El clima que envuelve el segundo referendo sobre el Tratado de Lisboa, que se votará hoy en la verde república, parece salido del reparto de una comedia irlandesa clásica, hecha de ingenio, chismorreo, sátira, peleas domésticas y orgullo familiar. Los europeos miran ansiosos a los irlandeses, y los irlandeses ven la televisión con una pinta de Guinness al alcance de la mano, pendientes de las reformas económicas que se avecinan y que bucearán más, si cabe, en sus esquilmados bolsillos.
El futuro del taoiseach (primer ministro), Brian Cowen, y de su Gobierno de coalición pende de tres delgados hilos: el referendo de hoy, una reforma legal para controlar los activos tóxicos de los bancos y los austeros presupuestos que debe aprobar el Parlamento en diciembre, con nuevos impuestos y recortes en el gasto público para afrontar la profunda crisis fiscal. Si fracasa en alguno de estos puntos de la agenda, la confianza internacional en la recuperación de Irlanda sufrirá un serio revés, y el país se verá forzado a ir a unas elecciones legislativas que, con toda probabilidad, perdería el Fianna Fail, partido que lidera Cowen. Desde que Irlanda consiguió zafarse de la tutela británica, en 1921, el actual Gobierno marcha en cabeza de la impopularidad. La economía se encuentra sumida en una profunda recesión y el desempleo alcanza ya el 12%. El Fondo Monetario Internacional estima que, para finales del 2010, el producto interior bruto caerá un 13,5%, uno de los peores desplomes en un país de los que forman parte del club de las economías ricas.
Los observadores coinciden en que, de los tres objetivos mencionados, la aprobación del referendo debería ser el más fácil de conseguir, pese al rechazo que obtuvo el año pasado. La campaña del Fianna Fail We’re stronger with Europe (Somos más fuertes con Europa), o Yes, for Ireland’s future (Sí, por el futuro de Irlanda) no ha calado tanto entre los jóvenes y su partido abstencionista (los llamados «ateos del voto»), al que todavía se le atribuye un 20% junto con los pacifistas y los ultraconservadores, ni en las comunidades pesqueras, que ven cómo su industria adelgaza desde que las potentes flotas española y portuguesa ingresaron en la Unión Europea.
Con todo, parece que la campaña afirmativa está ganando posibilistas. El Gobierno irlandés y los principales partidos de la oposición han formado un frente común y, según los últimos sondeos, la consulta será aprobada por más del 45% del censo de electores. El cambio en el estado de ánimo de los votantes se atribuye a las garantías jurídicas exigidas por Dublín a sus socios europeos en el sentido de que la firma del tratado no alterará las leyes irlandesas que prohíben el aborto y tampoco interferirá en su neutralidad militar o en su sistema fiscal.
También cuenta con el compromiso de nombrar a su comisario en Bruselas, lo mismo que los restantes estados miembros, un protocolo especialmente importante para los países pequeños.
No solo políticos, también existen compromisos privados con el tratado, como los de Ryanair, la compañía aérea de bajo coste, que ha gastado medio millón de euros en la promoción del voto afirmativo. A su vez, Intel, el grupo electrónico estadounidense, ha aportado otros 200.000 euros a favor del yes. En sus motivaciones está que un nuevo fracaso en la consulta podría enfriar el ánimo inversor y agravar la crisis.
¿Qué ocurrirá si los augurios optimistas naufragan y el tratado es rechazado? Un imaginario de escalofrío que nadie se quiere plantear, puesto que los 27 países miembros de la Unión Europea no cuentan con un plan alternativo. La UE se quedaría con el Tratado de Niza como instrumento básico y con tremendas dificultades de gestión, lo que probablemente abocaría a una nueva crisis política como la provocada por el rechazo de la Constitución Europea. El no irlandés bloquearía futuras ampliaciones de la UE, además de echar por tierra la reputación del país como uno de los más entusiastas del club europeo y también uno de sus mayores beneficiarios. El no irlandés llevaría, con toda probabilidad, a la conclusión de que abrir una nueva ronda de conversaciones constitucionales conduciría a peores resultados que los anteriores. Sobre todo, una UE sin el espíritu de Lisboa acarrearía a los ojos del mundo entero el estigma del fracaso y la pérdida para Europa de su credibilidad global, lo que dejaría las manos libres a Estados Unidos y China para tomar decisiones sin contar con ella.
Además, los valores y principios que siempre han emanado de la comunidad europea se volverían opacos, y sus objetivos, imprecisos. La Carta de Derechos Fundamentales quedaría reducida a un simple código de conducta, y la UE no estaría capacitada para firmar la histórica Convención de Derechos Humanos.
Provocar o evitar este cúmulo de desgracias está en las manos, y en la intención de voto, de poco más de tres millones de irlandeses. Muchos de ellos no han leído el texto del tratado sobre el que deberán decidir hoy, pero el caso es, sin echarle mayor carga dramática, que este parque natural de Europa que es Irlanda se asemeja, hoy por hoy, a una mina a la deriva para la política europea. Como decía Pat Cox, ex presidente del Parlamento Europeo, «ha llegado la hora de la indecisión irrevocable».
Roger Jiménez, periodista.