La difícil situación económica y financiera de España es fruto en gran parte de la crisis mundial, pero las consecuencias son especialmente graves debido a la burbuja inmobiliaria, la gran deuda que debemos afrontar y la dudosa capacidad de respuesta a las exigencias de la economía internacional. Pese a la cuestionada credibilidad de las agencias de calificación, después de que la semana pasada Moody's advirtiera de la posibilidad de rebajar la nota de solvencia española, el Ministerio de Economía corrió a anunciar que adelantaría la publicación de las cuentas de las autonomías para evitar especulaciones que pongan nerviosos a los mercados. El poder de un ente tan amplio y poco definido como los mercados es hoy más evidente que nunca. Actúa por encima de los propios estados y se manifiesta en varios frentes: el margen de maniobra y la influencia de los bancos, la fuerza de los especuladores, la falta de control sobre la bolsa, los condicionamientos derivados del mercado único europeo, para bien y para mal...
Cuando un barco se hunde porque se encuentra en mitad de una tormenta, el equilibrio pasa por aligerar peso y mantener la estabilidad de la embarcación. En una coyuntura así, lo más difícil es distinguir con certeza entre lo que se puede tirar al agua y lo que forma parte integral del barco y es, por lo tanto, imprescindible. La tripulación y ciertas partes de la nave no deben ser lanzadas nunca por la borda; además de que son necesarias para seguir navegando, deshacerse de ellas significaría perder por el camino lo que da sentido al viaje. El Gobierno se halla en plena tormenta y afirma que se ha visto obligado a tomar unas medidas -algunas quiero pensar que con dolor, por la poca concordancia con las líneas ideológicas de su programa- que los mercados exigen para evitar que el oleaje derribe nuestro modelo de sociedad. Pese a las múltiples medidas antisociales derivadas del plan antidéficit de mayo, parece que la carga que llevamos aún es demasiado pesada y se nos piden más esfuerzos. ¿Pero quiénes o qué debe sacrificarse? Entre el tijeretazo inicial y las medidas más recientes hay algunas que atacan directamente a las personas más vulnerables, con menos capacidad para protestar. La retirada de los 426 euros a la mayor parte de las personas que han agotado la prestación de paro y la congelación de pensiones y jubilaciones que ya eran bajas comportan un riesgo elevadísimo de generar nueva pobreza o de agravar la existente.
El informe Societat Catalana 2010, de la Associació Catalana de Sociologia, alerta del riesgo de fractura de una sociedad más polarizada y más fragmentada, donde las desigualdades afectan a unos grupos sociales concretos y abren grietas en la cohesión social. Habla de crisis «muy selectiva» y plantea la necesidad de fortalecer las bases de la convivencia colectiva. Si no queremos que el barco se hunda, además de mantener la estabilidad, hay que reparar los boquetes.
¿Es esto lo que está haciendo el Gobierno? Al margen del resultado que puedan dar las sumas astronómicas que se están dedicando a los bancos y a la empresa privada -para que sea capaz de crear empleo, innovar, abrir nuevos mercados y, en definitiva, generar actividad económica, como dice el discurso oficial-, hace falta fijar unos mínimos intocables en materia social que no se deberán tirar por la borda en ninguna circunstancia. Porque el coste social podría ser muy superior al económico. En un país donde el gasto social está siete puntos por debajo de la media europea, ¿se puede justificar la reducción de esta inversión? Los compromisos adoptados hace años para la construcción del Estado de bienestar y los derechos reconocidos por la Constitución española deberían servir para evitarlo. Las políticas sociales plantean una cuestión de prioridades fundamental e ineludible.
Según Eurostat, en el 2008 (¡antes de la crisis!) el 19,6% de los españoles estaban en riesgo de pobreza. En el 2009, el Idescat identificaba un 18,4% de población en riesgo en Catalunya. ¿Cuál será la proporción dentro de un año si no garantizamos unos medios de subsistencia mínimos para todo el mundo? La demanda de servicios sociales y de atención a personas en situación o riesgo de exclusión sigue creciendo. Cada vez hay más población dependiente de la caridad, de los bancos de alimentos, de algún comedor social o de lo que encuentra en los contenedores. Cada vez vemos a más ciudadanos durmiendo en la calle o, con suerte, en albergues sociales.
Las entidades de acción social nos vemos en la complicada posición de tener que atender a más personas con recursos menguantes. Nos enfrentamos a situaciones de penuria que no siempre somos capaces de resolver y que nos obligan a decir en voz muy alta que se están traspasando los límites de la dignidad humana. El barco se hunde y parece que, para el Gobierno, el lastre son los colectivos más vulnerables, formados por personas que han tenido menos oportunidades y que no tienen voz ni poder. El capitán ha decidido que son una carga que dificulta el cumplimiento de las exigencias que impone un mercado todopoderoso que, a diferencia de los pobres a los que empuja por la borde, no tiene rostro.
Teresa Crespo, presidente de Entitats Catalanesd'Acció Social