El Consell Assessor per a la Transició Nacional, creado por la Generalitat de Catalunya el pasado mes de febrero y constituido en abril, forma parte –ciertamente sólo estética– de la necesidad litúrgica que un proceso soberanista como el que se vive en el Principat. No es cierto, como se dice, que los modos litúrgicos –referidos especialmente a las celebraciones religiosas– sean hueros, vacíos e inútiles. En absoluto: la liturgia en el ámbito religioso como el protocolo en el civil son expresiones de poder. Nada se parece más a una misa de pontifical que la apertura de las Cámaras en el Reino Unido, cuando la reina, tocada con un manto de armiño y con la testa coronada, se dirige a los Lores y los Comunes en un discurso que redacta el primer ministro de turno.
Los asesores de Artur Mas han querido envolver en cierta pretenciosidad –apariencia de importancia– los hitos de este improbable proceso político. En ese contexto se inserta el Consell Assessor, pero también el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que se reunió en junio pasado en una sala con una mesa de dimensiones inhabituales que captada desde el vuelo de la estancia con todos los asistentes sentados en su torno ofrecía una imagen de sugestiones históricas. La pomposidad verbal de los nacionalismos –de todos–, enfatizada en ocasiones especiales, completa la pretenciosidad buscada confiriendo a actos y discursos un sesgo melodramático que transita fácilmente de lo solemne a lo ridículo.
Esa frontera la ha traspasado el voluminoso informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (200 folios), que el president de la Generalitat ha acompañado a la carta que ha remitido a su homónimo del Gobierno central en la que le reclama una negociación para la celebración de una consulta soberanista en Catalunya. Se trata de un anexo perfectamente inútil a la misiva, tanto para Mas como para Rajoy. Ambos saben, como también todos los miembros del Consell, sean o no juristas, y más que ninguno su presidente, Carles Viver Pi-Sunyer y, desde luego, Miquel Roca, padre de la Constitución, que basta cualquier procedimiento de interpretación de los artículos 1 y 2 de la Constitución (hermenéutica literal, histórica o, incluso, alternativa) para llegar a una conclusión indubitable: una consulta para decidir la separación de un territorio del Estado español impacta sobre la soberanía que reside en “el pueblo español del que emanan” todos sus poderes y sobre el propio fundamento de la Constitución que es “la indisoluble unidad de la Nación española”. Desde el punto de vista jurídicoconstitucional, el informe es de una inutilidad manifiesta, se entrega a una jungla de argumentos especulativos y llega a unas conclusiones que mezclan lo normativo con lo sociológico y con conceptos de ciencia política, recientes unos, añosos los más. El informe es un pisto, además de innecesario, contradictorio, porque se ha venido manteniendo desde Catalunya que el problema no tiene un salida jurídica, sino política. Mucho más cuando el Tribunal Constitucional –aunque este sea un argumento con mala prensa y escaso poder de convicción– tiene suspendida la declaración soberanista del Parlament de enero de este año. De tal suerte que si lo que Mas pretende –y lo pretende– es una consulta sobre la independencia de Catalunya y la consecuente creación de un Estado propio, CiU, ERC y los grupos políticos que secundan sus propósitos han de pedir la apertura de un auténtico proceso constituyente. La alternativa –guste o no que se diga– es la que propugna ERC: la declaración unilateral de la independencia de Catalunya... y que salga el sol por Antequera.
El informe del Consell es una banalidad. Vayamos, pues, a lo serio. El planteamiento del secesionismo no tiene apoyo jurídico-legal (y aquí no estamos en Escocia, ni en Quebec, para lo bueno y para lo malo) ni hay mayorías electorales suficientes para insurrecciones decimonónicas. La apuesta ha de ser, inevitablemente, por una negociación política practicable en la que el Gobierno español disponga de margen y la Generalitat evite adentrarse en un proceso de implosión de Catalunya. Esa negociación tiene razones, dispone de salidas constitucionales –mediante leyes orgánicas– y puede y debe versar sobre necesidades objetivas de Catalunya en el orden financiero, competencial, lingüístico-cultural y otros adicionales. Y debería ser el prólogo de la gran reforma constitucional que España en su conjunto necesita. Dejemos ya de trastear al morlaco y vamos a la faena. ¿Miedo escénico? Comprensible. ¿Elecciones plebiscitarias? Tal vez. ¿Propiciarían para CiU otro tiro en el pie como las del 25-N? Con toda seguridad.
José Antonio Zarzalejos