Intervenir militarmente o no en Libia

Leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación cómo se ha jaleado con euforia y desenfado una intervención armada en Libia, lanzando el peligroso mensaje de que no es necesario respetar el Derecho Internacional vigente y que Naciones Unidas incurre en la «coartada» de la «legalidad internacional» (entrecomillada, para marcar el tono despectivo hacia la misma). Lo importante para muchos analistas es su convicción fanática, su anhelo de adrenalina de sangre y fuego a discreción, con el objetivo de crear un estado de opinión favorable a la intervención armada plena al margen del razonamiento jurídico y de todo planteamiento geopolítico. Niegan que la ONU tenga la responsabilidad general del mantenimiento de la paz y consideran que otros actores, como la OTAN, pueden actuar por sí solos tan legalmente como Naciones Unidas. Si no es necesaria la autorización y se está dispuesto a usar la fuerza, ¿entonces por qué solicitarla denodadamente?

Es la misma táctica y estrategia del Trío de las Azores que muchos denostamos. Naciones Unidas -dicen unos cuantos iluminados en los think tanks o supuestos centros de pensamiento que han florecido como hongos- es un elemento hostil que impide hacer la política exterior al gusto de una gran potencia. O la de quienes se lanzaron a los brutales bombardeos humanitarios dejando las calles y caminos de Serbia llenos de muertos civiles serbios y kosovares sin un solo herido por parte de los agresores de la OTAN. Claman por la intervención armada ya, sin más, para defender -dicen- los derechos humanos. Me recuerda una frase feliz de Paz Andrés: «Todo por el Derecho Internacional pero sin el Derecho Internacional».

Como la ONU (integrada por 192 Estados) teme violar el Derecho Internacional si no se hacen las cosas bien y busca un mínimo consenso para dar la autorización, estos mismos analistas proponen que la OTAN (28 Estados) se alce con la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz en Libia y se lanzan a un discurso a favor de la «infinita legitimidad» de la Alianza Atlántica frente a la ONU y su Consejo de Seguridad. Incluso cualquiera que sea nuestra opinión sobre Naciones Unidas y la posición exclusiva o primordial del Consejo de Seguridad, la Carta es tajante al prohibir a los Estados el uso de la fuerza al margen de la legítima defensa.

El uso de la fuerza está prohibido a todos los Estados, los democráticos (con mayor razón) y los autocráticos; a los del Eje del bien y a los del Eje del mal, a los nuestros y a los adversarios. Y no es admisible decir que un uso multilateral de la fuerza no estaría prohibido a diferencia de la acción unilateral; en el orden internacional sólo cabe la acción institucional. Cuando hay hecho ilícito puede ser un agravante cometer el hecho en compañía de otros, en el Derecho Penal y en el orden internacional (en cuadrilla, banda armada… incluso con los 40 Estados del Trío de las Azores).

Llegado a este punto del discurso, si se llega a actuar bélicamente sin su autorización, lo único congruente sería que los Estados de la OTAN se retiraran de la ONU y se presionara para su disolución. Que se atrevan a hacerlo si creen que es hostil a sus intereses y si estiman que el mundo sería más seguro sin la ONU. Cada Estado o la OTAN haciendo de matón por el planeta…

Es sorprendente que se esté pidiendo la intervención armada con todas las consecuencias y en todos los terrenos cuando los insurgentes repiten de forma sincera que sólo quieren que se adopte la zona de exclusión aérea y que se les ayude con alimentos y asistencia sanitaria. Para que sea efectiva la zona de exclusión aérea, no basta con que la acordara el Consejo de Seguridad -algo que se antoja cada vez más difícil, en vista de lo ocurrido en las últimas reuniones-. No es un brindis al sol; para que nuestros aviones puedan impedir el despegue de los aviones de Gadafi se requiere -como han dicho diversos responsables militares- destruir previamente, al menos, los radares, las baterías antiaéreas y los misiles tierra-aire del dictador libio. Luego es un uso de fuerza que sólo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien tiene su monopolio como el Estado tiene el monopolio de violencia legítima. Y esa competencia la mantiene en tanto no se modifique la Carta o se disuelva la ONU.

