Instituciones, leyes y poder

Instituciones, leyes y poder

El buen funcionamiento de las democracias representativas depende de la fortaleza y crédito de las instituciones, de la victoria de su normal desenvolvimiento sobre los objetivos, las necesidades o las apetencias de los diferentes dirigentes políticos. En realidad, la democracia, ese amplísimo conflicto de principios e intereses que es su esencia, se basa fundamentalmente en la pugna entre la confianza que depositamos en personas e instituciones y el recelo a que esa representación sea mal utilizada.

El reconocimiento de la pluralidad, el equilibrio de poderes y el respeto a las minorías fortalece y convierte la democracia representativa en un sistema integrador. Creo que fue Popper el que decía que las instituciones sólidas, fuertemente legitimadas, son las que impiden que los efectos de los gobiernos negligentes sean irreversibles. Tal vez sea una visión humilde sobre las instituciones, siempre adornadas de proteicos adjetivos, pero otras más grandiosas y revolucionarias nunca han servido de parapeto ni para los malos gobiernos ni ante las consecuencias de las crisis de diferente naturaleza que con imprevista insistencia nos sorprenden. En realidad, la democracia representativa sobrevive gracias a la frustración que suponen para el gobernante las limitaciones que imponen la realidad, los límites establecidos por la separación de poderes y el normal desenvolvimiento de las instituciones ( ningún dirigente democrático e inteligente ha podido realizar plenamente la gestión soñada los alegres días posteriores a su elección).

El respeto a las instituciones, sobre todo si no poseen la fortaleza y la legitimidad que da el transcurso del tiempo, es imprescindible. Pueden ser modificadas, reformadas y hasta sustituidas cuando los cambios lo hagan imprescindible; lo único que debemos evitar es no respetarlas, porque de su legitimidad depende la estabilidad política y el pacífico desenlace de los múltiples conflictos que en todas las sociedades libres aparecen con la inevitabilidad que provoca la diferencia de pensamiento, de objetivos y de proyectos de los ciudadanos que las integran.

Según escribo me viene a la cabeza un ejemplo de la importancia de las instituciones y de la separación de poderes recogido en el libro ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemogulu y James A. Robinson. Ante la grave crisis económica que sufría la sociedad estadounidense, Roosevelt impulsó el New Deal, una batería de políticas públicas dirigidas a impulsar su maltrecha economía. El presidente había sido elegido holgadamente, los demócratas contaban con la mayoría en las dos cámaras legislativas. No era extraño interpretar que el pueblo se había puesto en las manos de Roosevelt y del Partido Demócrata en aquellos momentos de extraordinaria gravedad, y que quería que los políticos elegidos hicieran todo lo que se pudiera hacer para superar la situación. Pero el impulso presidencial contó con algunos reparos del Tribunal Supremo estadounidense. Éste estableció con sobriedad que «unas condiciones extraordinarias pueden requerir medios extraordinarios, pero las condiciones extraordinarias no crean ni amplían el poder constitucional». Así, los reparos del Alto Tribunal se transformaron en impugnación a unos pocos pero importantes apartados de las leyes del presidente, hoy recordado con merecido reconocimiento.

En las siguientes elecciones, Roosevelt volvió a ganar y lo hizo aún con mayor amplitud. El mandato popular parecía claro, prestaba un margen extraordinario al elegido. El presidente vio el momento de modificar la composición del Tribunal obstruccionista y, aprovechando su popularidad, arengó en sus habituales soliloquios radiofónicos: «... el gobierno estadounidense es como un equipo de tres caballos unidos por la Constitución; los tres caballos son las tres ramas del gobierno: el Congreso, el Ejecutivo y los tribunales. Dos caballos van en la misma dirección, el tercero, los tribunales, no». Arropado por su gran victoria popular, envió inmediatamente a las cámaras un proyecto de ley para realizar los cambios que permitieran dirigir «los tres caballos» en la misma dirección, intentando postrar el Poder judicial a la fuerza dominadora de los otros dos poderes ampliamente dominados por su partido. Hasta los personajes históricos más deslumbrantes no dejan de tener su lado oscuro, Roosevelt también.

