Irán, el último verdugo de menores

Por Delia Padrón, presidenta de Amnistía Internacional España (LA VANGUARDIA, 19/07/07):

En el 2006, poco después de cumplir 18 años, Sina Paymard fue conducido a la horca para ser ejecutado. Cuando ya tenía la soga alrededor del cuello, le preguntaron cuál era su última voluntad. Respondió que le gustaría tocar el ney, una flauta típica de Oriente Medio. La música conmovió tanto a los familiares de la persona asesinada que se encontraban presentes que aceptaron el pago punitivo de la diyat (dinero de sangre) en lugar de la muerte, como permite la legislación iraní.

Irán es uno de los mayores ejecutores del mundo, y se encuentra además en la vergonzosa situación de ser el último país que mata a personas que han cometido delitos siendo menores de 18 años. Tiene el macabro honor de haber ejecutado desde 1990 a 24 – de las cuales once eran menores de edad-, más que cualquier otro país. Otras muchas se encuentran condenadas a muerte, pero las autoridades siguen negando estas ejecuciones. Esta práctica casi ha desaparecido en el resto del mundo. Gobiernos de todas las regiones han ratificado los tratados internacionales que prohíben estas ejecuciones y han introducido reformas en sus legislaciones nacionales para hacer efectiva dicha prohibición. Los últimos países en sumarse han sido Yemen, China, Pakistán y EE. UU.

Aunque escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán – más de 170 en el 2007-, es preocupante la indiferencia del Gobierno iraní hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional en relación con la aplicación de la pena de muerte a menores y a la protección de la infancia. Se cree que algunos miembros del Gobierno y del poder judicial están a favor al menos de reducir, si no de abolir, la pena de muerte en estos casos, pero los progresos son muy lentos.

Afortunadamente, ha surgido en el país un movimiento contra esta práctica inhumana formado por gente diversa. Las autoridades han hostigado a muchos de estos activistas, pero el trabajo realizado tanto dentro como fuera de Irán ha tenido un impacto decisivo y puede seguir teniéndolo.

El caso de Leyla Mafi es un ejemplo. Fue detenida durante el registro de un burdel cuando tenía 17 años, tras una vida de prostitución forzada, abusos y violaciones desde los ocho años. Fue condenada a muerte en el 2004 por “actos contra la castidad”. En un proceso injusto, tampoco se tuvo en cuenta que tenía la edad mental de una niña de ocho años, según los asistentes sociales. Activistas de dentro y fuera de Irán se movilizaron por su caso, y una campaña de Amnistía Internacional encontró eco en los medios internacionales. A consecuencia de la presión, las autoridades iraníes anunciaron que se revisaría su causa. El 27 de marzo del 2005, el tribunal revocó la condena de muerte.

Una vez más, la acción coordinada y sostenida de gente corriente ha sido capaz de hacer que las cosas cambien. Y el Gobierno iraní debe saber que los activistas de derechos humanos vamos a redoblar la presión hasta conseguir la abolición total de la pena de muerte en la legislación de Irán.