Como Libia no ha atacado a ningún Estado, no cabe alegar la legítima defensa individual o colectiva. La OTAN, sin reformar los límites que le impone su tratado constitutivo, ha adoptado diversos documentos puramente políticos de doctrina estratégica global más allá del ámbito espacial de aplicación del Tratado. En uno de ellos dice que «los intereses de seguridad de la Alianza pueden verse afectados por otros riesgos de naturaleza más amplia, incluidos los actos de terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada, y por la interrupción del flujo de recursos vitales». En ese documento y en otro párrafo se hablaba también de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Se daba un cheque en blanco para todo tipo de acciones armadas, en cualquier parte del mundo, desafiando el respeto a la ONU y a su propio Tratado fundacional, que, por otra parte, no se atreven a modificar pues requeriría la autorización de los parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros de la OTAN.

Naciones Unidas, en este concreto conflicto que afecta a la paz y seguridad internacionales, ha actuado de forma aceptable, condenando por unanimidad las violaciones a los derechos humanos y al propio Derecho Internacional en la represión de los disturbios o en los ataques con medios militares a la población civil; y, a los pocos días de iniciadas las matanzas en Libia, aprobando todo un abanico de medidas coercitivas que no implican uso de fuerza y negociando un consenso mínimo (posiblemente con las abstenciones pertinentes) para responder a la petición de una zona de exclusión aérea. Pero que nadie se llame a engaño, no estaría garantizado que los bombardeos preventivos no ocasionen víctimas civiles o daños en bienes civiles. ¿Y sería suficiente con esa medida? ¿Y si hay que pasar de la exclusión aérea a los bombardeos masivos, como se decidió en el caso de Serbia?

¿Son los derechos humanos y las violaciones al Derecho Internacional lo que nos preocupa de verdad? Además, nuestras sociedades occidentales no soportan ver soldados de los nuestros muertos ni en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Líbano… A los que claman por una intervención por las bravas en sus titulares y editoriales no les importa que se bombardee cuanto más mejor, y seguir mostrando al mundo la cobardía moral de los occidentales de hoy en día, como en Kosovo: dispuestos a matar por los musulmanes cometiendo toda suerte de crímenes de guerra -como numerosos informes y estudios han demostrado (incluido Wikileaks)-, pero sin estar dispuestos a morir por ellos. Al igual que las barbaridades cometidas por la OTAN en Kosovo, un crimen no anula otro crimen, sino que el resultado es una suma de crímenes: a los crímenes de Gadafi y los suyos se añadirían los nuestros.

Dejemos hacer a los libios lo que tienen que hacer. Los pueblos tienen derecho a levantarse en armas contra sus opresores, no es un ilícito internacional. Ayudémosles acompañando sus acciones, con ayuda humanitaria masiva y, si lo autoriza la ONU, con la zona de exclusión aérea. Y que este conflicto no sea una muestra de la perpetua desunión europea. Francia ya ha hecho otra de las suyas con el reconocimiento del Gobierno nacional de Transición libio; no se lo reprocho sólo porque un mes antes ponía la mano en el fuego por todos los dictadores norteafricanos, sino porque no esperó siquiera a que tal decisión la adoptara el Consejo de la Unión, tras la petición del Parlamento europeo.

Creo que la actuación española ha sido correcta; España y el conjunto de Estados de la UE -incluida Francia, aunque haya querido dar la nota- reconocemos habitualmente Estados y no Gobiernos. Las relaciones diplomáticas son con los Estados, no con los Gobiernos. Si bien es cierto que esa reserva se puede levantar en aras de una actitud colectiva e institucional europea para mostrar nuestro apoyo a los que luchan por la libertad de Libia.

Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.

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