Por Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores (ABC, 28/02/03):
Desde hace varias semanas venimos asistiendo a un aluvión de informaciones y opiniones personales o colectivas, que teniendo como telón de fondo la situación de Iraq, están derivando, en muchas ocasiones, a otras zonas de análisis con evidente riesgo de penumbra y desorientación de la opinión pública.
Por mi viejo interés por las cuestiones internacionales y europeas, debo confesar un hondo sentimiento de preocupación por lo que viene sucediendo, y por la actitud adoptada por algunos líderes políticos.
Una cuestión que preocupa desde hace más de una década a la comunidad internacional es la de las plenas garantías del desarme de Iraq, verdadero presupuesto de la paz y el cumplimiento de la legalidad internacional. El sistema de Naciones Unidas se ha dirigido con reiteración y creciente firmeza al régimen dictatorial iraquí conminándole a poner fin a sus amenazas belicistas, demandar garantías suficientes y verificables de desarme y con ello de aceptación de la legalidad internacional. En lugar de dejarnos llevar por el torbellino reductor de los eslóganes, creo que sería aconsejable la lectura de algunas de las Resoluciones aprobadas hasta ahora por todos los países en el seno de Naciones Unidas y, en particular, del Consejo de Seguridad, sobre Iraq: en junio de 1996, en octubre de 1997, en noviembre de 1997, en marzo de 1998, en septiembre de 1998 y en el momento actual, la ya célebre 1441, sobre la que no objetándose ni su planteamiento ni su redacción, ni sus objetivos, representa el punto de partida para la búsqueda de un definitivo consenso en el Consejo de Seguridad en cuanto a sus modalidades, o tiempo de ejecución.
Los Gobiernos de los países que, como España, forman parte del Consejo de Seguridad, tienen la obligación de abordar no un debate abstracto y plebiscitario sobre la guerra y la paz, sobre el que ya se pronunciaron unánime y tajantemente en el año 1945, con la creación de las Naciones Unidas, sino de afrontar las modalidades de aplicación de un texto adoptado unánimemente que asegure el desarme iraquí. Y de apreciar el verdadero papel que corresponde a las Naciones Unidas en el cumplimiento -el enforcement de sus Resoluciones-, la salvaguarda, custodia y mantenimiento de la paz.
Permítanme transcribir tan sólo algunos de los términos de la Resolución 1441 aprobada por todos los miembros del Consejo de Seguridad hace tan sólo tres meses y plenamente vigente en la actualidad, por entender que su lectura -demasiado ignorada estas semanas- puede ser ilustrativa para algunos:
«Reconociendo la amenaza que el incumplimiento por Iraq de las Resoluciones del Consejo y la proliferación de armas de destrucción en masa y misiles de gran alcance plantean para la paz y la seguridad internacionales,...»
En esta nueva y peligrosa ceremonia de la confusión cabe lamentar determinadas afirmaciones como las relativas a la división de Europa, la quiebra de las relaciones transatlánticas, o a la postura «seguidista» de los Gobiernos español y británico respecto de los Estados Unidos. O ya no digamos la pretensión de catalogar a los ciudadanos entre los partidarios de la guerra y los valedores de la paz. Nunca las simplificaciones han llegado a ser más engañosas ni dañinas para el cuerpo social. Qué diferente podría ser la posición de la opinión pública sobre una misma cuestión si en lugar de preguntarnos si estamos o no de acuerdo con la paz, ¿quién no lo está?, formulásemos la cuestión diciendo, ¿está usted de acuerdo con el desarme de Iraq y el cumplimiento de la legalidad internacional?
Es cierto que las instituciones comunitarias y, en particular sus cabezas más visibles, el Presidente del Consejo, el de la Comisión y el Alto Representante de la Política Exterior, aparecen desdibujadas, subordinadas y oscurecidas por el protagonismo de los Estados más activos en esta crisis. Es cierto también que una vez más se ha puesto de manifiesto las insuficiencias de la Unión en materia de Política Exterior y de Seguridad Común y la urgencia de afirmar definitivamente, a ser posible en el marco de la Convención Europea, una auténtica política exterior comunitaria que dote de voz e instrumentos propios a la acción exterior europea. Pero que nadie se engañe. La Europa no de 15, sino de 25, respalda sin vacilación un Acuerdo que endosa en lo fundamental el espíritu y contenido de la Resolución 1441, y la afirmación e importancia de su vocación transatlántica. Y lo ha hecho en presencia y tras escuchar en la propia reunión de su Consejo Europeo a un invitado muy especial: el Secretario General de las Naciones Unidas. Y recuerdo en concreto, un párrafo del texto aprobado en la declaración final de la reciente cumbre de la Unión Europea en el que ha puesto especial énfasis el Presidente Aznar, de dinamizar el proceso de paz en Oriente Próximo, hacer realidad la creación de un Estado palestino y salvaguardando al mismo tiempo la seguridad de Israel.
Y desde luego no es España quien rompe o divide el consenso europeo o quien se inhibe en la búsqueda de un acuerdo internacional. El Gobierno español viene procurando en condiciones extraordinariamente adversas aportar argumentos para un nuevo consenso en el seno del Consejo de Seguridad, ya que si bien existen diferencias tácticas entre algunos países, es también cierto que no existe discrepancia alguna en el Consejo de Seguridad en cuanto al análisis interno sobre la actitud de Saddam Husseim y su régimen y el objetivo firme de desarmar a Iraq. Al final es una cuestión de tiempo lo que marca sustancialmente las diferencias en especial entre los miembros de la Unión Europea.
Tratar de convencer a los demás no es alineamiento, sino voluntad de consenso. Consenso para encontrar puntos de encuentro entre Gobiernos ante una grave crisis internacional. Un Gobierno democrático está obligado también a explicar a las restantes fuerzas políticas y a la opinión en general sus decisiones, pero no cambiarlas arbitrariamente en función del viento que sople o por razones de coyuntura interna o electoral. Esa es la servidumbre y responsabilidad del gobernante.
En el ámbito político hemos sido testigos en España de decisiones muy impopulares a las que debieron hacer frente distintos Gobiernos y que el tiempo ha mostrado, finalmente, su valor para nuestra convivencia y seguridad democrática. En mayo de 1980 no éramos muchos en el escenario político los que defendíamos la necesidad de nuestra entrada en la OTAN, que luego llevaría a cabo el Gobierno del Presidente Calvo Sotelo. Vivimos también el difícil encauzamiento que hubo de abordar el Presidente González con aquel «OTAN de entrada no». Y asistimos más tarde al apoyo determinante que ofreció el Gobierno socialista en la crisis del despliegue de los misiles Pershing 2 y Cruiser, que tanto contribuyó no sólo al fortalecimiento de la amistad hispano-alemana, sino a acelerar la caída del muro de Berlín.
La Política Exterior no se puede plantear auscultando previamente a la opinión para hacer «seguidismo» sociológico y buscar el aplauso fácil, sino con estrategias que miren a medio plazo, basadas en principios que acrediten permanencia en los planteamientos y solvencia en las actuaciones, y sobre todo que miren mucho más allá de las inmediatas expectativas electorales. La aplicación de este método no disminuye en modo alguno el prestigio de un Gobierno en la comunidad internacional, ni daña la definición de una política exterior que debe ser conforme siempre a los dictados de la legalidad internacional, en defensa del interés de la nación en el marco de la seguridad y el respeto internacional.