Vivimos una época en la que están saliendo a la luz pública maniobras económicas de nuestros representantes políticos que indignan -aunque nunca lo suficiente- a la ciudadanía. No se trata de algo nuevo, aunque sí es bastante novedoso que se descubran tales hechos y que se investiguen, juzguen y condenen.
Sea como fuere, esta entrada del proceso penal en la alta política ha vuelto a poner sobre el tablero una vieja cuestión que va reapareciendo cada cierto tiempo pero que nunca se acaba de resolver: cómo denominamos al sujeto que puede llegar a ser juzgado. El listado de términos en el vocabulario popular y técnico-jurídico es muy extenso. Se oye hablar del «sospechoso», del «presunto» responsable, del «delincuente», del «imputado», del «procesado», del «acusado» y más modernamente del «investigado» y «encausado». Otras veces se habla directamente del «violador», del «terrorista» o del «narcotraficante». Antiguamente se le había denominado de una forma muy simple y, como veremos después, en realidad muy poco polémica: reo.
Lo que subyace en todo lo anterior es simplemente una dificultad para calificar aquello que, en el fondo, se desprecia socialmente. A pesar de ser un derecho fundamental reconocido expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución, la sociedad ignora la presunción de inocencia. En realidad, existe un profundo prejuicio social de culpabilidad que, de hecho, estuvo presente desde muy antiguo, y que precisamente la presunción de inocencia viene a combatir de manera explícita desde época romana. Fue Ulpiano quien a principios del siglo III dijo por primera vez que «es preferible que se deje impune el delito de un culpable antes que condenar a un inocente», frase que posteriormente se ha repetido en diversas versiones, siendo la más popular y enfática la de que es preferible absolver a diez -o más- culpables que condenar a un inocente.
El sentido de la frase resulta claro, e igual de obvio es que la sociedad no respeta en absoluto esa idea. Todos creemos rumores, infundados la enorme mayoría. Tendemos a sospechar y a dar credibilidad a acusaciones acerca de las que no tenemos ni la más mínima información fiable. Esta tendencia crece cuando no sentimos simpatía por la persona acusada, lo que sucede con mucha facilidad en función del rechazo moral que nos produce el delito cometido, o con cualquier famoso en razón de la proximidad que nos despierte, o incluso con cualquier persona de nuestro entorno, si el hecho es -o más bien fue- vergonzante socialmente, como puede ser una infidelidad o una conducta que no debiera suscitar, en puridad, el menor interés al pertenecer a la vida privada de cada persona y estar, por tanto, protegida por otro derecho fundamental que tantas veces se deja también de lado: el derecho a la intimidad.
Está claro el nombre no hace la cosa, y que aunque pueda tener cierta razón de ser jurídica -no tanta como se afirma- distinguir entre sospechoso, investigado, imputado, encausado, acusado, etcétera, lo que falla es la falta de respeto por la presunción de inocencia. No tiene auténtico sentido ir cambiando la denominación del reo a lo largo de todo el proceso penal. Es más, es muy contraproducente, porque de esa forma parece que va aumentando el grado de sospecha sobre él conforme avanza la investigación o el proceso, lo que es radicalmente incompatible con la presunción de inocencia, que debe mantenerse por completo, sin matices, hasta que recae una sentencia condenatoria.
Es por ello por lo que desde hace algún tiempo he optado por rescatar el término 'reo' y renunciar al resto de expresiones. Es una palabra breve y que todo el mundo entiende. Su raíz etimológica viene del latín res, es decir, cosa o causa, significando literalmente la persona que está relacionada con la causa, esto es, el proceso. Lo mismo que procesado o encausado, curiosamente. Por ese carácter absolutamente neutro de la expresión, durante siglos y hasta hace no tanto se utilizó también en el proceso civil para designar al demandado. Pero finalmente se dejó de usar en ambos procesos, no porque la palabra fuera infamante, que desde luego no lo es etimológicamente hablando, sino porque la ciudadanía no superó, ni ha superado aún, el prejuicio social de culpabilidad, sea cual fuere la palabra que se utilice.
Ojalá algún día se interiorice en las mentes de todos la presunción de inocencia. Ganaremos mucho en términos de convivencia y de calidad de nuestra sociedad. Y nos dejará de sonar mal la palabra reo y cualquier otra que se invente en el futuro, porque por fin sabremos, aunque nos indigne a veces, que todos somos inocentes hasta que somos condenados.
Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona y analista de Agenda Pública.