‘Invierno oriental’ tras la ‘primavera árabe’

Durante los primeros 10 años del siglo XXI, Occidente -sobre todo Estados Unidos y Europa- ha estado más preocupado por sus propios problemas y por mantener a toda costa su capacidad de influir en la toma de decisiones internacionales que por lo que ha pasado en el resto del mundo. Mientras mirábamos con recelo el ascenso de las potencias emergentes, llegó la crisis económica y la de la deuda, se complicó la guerra en Afganistán, hubo que salir de Irak y estallaron las protestas en Oriente Próximo y el norte de África. Con ello se desvaneció cualquier esperanza de que los líderes mundiales se fijaran en otras partes del mundo. Con cada vez menos recursos a su disposición, ahora el principal desafío de la comunidad internacional es encontrar la mejor forma de distribuir sus esfuerzos estratégicos.

Sin duda, la primavera árabe ha servido para corregir muchos de los errores del pasado. Varios aspectos de la respuesta a las revueltas árabes parecen indicar que hay un fuerte compromiso hacia el cambio y la modernización en la región. La Unión Europea ha prometido invertir más recursos en la zona, facilitar un mayor acceso a los mercados europeos y una mayor movilidad laboral, prestar ayuda técnica en los procesos de transición, recompensar el cambio hacia la reforma democrática y fomentar el diálogo inclusivo. Ciertamente, el factor sorpresa de las protestas populares a lo largo de Oriente Próximo y el norte de África fue suficiente para explotar la burbuja introspectiva de Occidente.

No hace falta ir muy lejos para apreciar la complejidad de la tarea pendiente. Los esfuerzos militares en Libia -aunque solo después de que muchos murieran a manos del régimen de Gadafi- han demostrado un verdadero compromiso hacia el sur del Mediterráneo. Ahora que la contienda parece llegar a su fin, es más necesario que nunca seguir apoyando el proceso de transición política y ayudar al Consejo Nacional de Transición a construir instituciones democráticas y a preparar al país para la celebración de elecciones libres. En Egipto, la junta militar ha fijado elecciones parlamentarias para el próximo 28 de noviembre. Pero no por ello la transición está más cerca del éxito. La brecha entre el Gobierno de transición y el pueblo de la revolución ha ido en aumento y algunas medidas adoptadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, como la negativa a derogar la Ley de Emergencia como había prometido tras la caída de Mubarak, no son dignas de un país que camina hacia la democracia. Mientras tanto, Túnez se prepara para crear una Asamblea Constituyente en unos comicios previstos para el 23 de octubre. Este es un paso clave para el país, que aspira a convertirse en la primera democracia del mundo árabe.

Ahora queda por ver hasta qué punto se cumplirán las promesas y si la región se convertirá en una prioridad geoestratégica real. Hasta el momento, los Estados europeos no han destinado una cantidad significativa de fondos adicionales para apoyar la primavera árabe, el acceso a los mercados europeos y las ventajas comerciales todavía no se han convertido en realidad y siguen las restricciones en materia de inmigración.

Pero las consecuencias de esa desatención son aún peores en algunos Estados al este de Europa, que jamás han sido considerados como una prioridad económica o de política exterior. Esto se ha hecho patente en la reciente cumbre de la Asociación Oriental, celebrada en Varsovia entre la Unión Europea y seis repúblicas exsoviéticas -Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania-, donde los grandes líderes europeos, a excepción de la canciller alemana Angela Merkel, brillaron por su ausencia.

La cumbre se ha centrado, sobre todo, en Bielorrusia y Ucrania, países que parecen alejarse cada vez más de la democracia. Por fin, los dirigentes europeos han abogado por la liberación inmediata de todos los presos políticos y la apertura de un diálogo con la oposición en Bielorrusia, y dicen estar profundamente preocupados por la represión de la sociedad civil y de los medios, el deterioro de los derechos humanos, la persecución de activistas, y el retroceso de la democracia y del Estado de derecho en el país. Pero el daño ya estaba hecho. Bielorrusia ni siquiera se presentó a las reuniones, en respuesta a la decisión europea de no invitar al presidente, Alexander Lukashenko, quien tiene prohibido entrar en Europa debido a las políticas autoritarias del régimen.

