La principal prioridad de la nueva Comisión, y con razón, es obtener resultados positivos mediante una ambiciosa agenda para el crecimiento y el empleo. Según las previsiones más recientes, habrá un débil crecimiento económico durante el resto del presente año, tanto en la Unión Europea (UE) como en la Eurozona. Este lento ritmo de recuperación previsto no permite abordar un desempleo persistentemente elevado, y la competitividad de Europa en el mundo globalizado se está viendo deteriorada.
Urge actuar ya. Una vez superada la crisis de la deuda soberana, es necesario un nuevo impulso centrado en desbloquear la inversión. Amplificado por la crisis, el nivel de inversión se ha reducido en unos 430.000 millones de euros desde su máximo de 2007, lo que representa una caída del 15%. En algunos Estados miembros, este descenso es aún más espectacular. Debe hacerse mediante una movilización inteligente de finanzas públicas y privadas, en la que cada euro procedente de las arcas públicas se utilice para generar nueva inversión privada sin crear deuda pública.
Esta nueva estrategia de inversión no bastará. Para impulsar el crecimiento y el empleo se precisan acciones políticas a todos los niveles de la Administración, que utilicen todos los instrumentos disponibles tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta. Debemos seguir abordando los factores estructurales que se encuentran en la base de la persistente debilidad de la demanda agregada, especialmente la inversión, a la vez que aumentamos nuestra competitividad, movilizando el potencial de la producción y desplazando la frontera de producción de la economía europea.
La respuesta a los actuales desafíos económicos no puede ser descendente. Bruselas no dispone de ninguna receta milagrosa ni puede apretar ningún botón. La prosperidad y la confianza en la sociedad europea sólo se podrán restablecer combinando políticas estructurales, fiscales y monetarias a nivel nacional y de la UE, de forma integrada y favorable al crecimiento. El plan de inversión deberá ir acompañado de estos objetivos políticos. El Banco Central Europeo (BCE) ya ha adoptado algunas importantes medidas para facilitar la orientación de la política monetaria y mejorar su transmisión a unas condiciones financieras más amplias. Seguirá desempeñando un papel esencial por lo que se refiere al apoyo a la actividad económica durante su mandato, y lo hará con total independencia.
La importancia de un plan de inversiones para Europa ha quedado sobradamente demostrada. Sin embargo, los niveles de inversión actuales en la UE son de entre 270.000 y 340.000 millones de euros, por debajo de lo históricamente necesario. Parte de este descenso se debe a una corrección tras la excesiva inversión en el pasado (especialmente en el sector inmobiliario en determinados países), pero las últimas previsiones de la Comisión ponen de manifiesto que este bajo nivel sigue frenando la frágil recuperación de la Unión Europea y, en especial, de la zona euro. Si bien se dispone de liquidez suficiente, las deudas pública y privada siguen siendo elevadas y limitan el margen de maniobra financiera de muchos agentes. Al mismo tiempo, existen muchas necesidades de inversión y muchos proyectos económicamente viables en busca de financiación.
Actualmente, las incertidumbres y la aversión al riesgo de los promotores de proyectos frenan las inversiones. Por ello, es necesario que haya confianza en el marco económico global, previsibilidad y claridad en la formulación de políticas y en la regulación, confianza en el potencial de los proyectos de inversión que se están desarrollando y capacidad de absorción de riesgos para atraer a inversores privados y promotores de proyectos. Las autoridades públicas deben abordar estos aspectos a todos los niveles. Es justamente en este punto donde la UE puede desempeñar un papel único mediante el uso de instrumentos como los derivados del presupuesto de la Unión y en el marco del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En este contexto, la Comisión y el propio BEI están preparando el lanzamiento de una iniciativa que ascenderá a 300.000 millones de euros y con una duración de tres años. El objetivo es desbloquear una muy necesaria inversión, con capacidad de absorver el riesgo en áreas clave como las infraestructuras, la educación, investigación e innovación, energías renovables, economía digital y desarrollo de las pymes. Y en este contexto, los obstáculos normativos que dificultan la inversión deben de ser considerados detenidamente y, en su caso, eliminarse. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de pensar de forma más innovadora y facilitar el desarrollo de instrumentos financieros conjuntos.
Esta iniciativa se ha integrado en una estrategia más amplia dirigida a la introducción de reformas estructurales para modernizar áreas como la energía, las telecomunicaciones y la economía digital. Se hará mediante una ambiciosa agenda para el Mercado Único y también se contemplan medidas para crear un mercado financiero europeo con nuevas oportunidades de crecimiento y empleo. Además, se precisa flexibilidad para abordar las distintas necesidades de los sectores y las regiones respectivos. Y, por último, pero no por ello menos importante, son necesarias unas políticas presupuestarias responsables y debidamente diferenciadas en los distintos países que incentiven la recuperación e impulsen la confianza necesaria para invertir en un futuro próspero en la UE.
Jyrki Katainen es el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad; y Werner Hoyer es presidente del Banco Europeo de Inversiones.