Intervenir el mercado para salvarlo

Se escucha mucho hoy en día alegar que éstos o aquellos (normalmente los trabajadores o los ciudadanos de a pie) no son los culpables de la crisis, de lo que se pretende deducir que no deberían sufrirla. Esta curiosa idea de aplicar la culpabilidad a la economía nos sirve para detectar una paradoja: tampoco la banca ha sido la culpable del inicio de la crisis económica en que vivimos. Muy lejos de ser los causantes, muchos bancos han sido las víctimas, los primeros que han sucumbido ante las malas prácticas que se han desarrollado estos últimos años. Bueno, dirá alguno, no habrán sido los bancos, pero sí los banqueros. Pero tampoco parece muy correcta la idea si entendemos por banqueros a los propietarios de los bancos, es decir, a sus accionistas: es patente que han perdido una enorme parte del valor patrimonial de sus acciones, de forma que son también víctimas, no culpables. Bueno, no sea usted tan puntilloso, dirá mi lector, todos sabemos que nos referimos a los gestores de esos bancos o fondos que han prestado sin garantías y que han embarcado a sus empresas en arriesgadísimas actividades más próximas a la especulación que al negocio bancario. De acuerdo, ahí es donde yo quería llegar: que esta crisis, como algunas otras anteriores, ha sido provocada en parte por la actuación de unos gestores que en lugar de atender al interés de la empresa que les había sido confiada, o al de sus propietarios, han atendido más al suyo personal y particular. Y al tiempo que han arruinado a sus representados, han generado una crisis sistémica de incalculables consecuencias.

Con lo cual, si no me engaño, resulta que nos topamos una vez más (y es la enésima vez que esto sucede en la historia de los dos últimos siglos) con uno de los más difíciles problemas que tiene planteado el sistema de libre empresa, que hasta ahora no ha sido capaz de resolver. El problema de cómo conseguir que los gestores o managers, que dirigen efectivamente una empresa en calidad de fiduciarios de una gran masa de accionistas y de un consejo de administración contemplativo, ajusten su actuación a los intereses reales de esa empresa, y no a los suyos propios. Una cuestión que en el fondo es muy básica, incluso trivial, y que aparece siempre que una persona confía la gestión de cualquier asunto a otra: cómo conseguir que la actuación del agente se alinee con el interés del principal dueño del negocio. La dificultad es débil cuando el principal controla directamente al gestor y puede revocarle su mandato en caso de desviación. Pero cuando ello no es posible, como sucede en las grandes empresas por acciones o en la gestión de fondos de inversión colectivos, nos encontramos ante una contradicción de la lógica económica capitalista: su misma presuposición básica, la de un ‘homo oeconomicus’ autodirigido por su interés, abre la posibilidad de una separación de intereses.

Adam Smith fue perfectamente consciente ya en 1766 de este problema: si los negocios no son gestionados por sus mismos propietarios, sino por unos administradores puestos ahí por una masa de accionistas que sólo miran el dividendo, «prevalecerá en la gestión la insensatez, la negligencia y el derroche», predijo. Más aún, el fundador de la teoría moral que sustenta el libre mercado no le vio solución al problema, sino sólo paliativos: recomendó restringir y evitar este tipo de empresas por acciones. Pero la economía no ha seguido esa vía, sino la contraria: las grandes empresas se multiplicaron y llegaron a ser piezas esenciales de la economía, construidas como corporaciones en que los propietarios reales se desinteresan de la gestión y están atentos sólo a sus dividendos. La gestión la efectúan unos managers a los que ni siquiera el consejo de administración es capaz de controlar, debido a la característica asimetría de información que se genera en estas situaciones: el gestor tiene más conocimientos sobre el negocio que sus propietarios y que los representantes corporativos de éstos. Y cuando el agente tiene más y mejor información sobre el negocio que su principal, ustedes me dirán cómo es posible que éste le controle efectivamente, suponiendo que tenga deseos de hacerlo.