Mientras que de momento no hay presión para que el líder bielorruso deje el poder, Europa ha ofrecido ayuda financiera -9.000 millones de dólares- a cambio de la liberalización de presos políticos y la celebración de elecciones justas, según estándares occidentales. El dinero estaría disponible en forma de préstamos desde dos bancos europeos -el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo- y a través del FMI. La oferta de la Unión llega en buen momento, en medio de una grave crisis económica en el país, pero por ahora Lukashenko no ha mostrado el más mínimo interés.

En diciembre del año pasado los Veintisiete ya habían ofrecido ayuda para la reforma -3.000 millones de dólares-, pero el presidente Lukashenko siguió adelante con las represiones políticas. Se dice que el último préstamo del FMI para estabilizar la moneda bielorrusa fue a parar a manos de oficiales del régimen. Esta vez no puede haber concesiones.

Mientras tanto, Ucrania ha estado negociando un acuerdo de asociación con la Unión Europea que incluye un acuerdo de libre comercio, lo que aumentaría las inversiones en ese país y afianzaría las relaciones comerciales. Asimismo, se espera que, dado el tamaño y la posición estratégica de Ucrania -entre Europa y Rusia-, sirva de incentivo para movilizar la reforma en otros países vecinos.

Pero el retroceso democrático en Ucrania podría frenar las perspectivas de avanzar en ese sentido. Lo más flagrante es el juicio contra la líder de la oposición y ex primera ministra Yulia Timoshenko, acusada de ilegalidades con relación al acuerdo de gas firmado en 2009 con Rusia.

Víktor Yanukóvich asumió la presidencia en marzo de 2010, tras derrotar a Timoshenko en las elecciones presidenciales. Desde el principio de su mandato, Ucrania ha seguido una línea muy distinta a la que tenía bajo su predecesor, Víktor Yúshenko. La política exterior actual es mucho más proactiva y, por lo menos al principio, parecía más inclinada hacia Rusia. Pero los intereses de Moscú y Kiev no siempre coinciden, especialmente en lo que a gas se refiere. Además, Yanukóvich ha dejado claro que prefiere concluir el acuerdo de libre comercio con Europa antes que unirse a la Unión Aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán, y el país sigue cooperando militarmente con la OTAN.

Pero en casa presenta una tendencia cada vez menos democrática y más autoritaria. La presión sobre los medios de comunicación independientes y la sociedad civil es cada vez mayor, el servicio secreto ucranio se parece cada vez más al KGB y existen dudas sobre si las elecciones previstas para el año que viene servirán para algo.

En Europa Central, las perspectivas de adhesión a los Veintisiete han servido de incentivo y han dado impulso a la reforma política, económica y en materia de derechos humanos. Pero en Ucrania y Bielorrusia, la democracia y el Estado de derecho se han deteriorado hasta el punto de que es inviable, ni siquiera, pensar en hablar sobre una futura adhesión. Con Bielorrusia siempre ha sido impensable. Ahora muchos países, sobre todo Alemania, rechazan incluso cualquier consideración favorable sobre la adhesión de Ucrania. La Unión Europea parece preferir al país como tapón frente a Rusia, en vez de como socio.

Está claro que, dada la grave crisis económica, Europa y Estados Unidos prefieren centrar sus esfuerzos en las potencias emergentes u otros países cuyos mercados puedan aportar salidas a la recesión. Pero no podemos caer en la misma trampa. Si no somos capaces de darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, la primavera árabe podría fácilmente llevarnos a un invierno oriental.

Por Richard Youngs, director general de FRIDE.

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