Inocencia corrupta

La corrupción política es una manifestación del poder. En los regímenes dictatoriales la corrupción está en el sistema mismo. En las democracias está presente en proporción a la arrogancia con que se ejercen las tareas de gobierno. Por lo general, la corrupción política responde a la percepción que los administradores de lo público tienen sobre su continuidad al mando de las instituciones y sobre la impunidad de la que gozarán mientras no se vean apeados del poder. Los actores principales de los sistemas autoritarios creen poseer un poder absoluto porque no está dividido entre ámbitos independientes. En las democracias representativas la corrupción se cuela allá donde el poder partidario se cree más duradero y se siente a resguardo de los contrapesos institucionales, e incluso del papel crítico que corresponde a los medios de comunicación. Resulta conmovedor cómo los denunciados, los investigados y sus colegas más solidarios apelan a la justicia e incluso peroran sobre su intención de defenderse mediante querellas de las que nunca se sabe.

Los casos de corrupción se suceden y acumulan, porque la capacidad del sistema para depurar responsabilidades es mucho menor que su disposición a sumar acusaciones, enredos partidarios y procedimientos judiciales. Claro que la algarabía de vergonzosas actuaciones públicas que acapara la primera plana de la actualidad contribuye a trivializar el problema. Podemos pasar de una sociedad indignada a una sociedad anestesiada en el desconcierto de la corrupción. Tras la convicción de que la corrupción anida entre los pliegues morales del partido adversario aparece la necesidad de creer que en casa ajena hay más podredumbre que en la propia. Aun en un momento en el que la fidelidad electoral parece más volátil, nadie está dispuesto a admitir públicamente que sus elegidos le han traicionado corrompiéndose o, mejor, que no sabía que eran corruptos cuando los votó. Resulta enternecedora la resistencia de quienes han sido pillados in fraganti para admitir los hechos con las palabras que los describen más fielmente.

El recurso general a la presunción de inocencia para eludir toda responsabilidad que no dependa del veredicto judicial es algo más respetable que la pretensión de negar indicios y pruebas imputando a los acusadores que actúan movidos por un propósito político espurio. Como cuando el presidente Rajoy reclama que le dejen en paz para no desestabilizar su histórica tarea de sacar a España de la crisis, o como cuando los dirigentes convergentes achacan a la existencia de planes contra el soberanismo la proliferación de noticias que ensombrecen su ejecutoria. Las acusaciones de corrupción no son políticamente inocuas; incluso es probable que los inductores de denuncias, que en ocasiones parecen dosificadas o cuando menos tardías, obedezcan a algún otro interés además de a que prevalezca la verdad. Pero es de una candidez insultante para la ciudadanía tratar de convertir cada noticia sobre corrupción en una maniobra urdida por el enemigo común que reclamaría la complicidad entre el acusado y su pueblo.

La inocencia es la expresión última de la fabulación en la que los corruptos y los corruptores se atrincheran para soportarse a sí mismos y afrontar la pena de telediario que sobre ellos pesa en una sociedad abierta, además de morbosa. Sólo fabulando una actuación inocente, legítima e incluso beneficiosa para la comunidad puede el corrupto soportar lo que le cae encima desde que comienzan a identificarle como culpable de irregularidades hasta que la causa llega –cuando llega– a una vista oral. Aunque la fabulación está presente en su comportamiento mucho antes, puesto que nadie puede creerse ignorante de lo que es lícito y de lo que no lo es en la administración de los intereses públicos en su relación con la avaricia privada. La fabulación se asienta de forma natural sobre el tráfico de influencias, ese espacio ambiguo de resbaladizo encuentro entre lo privado y lo público. Es el vivero de la inocencia corrupta que conduce a la prevaricación, el cohecho y la malversación.

El sistema garantista asegura que haya siempre menos condenados por corrupción que corruptos. Es lo que anima a estos a moverse al margen de la legalidad y a perseverar, cuando son imputados, en convencer a los demás de que son tratados injustamente y en recabar el apoyo solidario de sus compañeros de gobierno o formación. La variante más sofisticada de tal comportamiento es que cuando al imputado se le aplica la responsabilidad política –por parte de la institución o del partido bajo el que se ha amparado hasta ese momento–, se le destituye del cargo público o excluye como militante, la sentencia casi nunca explicita el porqué de su depuración.

Kepa Aulestia

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