Investigación con embriones: la ética de lo razonable

Por Manuel Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante y miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida (EL PAÍS, 06/03/03):

¿Se debe investigar con embriones para fines terapéuticos o de otro tipo? ¿Es o no en algún caso aceptable la clonación terapéutica o la reproductiva? Se trata, sin duda, de cuestiones polémicas sobre las que la gente parece tener hondas diferencias que, sin embargo, no impiden que se pueda llegar a acuerdos prácticos con sorprendente facilidad. Es más, yo diría que hoy existe un consenso básico sobre estos temas, que descansa en la idea de que el embrión humano es un bien que merece protección desde el momento de la fecundación, pero no tiene el mismo valor en las distintas fases de su desarrollo, sino que ese valor se va incrementando a medida que se producen ciertos cambios biológicos como la implantación estable en el útero, la aparición de la cresta primitiva, la formación de los órganos… La existencia de esas diferencias de valor permite, a su vez, efectuar ponderaciones y establecer puntos de acuerdo como los siguientes:

1. Es lícito el uso de las técnicas de reproducción humana asistida aunque lleven a la producción de embriones sobrantes.

2. Es preferible usar los preembriones sobrantes para fines de investigación, antes que destruirlos.

3. Es preferible investigar con preembriones sobrantes, antes que crearlos expresamente para ese propósito.

4. La creación de embriones para investigación sólo está justificada si no es posible realizar esas investigaciones con preembriones sobrantes, ni tampoco en el modelo animal, y es razonable pensar que esas investigaciones tendrán efectos curativos apreciables sobre enfermedades graves.

5. La investigación con embriones, en todo caso, debe realizarse en los 14 primeros días de desarrollo del cigoto.

6. La clonación terapéutica para obtener células troncales debe estar sometida a controles estrictos.

7. La clonación con fines reproductivos, al menos por el momento, debe estar prohibida.

La existencia de ese consenso puede verse como un ajuste, más o menos complejo, entre diversos valores, a los que suele denominarse “principios de la bioética” y que, en realidad, vienen a ser una aplicación, a este campo de la experiencia humana, de los principios generales de la ética o, si se quiere, de una ética racionalista. Hay además una dimensión “subjetiva” del consenso que se refiere a la actitud de los que lo hacen posible. Algunos o muchos de los participantes han tenido que hacer concesiones con respecto a lo que serían sus convicciones más profundas. Habrían preferido otro tipo de acuerdo, pero, dadas las circunstancias, consideran que ése es razonable.

En realidad, el único problema que subsiste es que ese consenso (de ahí que no sea completamente general) contradice frontalmente la doctrina de varias organizaciones religiosas de enorme influencia social; en particular, la de la Iglesia católica, que, al partir de que el óvulo fecundado es una persona moral en el mismo sentido en que lo es un ser humano adulto, considera que cualquier uso que se haga de los embriones es un atentado contra la dignidad humana y no acepta, por tanto, los juicios de preferencia antes señalados. La pregunta a hacerse podría, pues, reducirse a esto: ¿Significa esa interpretación de los principios de la bioética adoptar una actitud irrazonable?; y, si es así, ¿por qué?

En mi opinión, hay sobre todo dos argumentos que llevan a calificar de “irrazonable” la postura de la Iglesia en esta materia. El uno tiene que ver con las consecuencias inaceptables que se derivan de ahí: renunciar a la fecundación in vitro (que supone producir embriones sobrantes) y, como consecuencia, negar a muchos individuos el derecho a ser padres; considerar la destrucción de los embriones sobrantes como un “mal menor” con respecto a su utilización para fines de investigación, y, quizás sobre todo, negar a los enfermos de Alzheimer, Parkinson o diabetes el derecho a obtener (a la esperanza fundada de obtener) una curación de sus enfermedades.

El segundo argumento viene a ser el siguiente. Hay una noción de razonabilidad que, de alguna manera, está presente en nuestras prácticas argumentativas, y según la cual, las razones que mutuamente nos damos en el discurso público tienen que poder ser comprendidas y, eventualmente, aceptadas por todos los otros, es decir, por cualquiera que participe en el debate como ciudadano libre e igual a los demás. Pero esto no ocurre en relación con las de la Iglesia católica, cuya comprensión y aceptación exigen un acto de fe que, por definición, deja fuera a los no creyentes. Dicho de otra forma, no son razones que puedan ser universalizadas en el contexto de nuestras sociedades pluralistas.

Lo que aquí se está calificando como irrazonable no es asumir una actitud religiosa, sino la doctrina de la Iglesia católica: una doctrina, por cierto, que comienza con Pío IX, un papa que se distinguió por ser un enemigo acerbo de derechos humanos básicos y que sostuvo muchas tesis que hoy serían rechazadas por casi todos los católicos, y una doctrina de la que se separan otros credos de la misma tradición religiosa, como el judaísmo o el anglicanismo. Cabría incluso decir que lo único irrazonable consiste en no ver ninguna diferencia, a efectos del juicio moral, entre (pongamos) una persona adulta que ha desarrollado con mayor o menor éxito cierto proyecto de vida y el preembrión humano en la fase de blastocisto: una bola de tamaño inferior a una cabeza de alfiler que, con una alta probabilidad, no llegará a implantarse establemente en el útero para dar lugar a un ser humano, y (al carecer de todo vestigio de sistema nervioso) sin ninguna capacidad de sentir.

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