La creación de un banco malo que permita sanear el sistema financiero español es una metáfora elocuente de las especiales características que presenta la crisis que padecemos, con sus derivaciones sociales e institucionales. La imperiosa necesidad de instalar una depuradora en el sistema para liberarlo de los elementos tóxicos que ponen en peligro la viabilidad o la rentabilidad de las distintas entidades bancarias alimenta la falacia de que el lastre inmobiliario constituye una secreción ajena a la actuación de estas últimas y a la voracidad –pasada y presente– de los impulsos financieros. Purgar sus tuberías constituiría una obligación pública, puesto que las firmas crediticias –sus millones de accionistas– ya habrían pagado con creces su parte de contribución a la sostenibilidad del sistema.
Al presentar las impurezas del ladrillo como un fenómeno extraño a la lógica financiera se asienta la idea de que el mecanismo de lavado ideado para librarse de ellas desemboca, inevitablemente, en un banco malo. Lo que impide al ministro de Economía, Luis de Guindos, borrar en las informaciones una denominación que resta atractivo a la nueva entidad. Porque no solo describe la naturaleza del problema en cuanto a su origen sino que extiende los peores presagios sobre el futuro de la operación diseñada con el nombre oficial de Sociedad de Gestión de Activos. Una operación que además contiene una cláusula misteriosa, cual es la fórmula que fijará el precio al que la entidad depuradora adquiera los activos emponzoñados para devolverlos al mercado en condiciones de salubridad. Es en este punto donde la metáfora del banco malo se enfrenta a una disyuntiva imposible: o tira precios agravando la situación del sector inmobiliario y volviendo patética la peripecia de quienes mensualmente continúan respondiendo al compromiso hipotecario contraído respecto a un patrimonio devaluado sin remisión, o se inventa un artificio tasador que mantenga al alza el precio del metro cuadrado con el consiguiente riesgo de que la citada Sociedad de Gestión de Activos acabe siendo un fiasco.
El recurso ineludible al banco malo representa el modelo al que instintivamente aspiran las instituciones en momentos de apretura. La secuencia está clara. En primer lugar se trata de identificar el mal, acotándolo y situándolo fuera de la racionalidad del sistema de que se trate: sanitario, educativo, de servicios sociales, de pensiones o de prevención de incendios. A continuación se procede a una segregación de las soluciones que requiere ese mal supuestamente ajeno a la naturaleza pretendidamente salubre del sistema de que se trate, sin especial preocupación respecto a la eficacia real de la alternativa por la que se opte o sobre sus consecuencias. De modo que las instituciones respondan únicamente de un interés común cada día más restrictivo, dejando al margen de los compromisos compartidos aquellas causas imposibles que hayan sido condenadas a formar parte de una alteridad prescindible. Ni qué decir de los estigmas y prejuicios que acompañan al proceso descrito. Semejante tendencia, convertida en una concatenación de decisiones insoslayables, no solo puede ser objeto de censura desde un punto de vista ético y solidario. Resulta además que los intentos de centrifugar los males del sistema acabarán, con toda probabilidad, siendo infructuosos. Si el banco malo no logra el milagro de alcanzar un punto de equilibrio en cuanto al precio de compra y de venta de los activos que pretende sanear, el erario no tendrá más remedio que hacerse cargo de sus pérdidas, de modo que el mal pretendidamente conjurado volverá a lastrar al sistema que quiso librarse de él por decreto. Lo mismo ocurrirá con las personas y sectores sociales que el sesgo de los recortes presupuestarios empuje al desahucio ahora. La inmigración sin papeles incrementará el gasto sanitario si hoy es excluida de la atención gratuita, mientras las cuentas públicas se maquillen y las personas enfermas deambulen en busca de algún remedio en la periferia del sistema instituido. La depuración de la población escolar y universitaria a base de cambios normativos que persiguen un ahorro inmediato aumentará los costes sociales, aunque ello no se consigne en los presupuestos del presente ejercicio y pueda soslayarse en la redacción de los de 2013. La sucesión incontrolable de medidas de ajuste que apelan a la responsabilidad de las familias para reducir el gasto del Estado providencia sirve para inclinar el modelo de copago en beneficio de las instituciones públicas. Pero los perjuicios causados por tan repentinos cambios acabarán llamando a las puertas de ese mismo Estado, por huidizo que se vuelva con el argumento de la crisis.
Kepa Aulestia.