Son tiempos de crisis económica. Las administraciones buscan cualquier fórmula para reducir costes. Y se fijan en sus empleados. Reducen su número, se recortan sueldos, parece que de forma bastante indiscriminada. Quizá sería el momento de que pensáramos en cómo pagamos a nuestros empleados y, entre ellos, a aquellos que se dedican a la investigación.
Nuestra tradición administrativa debe mucho al modelo napoleónico, aquel en el que al empleado público se le elige por sus méritos en función de algún tipo de concurso público y el Estado le garantiza un sueldo vitalicio. Este sistema intentaba asegurar que aquellos de quienes depende el funcionamiento del Estado estuvieran bien cualificados y no sufrieran el capricho cambiante de los gobernantes.
Un ejemplo pueden ser los jueces. Según este modelo, es necesario que sean personas que no deban temer si cambia el Gobierno, porque sus decisiones tienen que ser independientes y solo basadas en la ley. Otra cuestión es lo que deben cobrar los funcionarios. La tradición inglesa, y siguiendo el ejemplo de los jueces, era que los magistrados de alto nivel fueran los funcionarios mejor pagados de la Administración. Y además había pocos. De esta manera se aseguraba que estuvieran muy concentrados en su trabajo y no tuvieran que preocuparse de nada más que de hacer su trabajo con la máxima dedicación.
Todo esto está lejos de la imagen castiza del funcionario que pasa unas oposiciones de base memorística y que lleva una vida basada en un sueldo miserable. Cuando esto ocurre, el estímulo para un trabajo eficiente desaparece: «Total, por lo que me pagan». La otra característica de la remuneración de los funcionarios es que el sueldo vitalicio se defiende en todos los casos aun cuando la función para la que está empleado desaparezca. Este sueldo para toda la vida se ve como un privilegio, de tal manera que, cuando el paro sube, se pueden bajar los sueldos de los funcionarios como una medida de solidaridad.
En términos generales, los sueldos y las condiciones de trabajo permiten atraer a los profesionales del más alto nivel posible. Nos quejamos a veces de la calidad de nuestros gobernantes. Si no pagamos bien a los que gobiernan no atraeremos a los mejores o quizá solo a aquellos que ven en el cargo una manera de sacar alguna ventaja personal o económica. También nos interesa que profesionales como los médicos estén muy bien pagados, porque en temas de salud queremos a los mejores. Y también nos interesa que tengan las mejores condiciones de trabajo. Todo esto está muy lejos del estereotipo tradicional de la función pública. En este entorno, los investigadores científicos han sido asimilados en general a los profesores universitarios. De hecho, en la mayoría de los países la investigación se hace prioritariamente en las universidades.
En la concepción del Estado decimonónico europeo los profesores han sido considerados parte de la función pública como todo empleado del Estado. Incluso la limpieza de los locales o la seguridad, que ahora se subcontratan, eran para funcionarios. Pero la función pública ha ido reduciendo su ámbito y nos podemos preguntar por qué se mantiene como funcionarios a los universitarios o los investigadores.
En el caso de la función docente o investigadora se podría argumentar, por un lado, que su independencia necesita las garantías que da la función pública, pero el Estado democrático tiene otras maneras de garantizarla. Y frente a una estabilidad rígida, una flexibilidad contractual puede abrir muchas posibilidades de que sean interesantes durante la carrera profesional. Por otro lado, también nos interesa atraer a la ciencia y a la universidad a los mejores profesionales posibles. No tiene sentido una ciencia basada en la mediocridad y queremos que los jóvenes que llegan al más alto nivel de formación encuentren maestros del pensar del más alto nivel posible. Ha habido progresos en esta dirección, como la aparición de complementos de productividad en los sueldos de profesores e investigadores, pero la concepción de estas profesiones sigue basada en el funcionariado.
Los investigadores ya saben que en su trabajo difícilmente se harán millonarios. No lo eligen por esta razón. En general, un joven se siente atraído por la investigación por la aventura intelectual que representa. Esto no quiere decir que el dinero no cuente, pero las condiciones de trabajo y la conciencia de que alguien le dará la oportunidad de competir para ir a más si hace bien el trabajo pueden ser más importantes que el sueldo.
Todo ello está reñido con la concepción clásica de la función pública. En nuestro país el sistema ICREA es un buen ensayo para uno de los estadios finales de la carrera científica, pero en su conjunto no tenemos un buen modelo de cómo escogemos, contratamos y pagamos a nuestros profesionales de la ciencia. Si los tiempos de abundancia no han servido para hacer las reformas necesarias, los tiempos de estrecheces nos obligan a ello.
Pere Puigdomènech, director del Centro de Investigación Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB).