Inseguridad jurídica vs. crecimiento e inversión

Es inquietante comprobar cómo las iniciativas políticas que están diseñando los partidos que apoyan el Gobierno de la Generalitat contradicen frontalmente el Estado de Derecho, el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Como empresario y, sobre todo, como ciudadano de una sociedad democrática, me preocupa que responsables políticos no sólo ignoren el marco legal vigente que todos nos hemos dado, sino que incluso ellos mismos lo afrenten tan deliberadamente.

La denominada «hoja de ruta» supone una clara vulneración de nuestro sistema democrático. Y el hecho mismo de diseñarla y proclamarla a los cuatro vientos revela ya de por sí una grave irresponsabilidad. Parece ser que algunos desconocen lo fundamental, que cualquier cambio, incluso menor del Estatut, requiere el voto de 2/3 de diputados del Parlament (90 diputados). Sin embargo, desde CDC y ERC se propone cambiar todo el sistema jurídico-político de Cataluña con una mayoría simple de la mitad más uno de los diputados del Parlament (68 diputados). Es decir, si un partido quiere cambiar la ley electoral o las funciones del Síndic de Greuges, necesita contar con 90 votos, pero para cambiarlo todo –el status jurídico-político de Cataluña y de todos los catalanes– con 68 ya son suficientes.

Esta propuesta no sólo es una contradicción manifiesta, sino que es, repito, una grave irresponsabilidad política. Y lo es hasta tal punto que en la escenificación de la firma de la «hoja de ruta» no están presentes ni el presidente Artur Mas ni Oriol Junqueras, y delegan el honor de aparecer en la foto a representantes de sus partidos. Esa voluntad expresada en la «hoja de ruta», supone, conviene repetirlo todas las veces que haga falta, una vulneración flagrante, en primer lugar, del Estatuto de Cataluña. Y para justificar tan irreal como antidemocrática propuesta, se escudan en discursos tan metafísicos como el de afirmar que hay que «superar» el marco legal actual. Este discurso de «superación» se enmarca, tristemente, en una visión del mundo anclada en el siglo XVIII (revolución americana, por ejemplo) y no en una visión moderna y democrática de un Estado miembro de la Unión Europea. Ese no es el camino. De hecho, ese es el camino a ninguna parte. Estamos en la Europa del siglo XXI, y el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho es la única garantía de seguridad y estabilidad política.

Este modus operandi de provocación legal y política en el que se han instalado algunos políticos catalanes, está causando una gran inseguridad jurídica que indudablemente lastra el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en Cataluña. Quién se arriesgaría a invertir en un territorio cuyas normas más fundamentales son «superadas» tan a la ligera por los llamados a ser prohombres y promujeres de la patria.

Tal como advierten los datos, Cataluña está perdiendo cada vez más inversiones extranjeras, toda vez que las empresas recelan en invertir en territorios en los que sus máximos responsables políticos pretenden saltarse directamente la legalidad. Qué será lo siguiente, podrían preguntarse los máximos ejecutivos de multinacionales que estuvieran valorando la posibilidad de invertir en Cataluña, si los propios representantes políticos vilipendian el marco legal. Tal como se suele decir, y sin falta de razón, el capital es miedoso, y ante la más mínima sombra de incertidumbre no dudan en invertir en otros territorios. Las alternativas son múltiples.

El coste de oportunidad que estamos perdiendo es difícil de calcular, pero si la Generalitat generase seguridad jurídica y política, en vez de inseguridad, el crecimiento y la inversión serían sin duda muy superiores a los actuales. Como dato, nos sirve que la media de inversión extranjera en el conjunto de España crezca (+9%), pero baje en Cataluña (-15%). Cataluña debe sumar y no restar. Debe generar confianza y no desconfianza. Ese es el camino para asegurar el crecimiento económico y la inversión tan necesaria en el contexto que vivimos de una economía global cada vez más competitiva.

El marco de la unidad del mercado español y europeo de los últimos 35 años nos ha dado riqueza y bienestar social, debemos mejorarlo y hacerlo más eficiente, sin duda, debemos crear mejores sinergias, pero no promover la ruptura ni la inseguridad jurídica y política que en nada ayudan a atraer la inversión ni a impulsar el crecimiento económico, que poco a poco va despuntando. Se está perdiendo una gran oportunidad de recuperar la histórica y exitosa posición de Cataluña de motor económico y social de España. Como empresario, quiero volver a visitar otras partes de España y sentir la admiración de clientes y proveedores por la indudable capacidad innovadora y emprendedora de las empresas catalanas, y no ser asociado al actual lamento perpetuo de un vecino quejoso, catastrofista y negativo, con el que algunos quieren que nos identifiquen a todos.

Carlos Rivadulla, empresario y vicepresidente de «Empresaris de Catalunya».

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