Invertir los gastos militares en seguridad

El SIPRI presenta este miércoles, 2 de mayo, los datos de gasto militar mundial del 2017, un buen indicador para entender la manera en que un país gestiona su seguridad. Ese mismo día, la campaña internacional sobre los gastos militares (GCOMS, en sus siglas en inglés) del International Peace Bureau (IPB), coordinada desde Barcelona por el Centro Delàs, realiza más de un centenar de acciones de protesta en todo el mundo.

En el caso español coincide casualmente con la aprobación de los Presupuestos del 2018. El presupuesto del Ministerio de Defensa español planificado para este año aumenta un 10,55% respecto al 2017, alcanzando los 9.635 millones de euros. Por lo que se refiere al cálculo del gasto militar según el 'criterio OTAN', la cifra se eleva a 17.298 millones. Sin embargo, el gasto militar real del 2018 será mucho mayor, ya que cabe incluir partidas inicialmente no consideradas así como los intereses de la deuda militar, con lo que se alcanza la cifra de gasto militar final real de 20.194 millones, el 1,69% del PIB y el 4,48% del presupuesto.

Es especialmente relevante el incremento en créditos a la I+D militar del Ministerio de Industria con un aumento del 54,6%, 165 millones extras para la producción de nuevos armamentos. La I+D militar de Defensa es, por su parte, de 211 millones, también superior a la del ejercicio anterior. España ha destinado un total de 28.800 millones a la investigación y desarrollo de armamento, 19.600 provenientes del Ministerio de Industria. Es necesario primero un ejercicio de transparencia e incorporar esta partida al debate sobre el gasto militar y, sobre todo, hay que eliminar esta práctica consistente en conceder ayudas a la industria militar. Los presupuestos públicos no deben ser utilizados para de algún modo subvencionar a las empresas de armas.

Por lo que se refiere a las partidas inicialmente no incluidas en el cálculo inicial presupuestario de defensa, pero de la que existe una estimación ya realizada, destaca la de operaciones militares en el exterior, de la que se prevé un presupuesto de 1.100 millones para 2018. España ha destinado un total de 13.483 millones a mantener sus operaciones militares en el exterior en escenarios de conflicto armado, un enorme coste no solo humano sino también económico. Un parte importante de este coste podría haberse evitado. Solo la participación en las guerras de Afganistán, Irak y Libia han supuesto más de 4.000 millones. El nuevo intervencionismo militar español en el Mediterráneo y África consume 567 millones en recursos públicos solo en el 2017 y, muy probablemente, la cifra del 2018 sea similar.

Por otra parte, la partida de inversiones militares, que incluye el pago de los controvertidos programas especiales de armamento (PEA), se lleva 3.696 millones. María Dolores de Cospedal ha anunciado además un nuevo ciclo inversor del Ministerio de Defensa concretado en siete programas especiales de armamentos con un coste inicial de 10.805 millones. Estas nuevas armas, algunas de ellas ya anunciadas, son los blindados 8×8 Piraña, la fragata F-110, cuatro drones Reaper, helicópteros NH-90 y Chinook. A los que hora se añaden: aviones de entrenamiento, aviones de reabastecimiento en el aire y la modernización de sistemas de mando y control aéreo. Unos nuevos sistemas de armas que vienen a engrosar los PEA ya existentes, algunos de ellos aún en construcción, que han representado un coste para el erario público español de 34.240 millones, y de los cuales aún se adeuda todavía la cifra de 21.351 millones.

La deuda militar no es solo la proveniente de los intereses de la deuda del déficit presupuestario anual, sino también las obligaciones de pago de faraónicas inversiones en nuevos armamentos que, como ya afirmó el exsecretario de Estado de Defensa Constantino Méndez, son sistemas de armas que no van a ser usados, que son para conflictos que no existen y, lo que es peor, que se compran con recursos que no teníamos ni vamos a tener.

¿Qué podríamos hacer con este dinero si no fuera destinado a menesteres militares? Podrían invertirse en seguridad, pero de la de verdad. En la seguridad que dan las políticas sociales. Solo con la cuestión de las pensiones y unas maltrechas sanidad y educación públicas encontramos mejores destinos para el dinero público. Sin embargo, también se podría invertir en cambiar el posicionamiento de España en el mundo en materia de paz y seguridad, y potenciar nuestro rol como promotores de procesos de paz y desarme, la diplomacia preventiva y la cooperación al desarrollo. Otra seguridad es posible y necesaria.

Jordi Calvo Rufanges, coordinador del Centro Delàs de Estudios por la Paz.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *