco de una comunidad y que es en ella donde halla también su significación. Y por eso es también desde la comunidad desde donde podemos contribuir a que el delito se convierta en una práctica incompatible con su persona, con sus relaciones, con sus valores.

No es este un camino exento de dificultades, pero es tarea de todos los agentes sociales dotarlo de las máximas garantías para favorecer que esa idea de inserción se materialice, con propuestas innovadoras, con recorridos particularizados en la medida de lo posible, con actuaciones valientes y comprometidas.

Revisar y contrastar datos, proponer acciones, establecer indicadores, impulsar colaboraciones, abordar el estigma, sensibilizar, replicar experiencias. Aprender, compartir y atreverse. Las políticas sociales, una vez más, no son solo una inversión en seguridad, son la promesa de un futuro mejor. El tercer sector social, por su parte, mantendrá firme su compromiso una vez más. ‘Eppur si muove’.

Sonia Fuertes, vicepresidenta de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS).

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