Irlanda del Norte: aprendiendo a ser demócratas

No hay nada que el IRA pueda lograr ahora que no hubiese podido conseguir en los últimos veinticinco años». Con estas palabras, pronunciadas poco antes de la aprobación del Acuerdo de Viernes Santo en 1998, Merlyn Rees, ministro británico para Irlanda del Norte entre marzo de 1974 y septiembre de 1976, resumía el fracaso de la violencia perpetrada por el grupo terrorista dirigido durante décadas por Gerry Adams, también presidente de Sinn Fein. Esta formación acepta ahora un acuerdo político que le permitirá compartir el Gobierno de Irlanda del Norte junto al Partido Unionista del reverendo Ian Paisley, el DUP (Democratic Unionist Party). No es ésta una fórmula novedosa, pues ya en 1973 se intentó poner en funcionamiento una Asamblea autonómica que en unos pocos meses fracasaría como resultado del terrorismo del IRA y de la oposición violenta de unionistas contrarios a dicha iniciativa y que fueron liderados por el propio Paisley. Así pues, quienes en ese momento rechazaron poner en marcha una limitada autonomía, similar a la que acaba de inaugurarse, aceptan ahora unas estructuras de gobierno cuyas características invitan necesariamente a moderar las exultantes valoraciones con las que muchos medios de comunicación y políticos se han referido a este momento histórico.

No debe ser de otro modo cuando se recuerda que cerca de cuatro mil personas fueron asesinadas porque organizaciones terroristas como el IRA y quienes les respondieron desde el bando unionista se negaron a admitir mecanismos democráticos parecidos a éstos a los que Adams y Paisley finalmente han dado su respaldo. En realidad la devolución propuesta en aquel entonces resultaba más ambiciosa al contemplar amplios poderes ejecutivos en ciertas materias hoy eludidas. El decepcionante balance que emerge al compararse los resultados obtenidos -una limitada autonomía bajo completa jurisdicción del Reino Unido- con los medios empleados y los costes derivados de los mismos -el asesinato de miles de seres humanos- no puede ser ignorado. Tampoco puede obviarse el limitado alcance de las competencias que administrará la nueva Asamblea norirlandesa, sometida en todo momento a la soberanía británica. Educación, salud, agricultura, comercio e industria, medio ambiente, desarrollo regional, transporte, agua, arte, ocio y cultura son las áreas sobre las que esta institución podrá legislar, aunque siempre sujeta al condicionante de la aprobación real, manteniéndose fuera del alcance de la misma las cuestiones relacionadas con policía y seguridad, prisiones, justicia, relaciones internacionales, inmigración, recaudación de impuestos y telecomunicaciones, entre otras. Si bien en el futuro algunos de los aspectos relacionados con la gestión de la policía y la justicia pasarán a ser responsabilidad de los políticos norirlandeses, todavía debe determinarse cómo se procederá exactamente en este sentido.

Como han confirmado diversas consultas sociológicas, hasta muy recientemente el propio electorado norirlandés se mostraba escéptico ante la posibilidad de restablecer una asamblea autonómica, asumiendo en un elevado porcentaje que el mantenimiento de un sistema de gobierno centralizado y dirigido desde Londres satisfacía sus intereses, habida cuenta de la considerable disminución de la violencia que se ha apreciado en los últimos años. La presión ejercida por el Gobierno británico, amenazando con la suspensión definitiva de la Asamblea y la consecuente interrupción de los salarios de los encargados de administrar la autonomía norirlandesa, ha sido un factor importante al influir sobre unos dirigentes políticos que a partir de ahora deberán aprender a gobernar asumiendo que las frustraciones políticas propias de cualquier democracia no pueden ir acompañadas de amenazas violentas.

Las primeras tensiones ya se vislumbran al haber exigido unionistas y nacionalistas un aumento del presupuesto disponible para la Asamblea, así como la desaparición del ministro británico para Irlanda del Norte, figura política que al referido Rees, que ocupó este cargo en la década de los setenta, le merecía la siguiente opinión: «Los poderes otorgados al ministro para Irlanda del Norte le hacen a él y a sus sucesores extremadamente poderosos, un cruce entre un monarca, un gobernador colonial y un comandante en jefe (del ejército)».

Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos.