Inútil lamentarse

El temor reiterado públicamente a una baja participación en las elecciones al Parlamento Europeo puede contribuir más a confirmar la alta abstención que a prevenirla. Entre otras razones, porque la llamada a las urnas por parte de las distintas formaciones está respondiendo a las necesidades internas de la política partidaria más que al propósito de dotar de legitimidad social a la Cámara de Estrasburgo. De manera que la preocupación mostrada por los gobiernos y los dirigentes nacionales respecto al desinterés ciudadano hacia Europa esconde una buena porción de hipocresía, dado que los comicios europeos aparecen casi exclusivamente como una oportunidad para medir fuerzas dentro de cada país. La campaña en España está ofreciendo su ejemplo más palpable. Su desarrollo, polarizado entre PSOE y PP, es equiparable por su orientación – aunque no por su notoriedad-a cualquier proceso de generales. Si acaso con la salvedad de que, en esta ocasión, más que ganar, ninguno de los dos contendientes quiere perder. Además, los recursos que uno y otro están empleando para descolocar al adversario resultan tan poco elevados que nadie diría que se trata de una convocatoria a todos los europeos.

Tiempo habrá para evaluar las consecuencias de una campaña que, a un año y algo de que se inaugurase la legislatura de la distensión en España, está reflejando una inquina entre populares y socialistas que recuerda al periodo anterior. Pero el uso instrumental de las elecciones europeas por parte de las dos grandes formaciones españolas es un reflejo más de la resistencia que los poderes nacionales mantienen ante la eventualidad de que las competencias transferidas al ámbito europeo vayan acompañadas de un protagonismo análogo para sus instituciones. La manera en que los partidos confeccionan las listas de candidatos para Estrasburgo, dando cabida en sus primeros puestos a personas que han sido excluidas del protagonismo nacional y completando las papeletas con jóvenes promesas que dan comienzo a su carrera desde la lejanía, es una expresión más de dicha resistencia.

La gran contradicción que atenaza a la arquitectura europea es que, mientras las instituciones nacionales se resisten a equiparar el protagonismo de los órganos europeos a las atribuciones que posee ya Bruselas, esa misma arquitectura parece trasponer el paradigma del Estado nación a un ámbito que integra a 500 millones de habitantes con, por lo menos, 27 sentimientos de pertenencia distintos. Como si la organización del poder democrático válida en cada país pudiera servir de modelo, sin más, para el diseño político de la Unión Europea. La elección directa de los parlamentarios europeos supuso un importante paso adelante en la acreditación de las instituciones de la UE. Pero sería ingenuo pretender que esa elección, sujeta a circunscripciones nacionales, conlleva automáticamente un grado de legitimación social equiparable a aquel del que gozan los legislativos nacionales. Y no tanto porque las potestades de la Cámara de Estrasburgo son mucho menores respecto a la Comisión y especialmente respecto al Consejo que las que los parlamentos nacionales poseen en relación con sus respectivos gobiernos, como sobre todo porque la legitimación social de las instituciones democráticas depende de la percepción que los ciudadanos tienen de dónde se encuentra la fuente de los beneficios que les supone su participación en un sistema democrático.

La distribución competencial entre los distintos ámbitos institucionales en los que se organiza el poder político no se corresponde exactamente a la idea que la ciudadanía se hace de la fuente de los beneficios públicos que recibe o demanda. Los gobiernos nacionales tienden a escudarse en que Bruselas limita su campo de acción cuando necesitan justificar su inoperancia o explicar malas noticias. Pero en ningún caso conceden a la Unión Europea y a sus instituciones aquellos méritos que pueden reivindicar para sí. Mientras la cesión de competencias a favor de la Unión no vaya acompañada de una transferencia voluntaria de protagonismo, la llamada a la participación electoral para Estrasburgo continuará siendo, en buena medida, un ejercicio de hipocresía encubierta. A tenor de la práctica partidista nacional, el legislativo europeo debería ser elegido indirectamente, a través del Parlamento de cada país. Pero ello representaría tal retroceso que acabaría haciendo naufragar la propia aventura europea. Un Parlamento Europeo elegido directamente siempre será más legítimo que una Cámara de elección indirecta. Conformémonos por ello con una baja participación.

Kepa Aulestia