Intervención militar en Mali: entre la necesidad y la aventura

La resolución 2071 sobre Mali que acaba de aprobar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 12 de octubre de 2012 abre la puerta a una intervención armada en la zona. A lo largo de septiembre, el presidente del gobierno de transición, Dioncounda Traoré, pidió a la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) que interviniera militarmente y, tras su aceptación, solicitó al Consejo de Seguridad que autorizara la operación en los términos aprobados por la Resolución sobre el borrador elaborado por Francia. Su objetivo es articular una fuerza internacional que ayude al gobierno y las fuerzas armadas malienses a reconquistar el norte del país de manos de los grupos yihadistasy tuareg que se lo arrebataron. La secesión ha conducido al creciente control del territorio por los combatientes islamistas de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y Ansaral Din (AD), que representan una amenaza para la paz y la seguridad internacional de los países vecinos por las actividades terroristas y contrarias a los derechos humanos que describe la resolución. La intervención parece una condición necesaria para paliar el problema pero no suficiente porque sobre ella pesan numerosas incógnitas.

La primera es saber si el gobierno de transición articulado en Bamako podrá aprovecharse de la intervención para consolidar la transición y superar sus diferencias internas y las fracturas sociales que facilitaron el golpe de Estado y la ocupación posteriordel territoriodel norte por las milicias tuaregs del Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad (MNLA) y los combatientes islamistas en marzo de 2012. Según la hoja de ruta adoptada por la CEDEAO, el gobierno de unidad dispone hasta abril de 2013 para recuperar el orden constitucional y desarrollar elecciones presidenciales con garantías, dos requisitos para los que necesita recuperar el control de las dos terceras partes del territorio y de la población que ahora está excluida de participar en ese proceso de transición. Preservar la unidad no es fácil entre las fuerzas que apoyan el gobierno de unidad y será más difícil aún cuando tenga que integrar en el proceso a los grupos secesionistas no yihadistas en la gobernanza del país.

La segunda duda es conocer cuál será la articulación y objetivos de la intervención militar. La Resolución establece un plazo de 45 días para concluir la planificación conjunta de la operación entre todos los participantes directos o indirectos. Además de la reunificación territorial, la intervención se propone ayudar a las fuerzas de seguridad malienses a controlar el territorio recuperado, un control que en el pasado sólo ejercieron nominalmente. La CEDEAO se ha comprometido a desplegar una fuerza de 3.300 soldados pero carece de la capacidad operativa necesaria para ponerla en marcha con garantías, por lo que necesitará apoyarse en otras organizaciones internacionales con mayores recursos y experiencia. Una intervención bien planificada y rápida podría acabar con la partición del país y evitar la consolidación de los combatientes yihadistas que están entrenando combatientes, creando células y acabando con líderes no islamistas, especialmente si EEUU y Francia desarrollan operaciones encubiertas contra sus líderes y campamentos de entrenamiento.

Sin embargo, sobre la operación planean serias dudas debido a la mala disposición de los militares malienses –liderados por el capitán golpista Amadou Haya Sanogo– para combatir en el norte y admitir la presencia de tropas extranjeras, especialmente en la capital, por lo que la fuerza se tendrá que desplegar lejos de ella. A ello habría que añadir: la desconfianza entre la Unión Africana (UA) y la CEDEAO; la deficiente coordinación de los relevos entre fuerzas de Naciones Unidas y de la CEDEAO en Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil; la ausencia de Argelia y Mauritania; el recelo de países como Níger y Nigeria a que una intervención mal resuelta les acabe llevando a un enfrentamiento interno con los islamistas; y, no menos significativo, el fracaso reciente de la UE en su misión de reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau de la mano de la CEDEAO.

A la hora de planificar la operación, cada uno de los actores condicionará su contribución a la consideración de sus intereses dentro de los objetivos de la misión. Las organizaciones regionales tienen como objetivo principal restaurar las fronteras alteradas por la fuerza mientras que para los países occidentales es el de luchar contra la implantación del terrorismo. Bien planificada y dotada de los recursos necesarios –una asunción ideal que no suele verificarse en la práctica– la operación podría satisfacer esos intereses particulares pero no son los únicos. De poco sirve que los grupos armados del norte de Mali se distancien de los yihadistas, tal y como pide la Resolución, o que una intervención les desaloje si no se desarman o se desmovilizan porque de lo contrario seguirán ejerciendo el oficio de señores de la guerra y criminales organizados del que han venido viviendo –con la connivencia de los gobiernos de Bamako– hasta la fecha. Sin alternativas económicas o subordinación al gobierno, esos grupos no terroristas seguirán constituyendo un riesgo para la seguridad de Mali y la de sus vecinos regionales y europeos. De hecho, algunos analistas africanos señalan su existencia como la causa principal e interna del conflicto actual, siendo accesoria la llegada de combatientes islamistas y mercenarios armados de Libia, una evaluación distinta a la aplicada en la Resolución.

No está previsto que la UE participe directamente con fuerzas en la misión aprobada pero es posible que a corto plazos e consideren las opciones posibles para complementarla, con mayor posibilidad en sus dimensiones humanitaria y de reforma del sector de la seguridad que en la militar, aunque no es descartable algún tipo de asistencia técnica y logística a la CEDEAO o a la UA. Hasta ahora, la preocupación ha sido mayor entre los países del sur de la UE que entre los del norte, y no tanto por evitar la partición de Mali, sino porque la inacción europea aumenta en mayor medida su exposición a las actividades terroristas, los tráficos ilícitos, las migraciones ilegales y, últimamente, los secuestros, amenazas identificadas por la Estrategia Española de Seguridad de 2011 y por la Directiva de Defensa Nacional de 2012. Tanto Naciones Unidas como la UE tratan de abordar los problemas del Sahel con un enfoque integral, tratando de abordar todas sus dimensiones, implicando a todos los actores y planificando conjuntamente sus actuaciones. Pero está por ver si la operación militar liderada por la CEDEAO aplica correctamente ese enfoque y evita que la intervención militar en Mali se convierta en una aventura.

Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa Real Instituto Elcano.

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