Instituciones fuertes = Comunidades seguras

La inseguridad nos sale muy cara. En América Latina y el Caribe, el crimen cuesta cada año un 3.5% del PIB regional. Eso es, aproximadamente, la misma cantidad que invertimos en infraestructura esencial como carreteras, aeropuertos u hospitales. También es la mitad del gasto en salud o educación.

En la última década, América Latina y el Caribe ha aumentado un 34% su gasto en seguridad. Pero la aguja del crimen no se ha movido. Es más, en los países donde más esfuerzo fiscal se registró entre 2010-2012, solo unos pocos tuvieron un éxito proporcional en la reducción del crimen y la inseguridad. En la mayoría de los casos, el crimen aumentó.

Reducir la alta tasa de criminalidad es una tarea urgente. Y no sólo por las vidas que podemos salvar o el bienestar que se puede generar. Además, hay un potencial económico que ahora mismo está bajo candado y que ayudaría a impulsar más crecimiento y prosperidad para todos.

Instituciones sólidas para que el gasto sea una inversión

A menudo pensamos que la solución a todos los problemas pasa por gastar más. Pero en el sector público, gastar es tan importante como gastar bien. Y para gastar bien, hay un prerequisito fundamental: instituciones sólidas.

Recientemente representantes en seguridad de los países de América Latina y el Caribe reflexionaron sobre soluciones para enfrentar los retos en materia de seguridad ciudadana y justicia. Además, se discutió cómo seguir fortaleciendo la calidad de las instituciones encargadas de prevenir y perseguir el delito.

Estas fueron algunas de las reflexiones:

Más coordinación equivale a más eficacia. Los desafíos en seguridad hunden sus raíces en problemas multidimensionales (sociales, económicos, educativos, urbanísticos). Una política de seguridad efectiva requiere la coordinación de muchos actores: policía, centros penitenciarios, tribunales, escuelas, centros de salud. Una herramienta que se está empezando a implementar en algunos países son las unidades de gestión estratégicas (delivery units), que permiten eliminar silos y favorecen la implementación de políticas públicas transversales.

La transformación digital es un abanico de oportunidades. La tecnología y la innovación están permitiendo alcanzar unos niveles de precisión en la gestión de seguridad que hasta hace poco eran inviables. En una región donde la mitad de los crímenes no se reportan, las nuevas comisarías virtuales están favoreciendo que las víctimas denuncien más. También están dando más pistas a la policía sobre dónde están los puntos calientes del crimen que necesitan mayor vigilancia. O la digitalización de la justicia, que va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de datos entre la policía, los tribunales y los centros penitenciarios. Sin duda, un adelanto que puede descongestionar las cárceles de la región, donde el 44% de los presos está en prisión preventiva. Algunos países como Chile han venido construyendo sistemas de justicia digital desde hace varios años. Otros, como Perú y Colombia, han priorizado en sus agendas la digitalización de herramientas de vigilancia policial.

El recurso humano sigue siendo el más importante. La tecnología sirve de poco si no hay talento adecuado para manejarla. En seguridad ciudadana, la incorporación, la formación y la retención de policías es esencial. El ejemplo de Honduras ha sido ilustrador: invirtió en equipamiento tecnológico, profesionalizó las fuerzas de seguridad y adoptó una filosofía comunitaria, e impulsó la inclusión de un mayor número de mujeres en la policía. En cinco años la tasa de homicidios bajó a la mitad.

La prevención del crimen es la política de seguridad más costo-efectiva. En América Latina y el Caribe hay ahora mismo un millón y medio de personas encarceladas. Desafortunadamente, según las estadísticas, uno de cada tres presos volverá a delinquir cuando salga de la cárcel. El problema cada vez se hace más grande. Desde el año 2000, la población reclusa en nuestra región ha aumentado un 120% mientras que en el resto del mundo lo hizo en un 24%. La hacinación, las deficiencias estructurales e insuficiente personal complican el desarrollo de actividades enfocadas a preparar al preso para su reinserción en la sociedad. Para los privados de libertad, hacer condena en una institución penitenciaria bien gestionada puede ser la diferencia entre poner punto final a una carrera delictiva o el inicio de otro viaje de ida y vuelta a prisión.

En política pública, abrir la billetera del Estado para apalancar reformas es importante pero no suficiente. Los países de América Latina y el Caribe necesitan gastar mejor y, para eso, es necesario contar con instituciones fuertes y planes estratégicos que marquen una hoja de ruta clara. La buena noticia es que hoy sabemos mucho más acerca de qué funciona y qué no funciona y contamos con herramientas que pueden permitirnos dar grandes saltos hacia el objetivo de lograr comunidades seguras.

Lea Giménez es la Jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano Sector de Instituciones para el Desarrollo.

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