En definitiva, que hace ya tiempo que pasamos de un ‘capitalismo de propietarios’ a otro ‘capitalismo de managers’, en el que aparece una realidad anómala en la teoría estándar del capitalismo: una propiedad que carece de control apreciable alguno sobre la actividad directiva, y un ejercicio de esa actividad sin propiedad apreciable que la respalde. En ella, la lógica de la propiedad sobre la que está fundado el libre mercado deja de funcionar con la seguridad que se esperaba de ella. Nadie obra conscientemente contra su propio interés; pero un gestor de una gran sociedad puede actuar, y de hecho actúa en ocasiones, contra el interés de los propietarios. Lo que significa que necesitamos de una lógica nueva para estas nuevas realidades. Porque, para agravar más aún el problema, resulta además que la gran empresa no es ya un negocio que interesa sólo a sus propietarios. Interesa también, cómo no, a los trabajadores que la hacen viable con su aportación laboral; pero interesa asimismo a los consumidores y, al final, interesa a todo el sistema económico. Sucede que, en último término, las empresas son algo demasiado importante como para dejárselas sólo a los empresarios.

Durante estos últimos veinte años hemos escuchado unas entusiastas predicciones acerca de que el propio mercado sería capaz de resolver este problema: se habían descubierto mecanismos inspirados en la propia lógica mercantil capaces de conseguir lo que parecía tan difícil: atar los intereses de los gestores a sus empresas. Las ‘stock options’, los consejeros independientes, el mercado ‘managerial’, el control de los auditores externos, la imposición de unas sabias reglas contables. Todo un arsenal de medidas que iba a garantizar que la economía societaria y financiera fuera segura y fiable. Lo cierto es que todo ello ha fallado lamentablemente, como escribe el profesor Gondra Romero, y de nuevo nos encontramos metidos de hoz y coz en una crisis similar a la que en el siglo XVIII provocaron las famosas ‘compañías coloniales’ en el naciente capitalismo británico y francés. Similar en su origen, pero multiplicada al infinito en sus consecuencias porque desde entonces ha avanzado mucho la globalización. Eso es lo grave.

Si la lógica de la propiedad que inspira el mercado no sirve para resolver el problema de la agencia en las grandes corporaciones o en las inversiones masificadas, y está claro ya que no sirve, caben en teoría dos soluciones: la primera es la tradicional de la izquierda, y consiste en suprimir la propiedad privada en ellos, en una palabra: nacionalizar. La solución es literalmente absurda, aunque sólo sea porque supone que en una empresa pública no existen problemas de agencia, cuando en realidad existen incluso agravados por relación a la privada (hablaremos de ello en otro artículo); y sobre todo porque prescinde del factor creativo de la economía: la libertad de mercado. La otra solución es la de la regulación externa de la actividad empresarial para conseguir que se ajuste a su propia lógica propietaria. La intervención del Derecho, es decir, del Estado, para imponer el respeto a las reglas de la buena agencia. Esto puede parecer, a primera vista, algo parecido a la nacionalización, pues estamos ante una intervención del Estado en la economía. Y, sin embargo, la lógica y el sentido que hay detrás de una y otra son abismalmente distintas: la regulación externa impuesta por el Estado entraña en el fondo un reconocimiento del papel insustituible del libre mercado. Aunque pueda parecer una blasfemia para los acostumbrados a pensar con categorías ideológicas periclitadas, supone tanto como proclamar que el sistema capitalista se ha convertido en algo de interés público, algo tan valioso para todos que el Estado debe defenderlo de sus propios fallos. El Estado interviene al final, no para sustituir al mercado, sino para garantizar el mercado. Y es que Estado y mercado no son espacios en relación de achique recíproco, como tontamente escuchamos decir un día sí y otro también, sino elementos complementarios para conseguir un único fin: que la libertad humana no descarrile.

José María Ruiz Soroa, abogado.