El proyecto de ley tuvo un camino complicado en los órganos legislativos. El proyecto pasó del Comité de Asuntos Judiciales al Senado con un informe negativo, sentenciando con rotundidad que la pretensión presidencial era «un abandono innecesario, vano y peligroso del principio constitucional... sin precedentes ni justificación». Hubo acuerdos y cambios, pero la capacidad limitativa de la Justicia sobrevivió a las pretensiones presidenciales y a su inmenso poder (sería preciso señalar que el tortuoso camino legislativo de la iniciativa presidencial se debió en gran parte a la independencia de criterio de algunos legisladores demócratas). No sucedió igual en otros países y el Poder ejecutivo, aunque fuera obtenido democráticamente, consiguió laminar los controles parlamentarios y judiciales (los autores del libro hacen referencia a la Argentina de Perón, concretamente a su apropiación del máximo tribunal nacional). EEUU, manteniendo su marco constitucional, el equilibrio de poderes y sus instituciones fuertes, aseguró el progreso de su nación y la libertad de sus ciudadanos. Esas sólidas instituciones han permitido que la gran potencia americana soporte a presidentes estrafalarios como Trump sin derrumbarse, con la posibilidad cierta de volver a ser lo que fue. Por el contrario, los países en los que sus dirigentes laminaron los contrapoderes y debilitaron las instituciones han podido tener momentos de estimulante excitación política, periodos de progreso económico y social, pero pasado el tiempo viven en la precariedad económica, con una lacerante exclusión social y alguno de ellos con riesgo para la libertad de sus ciudadanos.

En España no estamos en un cambio de régimen como dicen algunos cronistas exagerados y extremos, pero las instituciones corren el riesgo de terminar sin cumplir su trascendente papel. Los peligros que acechan a las democracias representativas son los populismos y los nacionalismos, proyectos políticos que supeditan los medios a la consecución de sus objetivos. Ambos encaraman sus objetivos políticos por encima de las limitaciones que hacen posible la democracia representativa. Los diversos referendos nacionalistas, las leyes de desconexión del Parlamento catalán o el desprecio a las minorías son ejemplos suficientes para poner en duda la supervivencia de la democracia en una Cataluña independiente. De la misma forma, las propuestas políticas de Podemos para soslayar el equilibrio de los diversos poderes del Estado ratifican la amenaza iliberal.

De los ataques evidentes a las instituciones democráticas nos deberíamos defender con facilidad, aunque la confusión en España entre el Estado autoritario y el ejercicio de la autoridad por parte del Estado también nos hace débiles ante estos evidentes peligros. De los ataques nacidos de la ignorancia, de los bienintencionados o de necesidades imperiosas es más difícil. No son consecuencia de estrategias calculadas, no obedecen a fines establecidos; y en ocasiones pasan sin ser advertidos o con justificaciones que parecen suficientes y oportunas.

En España advierto una coalición de quienes ven las instituciones, el equilibrio de poderes y las leyes como un corsé que limita sus pretensiones ideológicas y los que han convertido las necesidades provocadas por la pandemia sanitaria en justificación suficiente para devaluar la importancia del complejo tejido institucional democrático español. Impulsados por la estrategia de unos y la necesidad de otros, asistimos al debilitamiento de la legitimidad institucional, al desprestigio de los tribunales y a la modificación de sus resoluciones por la puerta de atrás, sin que la sociedad se percate suficientemente de las graves consecuencias de tal confluencia.

Los grandes partidos nacionales están llamados a detener ese proceso degenerativo si no queremos que de la democracia española sólo quede el nombre. La imposibilidad de llegar a pactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas se ha convertido en una peligrosa negligencia, en otro triste ejemplo del sectarismo que domina la política española. El asedio a la legitimidad del Tribunal de Cuentas durante las últimas semanas, coincidiendo con el caso de malversación de dinero público por parte de algunos independentistas catalanes, es una exacta representación de la poca importancia que dan unos y otros a las instituciones: los secesionistas no son capaces de comprender que sus deseos estén condicionados por leyes y tribunales; los otros se rebelan ante las «piedras en el camino» que puedan terminar haciendo descarrilar su empeño histórico.

En fin, la dramática incapacidad para el acuerdo, la desconsideración a las instituciones o su banalización, restan crédito a los partidos políticos, debilitan las instituciones y trasladan una imagen al exterior de una democracia poco madura. Lo primero, aunque no lo parezca, es el respeto a las instituciones, sin él no habrá un progreso duradero, ni una igualdad de la que nos podamos sentir orgullosos, ni la libertad suficiente para ejercer nuestra ciudadanía sin cortapisas arbitrarias.

Nicolás Redondo Terreros es ex dirigente del PSE.

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