Para algunos, la democracia se ha vuelto rutinaria, incluso aburrida, y su supuesta crisis tendría varios indicadores: la corrupción, la baja calidad de sus élites políticas, la poca diferencia de programas entre partidos políticos, y en general el escepticismo social ante la política. Cierto, la palabra política ha perdido tantos enteros que en ocasiones se usa de modo peyorativo, insultante, como sinónimo de intereses y motivaciones poco claros. "Esto es una maniobra política", dice tal personaje, imputado por supuestos delitos económicos.
En cambio, la palabra democracia conserva su prestigio intacto, cuesta imaginarla como término agresivo o insultante. De un modo u otro, todo este proceso viene acompañado de otro más difuso, y es el de la falta de grandes debates de ideas, temas sociales de fondo en el que entren en juego hipótesis de futuro que compitan entre sí. ¿De quién es la culpa? Acaso ni cabe hablar de culpas porque las sociedades son entes vivos, que evolucionan con ritmo propio, y que no parecen necesitar vanguardias, al menos en el sentido que se daba a este término durante buena parte del siglo XX.
Pero un efecto colateral de esta situación es qué pasa con los intelectuales, o si se prefiere: ¿qué función social (todavía) tienen, si es que les queda alguna? Se han dado muchas respuestas, pero insatisfactorias. Para empezar, conviene revisar el concepto. El término intelectual siempre ha tenido un potencial excesivo, una especie de dimensión pretenciosa, pero siempre los ha habido y siempre los habrá. Podemos admitir, en las sociedades contemporáneas, que el problema de la definición no estriba en la vieja contraposición entre trabajo manual e intelectual, no porque ya no exista, sino porque el acceso al saber, a un mínimo de conocimientos y a la especialización del trabajo han modificado la ecuación.
Seamos más modestos: un intelectual es aquella persona que, en su quehacer profesional, lo que dice o hace tiene consecuencias o influencia a nivel social, más allá de su círculo más inmediato de familia y amigos. De ahí, por ejemplo, que los que participan en tertulias, escriben columnas de opinión, etcétera, adquieran una cierta responsabilidad social, quizá menos de la que quisieran tener, pero alguna. ¿Por qué? Porque pienso que en la época actual el intelectual es aquel que crea, orienta o conforma (en menos o mayor grado) la opinión pública, y vivimos en sociedades de opinión. Por ello los intelectuales y los políticos nunca se han llevado demasiado bien, pero la insatisfacción mutua tiene bases objetivas, y es más, es la razón misma de una tensión necesaria.
En este sentido, por ejemplo, quién gobierna tiende a creer que los intelectuales, o al menos aquellos que consideraba próximos, le traicionan, no están en contacto con la realidad, no le apoyan. Pero es que los que conforman la opinión, justamente, si quieren aproximarse siquiera sea remotamente a una necesaria función moral, tienen la obligación de decir lo que piensan, hacer preguntas impertinentes, sostener actitudes críticas, y siempre con criterios lo más objetivos posibles. Es decir, aplicados de modo igual a casos iguales, y no aplicándolos con severidad a unos y parsimonia a otros.
Esta función de conciencia colectiva la han practicado algunos intelectuales durante siglos, y a veces con riesgo considerable. De ahí que Luciano Canfora titulase un brillante libro sobre la profesión del filósofo como Una profesión peligrosa. Pero si algunos lo han hecho en situación de alto riesgo, bajo el estalinismo, el fascismo, el franquismo, lo que no se explica es que en la comodidad de una sociedad democrática, de riesgos muy limitados, el debate de opinión haya perdido tanto impulso, calidad, prestigio.
Uno de los problemas es, por ejemplo, que por muy buena voluntad que uno ponga en el empeño, el hecho de expresarse en tal o cual medio, escrito, televisivo o radiofónico, ya le vincula a un bando, a una posición predeterminada y es igual lo que diga o deje de decir. La vinculación, real, supuesta o exagerada, de los medios a las diversas facciones políticas, nunca había tenido la dimensión (negativa) que tiene en la actualidad. Otro de los problemas es el escaso impacto del mensaje. No parece clara la relación entre fuerzas políticas y medios de comunicación. ¿Quién está al servicio de quién? Pero hay un terreno en el que los que conforman la opinión pública deberían seguir jugando un papel esencial, sobre todo en tiempos en que la violencia en nombre de la intransigencia ha adoptado nuevas y contundentes formas.
Contra ETA hay más unanimidad social ahora que hace 20 o 30 años, y sin embargo la división entre fuerzas políticas al respecto es la peor que hemos visto. Pero a la vez no toda la clase política tiene la misma responsabilidad ante esta banalización del mal. Por tanto, hay que explicarlo para que cada ciudadano pueda al final formarse su propia opinión al respecto. Cuando expresas un punto de vista y llega a cierta cantidad de gente, lo que se espera no es que digas cosas radicalmente nuevas, sino que las expliques de un modo que tenga sentido, pues un síntoma muy negativo que debemos combatir es la sensación de desconcierto social ante cosas que sin embargo deberían ser obvias.
Pere Vilanova, catedrático de Ciencias Políticas, UB.