Investigar el 11-M, por sentido común

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (EL PERIODICO, 18/05/04).

Resultaba difícilmente comprensible que, tras un atentado terrorista de la magnitud del 11-M, se discutiera acerca de la conveniencia de constituir o no una comisión parlamentaria de investigación sobre el mismo. Si no se constituye una comisión para investigar el mayor atentado terrorista que se ha producido no sólo en España, sino en toda Europa, ¿cuándo estará justificado que se constituya una?

Afortunadamente se ha impuesto el sentido común y la discusión quedó zanjada al aceptar el PP y el PSOE que se constituya una comisión de investigación, que hasta ese momento únicamente habían solicitado de manera expresa IU y ERC. No cabe duda, pues, de que se va a investigar parlamentariamente el 11-M y que, a través de dicha investigación, se va a intentar establecer la verdad sobre el mismo. La verdad que puede ser establecida por una comisión de naturaleza política y que, justamente por eso, sólo podrá ser una verdad política.

ESTA VERDAD política es la que exige la sociedad española, porque es la única que puede responder a las preocupaciones que el 11-M ha generado en la ciudadanía. Nadie en España está preocupado por la verdad judicial. No creo que nadie tenga la más mínima duda de que la verdad judicial se establecerá con absoluta credibilidad y que la sentencia que en su día condene a los autores del atentado será una sentencia justa dictada tras un proceso con todas las garantías constitucionalmente establecidas.

Ocurre, sin embargo, que esa verdad judicial dejará sin responder la mayor parte de los interrogantes que el 11-M suscita, que son de naturaleza política y que, precisamente por eso, no pueden tener una respuesta judicial. Nadie está preocupado en España por la adecuación de la respuesta judicial al 11-M. Casi todo el mundo está preocupado por la adecuación de la respuesta política al mismo. Y es así porque el 11-M no pertenece al pasado. Si fuera un asunto del pasado, con la respuesta judicial podría ser suficiente. Pero no es así.

El 11-M ocurrió en el pasado, pero es un asunto de presente y de futuro. No fue el punto de llegada, sino el punto de partida de una amenaza terrorista con la que tenemos que seguir enfrentándonos. Así lo evidencia el último Barómetro del CIS, en el que el terrorismo figura, con mucha diferencia, como la primera preocupación de los ciudadanos españoles como consecuencia del 11-M. A esta preocupación, la verdad judicial que puedan establecer los tribunales no le da ninguna respuesta. La respuesta únicamente puede ser política y por eso únicamente puede ser dada por una investigación parlamentaria.

¿A qué extremos debe extenderse la verdad política que pueda establecerse parlamentariamente? A diferencia de lo que ocurre con la investigación judicial, que tiene que circunscribirse a las conductas constitutivas de delito, la investigación parlamentaria puede extenderse más o menos, según se decida en el momento de su constitución. En este sentido hay dos propuestas encima de la mesa: la del PP, que pretende que la investigación se limite a lo que ocurrió entre el 11-M y el 14-M, y la de los demás, que entienden que la investigación debe extenderse a todas las circunstancias que rodearon el 11-M, tanto las anteriores como las inmediatamente posteriores.

EN REALIDAD son dos investigaciones distintas que, en la medida de lo posible, se deberían hacer por separado. Una cosa es investigar el grado de preparación que tenía a sociedad española para enfrentarse al terrorismo internacional y otra muy distinta investigar qué hizo el Gobierno desde las 7.45 horas del 11-M hasta el momento de apertura de los colegios electorales el 14-M. Hay una frontera entre ambas investigaciones, lo que quiere decir que hay contacto, pero, sobre todo, separación.

La primera investigación es de naturaleza similar a la que se está llevando a cabo en Estados Unidos respecto del 11-S. Se trata de saber por qué pasó lo que pasó para intentar evitar que vuelva a pasar. La segunda investigación es completamente distinta. Se trata de saber si el Gobierno intentó extraer o no rendimiento electoral del 11-M, transmitiendo información no veraz u ocultando aquella que tenía; es decir, si el Gobierno intentó viciar o no el proceso de formación de la voluntad general.

La investigación sobre el grado de preparación pasado y presente de la sociedad española para enfrentarse a esta nueva amenaza terrorista no debería verse interferida por la investigación sobre la gestión del 11-M por el Gobierno en el momento final de la campaña electoral. No creo que se gane nada con la investigación conjunta. Más bien lo contrario.