Por Jaime Lissavetzky, portavoz del PSOE de Ciencia y Tecnología (EL PAIS, 16/02/04):
El informe Main Science and Technology Indicators, recientemente publicado por la OCDE, resalta que España es el primer país europeo en porcentaje de los presupuestos públicos de I+D dedicados a la defensa y el último en porcentaje de gastos del PIB en investigación básica. No es mi objetivo analizar en este artículo la conveniencia o no de los programas militares, ni sus efectos en la industria de este país. Ése es otro debate. Reclamo un modelo para la política de I+D, que no enmascare los datos reales, que se base en fortalecer el sistema público, teniendo como eje fundamental una política de recursos humanos y en facilitar el trasvase del conocimiento generado en el mismo al sector privado, promoviendo, por tanto, la innovación en las empresas y su transformación en beneficios sociales y económicos.
Ocho años es tiempo suficiente para valorar la actuación del Gobierno de la derecha en el sistema de ciencia y tecnología. El modelo que el PP ha aplicado ha sido un modelo fallido. Desde que gobierna, ha cambiado la estructura del gasto presupuestario, basando su crecimiento en el incremento del denominado Capítulo VIII (anticipos o créditos reembolsables). Estos gastos, que en su casi totalidad son préstamos a empresas, suponían el 5,4% en 1996 y han pasado a ser el 51,6% de los presupuestos públicos dedicados a investigación (función 54) en 2004. Es decir, uno de cada dos euros invertidos se destinan al sector privado. Además, muchos de estos créditos, más del 70% del total, han ido destinados a la fabricación de armamento, la supuesta I+D militar, que en la mayoría de los casos no es ni I ni D. ¿O alguien piensa que en la construcción de las Fragatas F 100 se han destinado más del 85% a la I y la D, como ha manifestado el Gobierno en sede parlamentaria?
Supongo que el objetivo de este modelo era estimular la inversión del sector privado en el sistema de I+D, pero el resultado ha sido desastroso. Analicemos algunos datos que confirman el escaso impacto de esta política:
a) La evolución del gasto en innovación tecnológica sobre el PIB ha descendido del 1,67% en 2000 al 1,59% en 2002, último dato conocido, publicado en diciembre de 2003 por el INE. Es decir, menos gasto en innovación.
b) El impacto de los créditos a las empresas. En 2002 se les concedieron 2.000 millones de euros, a los que habría que sumar otras cantidades en forma de subvención, hasta llegar a más de 2.500 millones. Pues bien, el gasto de I+D de ese año, declarado por el sector privado al INE, fue de 3.926 millones de euros. Es decir, cada euro del presupuesto público entregado a las empresas para I+D no produjo ni siquiera un euro más de inversión privada.
c) El efecto de los gastos militares de I+D sobre las inversiones empresariales. Los últimos datos de la OCDE arrojan un resultado desolador: mientras que 37,3% de los Presupuestos Generales del Estado destinados a I+D tenían como finalidad la defensa, el porcentaje total del gasto español en I+D destinado a estos fines (contabilizando la inversión privada) fue del 4,1%. Es decir, el Gobierno destina más de un tercio de su presupuesto a estos menesteres, mientras el conjunto del sistema emplea la vigesimoquinta parte. ¡Qué poder de arrastre! La razón es que las empresas, al cumplimentar los cuestionarios del INE, no pueden contabilizar como gastos de I+D la fabricación del armamento que luego venden al Ministerio de Defensa. Ésta es otra prueba palmaria de que la mayor parte de estos gastos no son ni I ni D.
Algo falla en el sistema. Es necesario trabajar a medio y largo plazo. No es razonable responsabilizar sólo a las empresas, como hace el Gobierno. Hay que apoyarlas adecuadamente. Es imprescindible una reforma del sistema: un incremento continuado de la financiación para las universidades y los OPIS, más eficiencia en la gestión (sin comentarios sobre la situación vivida), mayor flexibilidad de funcionamiento de los centros como el CSIC, mejor coordinación y distribución de responsabilidades con las comunidades autónomas, fomentar realmente la cultura de la innovación en las empresas a través de medidas fiscales y financieras asequibles de verdad y sin la burocracia que las asfixia, muy especialmente a las pequeñas y medianas. En definitiva, un modelo de política científica y tecnológica distinto del modelo fallido del PP.
No es razonable que en estos años hayamos conseguido ser los primeros en Europa en porcentaje de los presupuestos públicos de I+D dedicados a la defensa (37,3% en 2001 en España, frente al 30,5% del Reino Unido, que siempre había sido el leader europeo, y a una media de la UE del 15,2%). O que, en ese mismo informe, aparezca que nuestro país es el último (de los países estudiados) en porcentaje de gastos del PIB en investigación básica (0,15%). No es razonable la precarización de nuestro sistema, en el que el 25% de los investigadores son becarios, no está definida una carrera científica o no existe una política de recursos humanos adecuada (el último año se crearon 60 plazas de personal investigador en el CSIC, cuando hay casi 800 doctores contratados y la edad de ingreso en ese organismo es la mayor de la historia: 37,5 años).
Es la hora del compromiso con la ciencia por parte de todos; pero con un modelo bien definido y distinto del actual y, en ningún caso la investigación "básica" debe ser la militar.