La libertad de los ciudadanos para desarrollar sus proyectos personales y empresariales descansa, en buena medida, en dos ideas esenciales consagradas en nuestro orden jurídico constitucional: el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y es deber del Gobierno proteger las libertades de los ciudadanos e incluso preservarlas de intereses partidistas velando por la independencia de las instituciones, que son las que garantizan la democracia liberal, la forma de Gobierno por la que hemos optado en Occidente y, más concretamente, en la Unión Europea.
En los últimos tiempos esos principios básicos de la democracia se están corrompiendo en algunos lugares de nuestro entorno y lamentablemente también en nuestro país. Se atenta contra la separación de poderes e incluso se elude el cumplimiento de la Ley, lo que nos hace transitar de lo que podríamos definir como una democracia plena hacia una democracia aparente.
Durante la actual legislatura vienen siendo habituales los ataques a las principales instituciones del Estado desde determinados miembros del Gobierno de coalición PSOE- Podemos-IU, sin que su presidente haya considerado oportuno desautorizarlos.
Ejemplos de la injerencia del Gobierno en las principales instituciones del país, o de la utilización abusiva de algunas de ellas, no son difíciles de encontrar: van desde el ámbito del Poder Judicial hasta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pasando por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se intenta incluso presionar, mediante declaraciones irrespetuosas y muy poco afortunadas, sobre entidades independientes como el Banco de España o la AIReF que, afortunadamente, están respondiendo a esas presiones con sentido de la responsabilidad.
Otro ámbito de injerencia es el de las compañías cotizadas con mayoría de capital privado, como es el caso de Indra, en la que se ha alterado la representación accionarial de su Consejo, vulnerando las normas de buen gobierno mínimamente exigibles.
Sin tratar de ser exhaustivos podemos también citar la decisión de establecer un impuesto adicional a los beneficios de bancos y compañías energéticas. Esto supone, sin duda, una discriminación de trato ante la ley que distorsionará el funcionamiento de la economía generando gastos adicionales que repercutirán en los clientes y dificultarán el acceso al crédito de empresas y particulares.
El ejemplo más cercano de cómo se están haciendo las cosas hoy en España lo tenemos en la forma en que se está gestionando una las leyes más relevantes que las Cortes españolas deben aprobar cada año, por ser el principal instrumento de política económica del Gobierno: los Presupuestos Generales del Estado.
Los PGE deberían ser el resultado de un consenso político y social que anteponga el interés general al del partido o partidos que configuren el Gobierno. En un contexto como el actual, marcado por una creciente incertidumbre, revisión a la baja del crecimiento de las principales economías, tensiones inflacionistas y endurecimiento de la política monetaria, el proyecto de Presupuestos debería centrarse en revertir la maltrecha situación de las cuentas públicas y en favorecer un crecimiento económico más sólido, competitivo y sostenible.
Lejos de esto, el Gobierno pretende sacar adelante unos Presupuestos electoralistas e irresponsables, no en beneficio de los intereses generales sino en beneficio de intereses particulares. No se trata de un proyecto al servicio de todos sino de un proyecto al servicio del Gobierno sin otro objetivo que el de mantenerse en el poder. No hay más que ver el intercambio de favores que el Gobierno y los partidos que lo sustentan están negociando estos días. Favores que insultan la dignidad de la mayor parte de los ciudadanos.
Se trata de unos presupuestos que demuestran que el Gobierno ha perdido el rumbo económico y, probablemente, también el político. No se entiende esa insistencia en sustentar algo tan serio como las cuentas públicas en previsiones de crecimiento muy alejadas de las que presentan las principales instituciones y los más destacados analistas, tanto nacionales como internacionales. Previsiones que, al carecer de credibilidad, carecen también de la capacidad de generar confianza.
Otro aspecto incomprensible de estas cuentas públicas es su insolidaridad trasladando buena parte del coste actual del Estado de Bienestar a las generaciones más jóvenes, erosionando así el equilibrio intergeneracional. Se hace recaer el peso de las pensiones de los baby boomers sobre los millennials y las familias de clase media, en esa fase de la vida en la que recurren al ahorro o al crédito para construir sus hogares.
El Gobierno es además sectario, negando una deflactación del IRPF a las tradicionalmente más sacrificadas rentas medias españolas, que son las que soportan el mayor esfuerzo impositivo en nuestro entorno. Se aleja el Gobierno de esta forma, e inexplicablemente, del actual consenso económico sobre la equidad en la Unión Europea. Compartimos la adopción de medidas excepcionales que apoyen a los colectivos más vulnerables, en el marco de una política fiscal prudente y rigurosa, pero no respaldamos las ayudas indiscriminadas a grandes grupos sociales por mero interés electoralista.
Comprometer el futuro por el presente no es económicamente sensato. El electoralismo es inherente a las democracias liberales, pero nunca debe ejercerse con irresponsabilidad en tiempos de incertidumbre económica. En nuestra opinión, estos Presupuestos pueden hacer descarrilar la economía española, al combinar una política monetaria moderadamente restrictiva desde el Banco Central Europeo con una política fiscal hiperexpansiva, sacándonos de la senda de la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas y de la prudencia económica.
No menos preocupante es la incertidumbre que genera el ritmo de ejecución de las inversiones asociadas a los fondos Next Generation EU. Su estrategia, asignación y administración cuestionan seriamente su impacto sobre el PIB potencial. En su momento, consideramos que estos fondos iban a ser una gran oportunidad para transformar y modernizar nuestra economía, una oportunidad histórica que había que aprovechar. Por ello sugerimos que se constituyera una agencia independiente para su gestión, similar a las que se estaban perfilando en otros países de nuestro entorno.
Podía haberse aprovechado también la experiencia de nuestro sistema financiero en la canalización de esta financiación. Pero no se hizo así y ahora nos encontramos con que los fondos no llegan a sus destinatarios. Y algunas grandes empresas del sector automovilístico empiezan a desmarcarse de los mismos. Una reciente encuesta del Círculo desvela que el 78% de los empresarios consideran negativa o muy negativa la gestión de los fondos europeos y más de la mitad han decidido no solicitarlos.
En el Círculo de Empresarios llevamos muchos años insistiendo en la importancia de la calidad de las instituciones y la seguridad jurídica como elementos esenciales para el desarrollo equilibrado de la economía y de la sociedad. Sobre la solidez de nuestras instituciones se sustenta la arquitectura de nuestro Estado de Derecho. Y es una realidad incuestionable que el nivel de desarrollo y bienestar de un país está directamente relacionado con la calidad de sus instituciones.
Se está produciendo una degradación in crescendo del Estado de Derecho que sería urgente reconducir. El Gobierno de la nación tiene el mandato de sus ciudadanos y, en consecuencia, la obligación de respetar las instituciones y dejar actuar a estas al servicio de la sociedad en su conjunto. Un Gobierno no puede pretender que las instituciones del Estado estén a su servicio. Esta concepción del Gobierno socava los principios del Estado de Derecho y de la separación de poderes y es profundamente antidemocrática. España necesita que el Gobierno gobierne para todos y no para sus propios intereses.
Manuel Pérez-Sala es presidente del Círculo de Empresarios.